Juan Jesús González Zúñiga

Expediente 161/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 29 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
161/2018
Año
2018
Actuaciones
29
Última actuación
09/11/2018

Partes del expediente

  • Juan Jesús González Zúñiga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la resolución que se dictó el diecinueve de octubre del año en curso, emitida por este juzgado de distrito; asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: PRIMERO. Se declara que ha causado ejecutoria la resolución que se dictó el diecinueve de octubre del año en curso, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo 161/2018-2, promovido por Juan Jesús González Zúñiga, contra los actos que reclamó del Director del Centro de Ejecución de Sanciones, con sede en esta ciudad y otras autoridades. No obsta a lo anterior, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios 18247/2018, 18248/2018 y 18249/2018, dirigidos a las autoridades responsables foráneas Encargado Del Despacho del Departamento de Seguridad y Operación Penitenciaria, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y Director De Área De La Dirección General De Asuntos Jurídicos De La Policía Federal, en representación del Titular de la División de Seguridad Regional, ambos con sede en la Ciudad De México, de los cuales se advierta que fueron notificadas de la sentencia dictada en el presente asunto; puesto que al haberse sobreseído en el presente juicio de garantías, solamente a la parte quejosa es a quien pudo afectar dicho fallo y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así las autoridades responsables, como lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial pronunciada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 84, tomo XX, noviembre de 1994, Octava Época, publicada en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 209890, cuyo rubro y texto establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." SEGUNDO. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. TERCERO. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. CUARTO. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese.(2)

  2. Principal

    El siete de noviembre de dos mil dieciocho, la secretaria da cuenta al juez con dos sobres devueltos por la oficina de correos de esta ciudad. Conste.Nuevo Laredo, Tamaulipas, siete de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: ténganse por recibida la primer pieza postal devuelta, que contiene el oficio 16941/2018, dirigido a la autoridad responsable Director de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación del Titular de la División de Seguridad Regional, con sede en la Ciudad de México; en cuyo reverso obra una leyenda que dice "REHUSADA LA AUTORIDAD, ES INEXISTENTE EN EL DOMICILIO QUE CITA. EL"; en consecuencia, a fin de no producir mayor dilación en la remisión de dicho oficio, reexpídase dicha misiva y envíese al mismo domicilio, lo anterior es así, toda vez que de autos se advierte que en ese domicilio fue señalado por la autoridad en mención para efecto de oír y recibir notificaciones, como se observa en la foja 554 de los presentes autos. Ahora bien, por lo que hace a la segunda pieza postal de cuenta, la cual contiene el diverso oficio 18247/2018, dirigido a la autoridad responsable Jefe de Seguridad de los Centros de Readaptación Social, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas; en cuyo reverso obra la leyenda que dice "NO EXISTE AUTORIDAD"; en consecuencia, a fin de no producir mayor dilación en la remisión de dicho oficio, reexpídase dicha misiva y envíese a la autoridad correcta, esto es: Encargado del Despacho del Departamento de Seguridad y Operación Penitenciaria, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Notifíquese.(2)

  3. Principal

    VISTOS; los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 161/2018-2, promovido por Juan Jesús González Zúñiga, por propio derecho; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo Por escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho ante el Secretario de guardia de este juzgado de distrito, Juan Jesús González Zúñiga, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- . 1.- EL C. DIRECTOR DEL CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES. 2.- AL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 3.- EL DIRECTOR DE READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 4.- EL SUBSECRETARIO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 5.- EL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 6.- El Consejo de Implementación de Mecanismos y Procedimientos en Materia de Traslados de Personas Privadas de su Libertad en los Establecimientos Penitenciarios de la Entidad. 7.- EL COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. 8.- TITULAR DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL, A TRAVÉS DEL DIRECTOR DE ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA POLICÍA FEDERAL. IV. ACTO RECLAMADO 1.- El posible ILEGAL TRASLADO físico de JUAN JESÚS GONZÁLEZ ZÚÑIGA hacia otro penal de los existentes fuera de esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas tal y como lo detallo en párrafos posteriores. 2.- Los actos prohibidos del artículo 22 de Nuestra Constitución Política Mexicana. 3.- Los actos enumerados en los artículos 15 y 161 de la Ley de Amparo." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo En auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se registró la demanda con el número 161/2018-2, se admitió a trámite, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; al advertirse que el acto reclamado consistía medularmente en la orden de traslado emitida por autoridad administrativa y sin la intervención de la autoridad judicial, se concedió la suspensión de plano por tratarse de un acto de los previstos en los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe respecto a la suspensión de plano concedida, así como su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 37 a 41), el quejoso amplió su demanda de garantías, respecto de las autoridades responsables siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA 1.- LA SUB SECRETARÍA DE READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, MARITZA QUINTANILLA DE LA GARZA [.] 2.- EL JEFE DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, VLADIMIR ALONSO LÓPEZ GUERRERO." De quienes reclamó de la misma manera, la orden de traslado, los actos prohibidos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los actos enumerados en los artículos 15 y 161 de la Ley de Amparo (fojas 37 a 41). Por auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 44 a 48), se admitió la ampliación de mérito y se solicitaron los respectivos informes justificados a las referidas autoridades responsables. En razón de ocho de mayo de dos mil dieciocho (foja 52), la actuaria de la adscripción hizo constar que al constituirse en el Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad a notificar al quejoso el auto de esa misma data, fue informada por el Subdirector de ese centro penitenciario, que Juan Jesús González Zúñiga, siendo aproximadamente las catorce horas con cuarenta minutos de esa data, fue trasladado, sin saber el centro de ejecución al cual se le recluyó. Lo anterior motivó que en auto de nueve de mayo de la anualidad en curso (fojas 76 a 79) se determinara que las autoridades responsables inobservaron la suspensión de plano concedida al quejoso, por lo que de inmediato se solicitó el cumplimiento de dicha suspensión y posteriormente, en el diverso de once de los citados mes y año (foja 189), se ordenó a la responsable Subsecretaria de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que de inmediato, dejara sin efecto el oficio SSP/SSESRS/008355/2018 de ocho de mayo del actual, por el cual autorizó y ordenó el traslado del quejoso del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al Centro de Ejecución de Sanciones en Altamira, Tamaulipas, debiendo reingresar al impetrante al primero de los mencionados centros de reclusión. Lo que aconteció el quince de mayo de dos mil dieciocho, como se advierte del oficio CEDESNUEVOLAREDO/SDJ/1072/2018 signado por el Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad (foja 269). En proveído de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se invocó como hecho notorio que la Subsecretaria de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, con sede en Ciudad Victoria, sustituyó en sus funciones al extinto Consejo de Implementación de Mecanismos y Procedimientos en Materia de Traslados de Personas Privadas de su Libertad de los Establecimientos Penitenciarios de la Entidad, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por lo que le fue solicitado su informe en relación con la suspensión de plano y justificado respecto de los actos reclamados por el impetrante (fojas 429 a 432). Finalmente, previos diferimientos de la audiencia constitucional, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior en virtud de que las consecuencias de los actos reclamados tendrán ejecución en esta ciudad, en la que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia P./J. 40/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, materia común, página 32, Novena Época, registro 192097 y en la diversa tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", también del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, materia común, página 255, Novena Época, registro 181810. En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial, se concluye que el quejoso Juan Jesús González Zúñiga reclama: La orden de traslado del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, a cualquier otro centro de reclusión dentro del país y su ejecución. Los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Los actos enumerados en los artículos 15 y 161 de la Ley de Amparo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del Tomo 76, del mes de Abril de 1994, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Inexistencia de los actos reclamados consistentes en los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 y 161 de la Ley de Amparo No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo (foja 25) y Presidente del Comité Técnico del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo (foja 27), ambos con sede en esta ciudad; Encargado del despacho de la Dirección de Readaptación y Reinserción Social (foja 273), con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas; Subdirectora de Área adscrita a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en representación de la autoridad responsable Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México (foja 410); Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Tamaulipas (foja 427); encargada del despacho de la Dirección de Seguridad y Operación Penitenciaria, en representación del Jefe de Seguridad de los Centros de Readaptación Social del Estado de Tamaulipas (foja 463); Subsecretaria de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social por sí y en sustitución del extinto Consejo de Implementación de Mecanismos y Procedimientos en Materia de Traslado de Personas Privadas de su Libertad de los Establecimientos Penitenciarios de la Entidad, residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas (foja 464); y Director de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación de la responsable Titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (foja 554), con sede en la ciudad de México, -todos en sus correctas denominaciones- negaron la existencia de los actos reclamados, que se hicieron consistir en los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, 15 y 161 de la Ley de Amparo. Negativas que se corroboran con la razón actuarial de cuatro de mayo de dos mil dieciocho (foja 16), de la que se advierte que el actuario de la adscripción hizo constar que el quejoso no presenta huella física de haber sido maltratado corporalmente. Además, lo anterior se robustece con la razón actuarial de diez de mayo de dos mil dieciocho (foja 150), realizada por la actuaria adscrita al Juzgado Décimo de Tercero de Distrito den el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, quien en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional notificó al aquí quejoso el auto de nueve de mayo de esta anualidad y dio fe de la integridad física y de las condiciones en que se encontraba el impetrante en ese momento, asentando: "que en este acto que me muestra su cara, manos, brazo, torax, espalda, piernas, doy fe de que no presenta lesiones físicas aparentes". Por su parte, el quejoso le manifestó: "no haber recibido amenazas o intimidaciones por parte de autoridad alguna, siendo todo lo que manifiesta." Asimismo, por lo que respecta al acto de incomunicación, la negativa de las autoridades responsables se corrobora en el hecho de que la demanda de amparo fue signada por el propio quejoso Juan Jesús González Zúñiga y fue presentada ante este Juzgado de Distrito por el autorizado del impetrante, lo que implica que el mismo no se encontraba incomunicado en la fecha de la presentación de la demanda -cuatro de mayo de dos mil dieciocho-. Por tanto, resulta claro y evidente que las responsables no cometieron en contra del impetrante de garantías, algún acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni de los enumerados en los artículos 15 y 161 de la Ley de Amparo. Lo que además se corrobora con lo expuesto por el Encargado de la Dirección del Centro de Ejecución de Sanciones Altamira, en su oficio CEDESALT/SUBJUR/0648/2018 de diez de mayo de dos mil dieciocho, por el que informó que esa autoridad quedó enterada de la suspensión de plano concedida al quejoso Juan Jesús González Zúñiga, y de inmediato tomó las medidas necesarias para evitar cualquier acto de los mencionados en el artículo 22 Constitucional en perjuicio del impetrante, ubicándolo en el módulo C.O.C. (centro de observación y clasificación), celda 08, nivel 01, ala "B", siendo este un módulo que se encuentra separado de la demás población penitenciaria sentenciada, la cual garantiza salvaguardar la seguridad e integridad física y emocional del quejoso (foja 361). Posteriormente, el Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad, mediante oficio CEDESNUEVOLAREDO/SDJ/1071/2018 de quince de mayo de dos mil dieciocho, informó el reingreso del quejoso al referido centro penitenciario, adjuntando dictamen médico del mismo (fojas 265 y 267). Información que se corroboró con la diligencia del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho (foja 334), efectuada por la actuaria de la adscripción, en la que se advierte que el impetrante manifestó lo siguiente: "no ha sido maltratado, ni golpeado, que al contrario el traslado fue tranquilo, que les dieron agua y comida; que recibe copia simple del acuerdo y firma al calce de la presente razón para debida constancia; asimismo, la suscrita hago constar que el quejoso no presenta ninguna lesión visible, apreciable a través de los sentidos." De ahí que, como se dijo, no se acredite que las responsables cometieron en contra del quejoso, alguno de los actos previstos por el artículo 22 Constitucional, ni los enumerados en los diversos 15 y 161 de la Ley de Amparo. Inexistencia de los actos reclamados consistentes en la orden de traslado y su ejecución. Las autoridades responsables encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo (foja 25) y Presidente del Comité Técnico del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo (foja 27), ambos con sede en esta ciudad; Encargado del despacho de la Dirección de Readaptación y Reinserción Social (foja 273), con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas; Subdirectora de Área adscrita a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en representación de la autoridad responsable Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México (foja 410); Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Tamaulipas (foja 427); encargada del despacho de la Dirección de Seguridad y Operación Penitenciaria, en representación del Jefe de Seguridad de los Centros de Readaptación Social del Estado de Tamaulipas (foja 463); y Director de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación de la responsable Titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (foja 554), con sede en la ciudad de México, -todos en sus correctas denominaciones- negaron la existencia de los actos reclamados, que se hicieron consistir en la orden de traslado del quejoso del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad, a cualquier otro centro de reclusión dentro del país, y la ejecución de ese mandato; sin que el impetrante haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar dichas negativas; razón por la cual, los actos que se les atribuyen se tienen por inexistentes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial publicada con el número 284, consultable en la página doscientos treinta y seis, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Ello es así, dado que la demostración del acto reclamado es una cuestión de hechos que debe acreditarse con las pruebas adecuadas e idóneas; de ahí que, cuando las autoridades responsables niegan categóricamente el acto que se les imputa, en tal supuesto, el juez de distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata y, luego, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; por tanto, es evidente que corresponde a la parte quejosa la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables, y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Es aplicable la jurisprudencia 308, consultable en la página 77, agosto de 1994, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Inexistencia de la orden de traslado reclamada a la Subsecretaria de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social por sí y en sustitución del extinto Consejo de Implementación de Mecanismos y Procedimientos en Materia de Traslado de Personas Privadas de su Libertad de los Establecimientos Penitenciarios de la Entidad, residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Asimismo, debe tenerse como inexistente el acto de traslado reclamado a la autoridad responsable Subsecretaria de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, en su nombre, en representación de la extinta responsable Consejo de Implementación de Mecanismos y Procedimientos en Materia de Traslados de Personas Privadas de su Libertad de los Establecimientos Penitenciarios de la Entidad, y como Sub Secretaría de Readaptación y Reinserción Social del Estado de Tamaulipas, consistente en la orden de traslado del quejoso, del centro penitenciario de esta ciudad al Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas, pues aun cuando la referida responsable aceptó la certeza del mismo, de las constancias que remitió anexas a su informe con justificación se advierte que es inexistente, por lo que tal circunstancia provoca sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Las consideraciones anteriores encuentran apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la aludida Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 79, Julio de 1994, materia común, página 15, Octava Época, registro 206346, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Lo que además se corrobora con las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de las que destaca el oficio SSP/SSESRS/008354/2018 de ocho de mayo de dos mil dieciocho (foja 110), en el que la autoridad responsable Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social en el Estado de Tamaulipas, ordenó al encargado de la Dirección de Seguridad y Operación Penitenciaria, el traslado, entre otros, del aquí quejoso Juan Jesús González Zúñiga, del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, al diverso con residencia en Altamira, en el Estado de Tamaulipas. Por tanto, si la mencionada autoridad responsable emitió la orden de traslado el ocho de mayo de dos mil dieciocho, es inconcuso que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -cuatro de mayo de esta anualidad- la orden de traslado y su ejecución reclamados en esta sede constitucional eran inexistentes. Ante tales consideraciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados por el quejoso, que hizo consistir en la orden de traslado y su ejecución, así como los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 161 de la Ley de Amparo. Atento al sentido del presente fallo, no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación. Respalda lo anterior, la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, séptima época, materia común, tomo VI, parte SCJN, página trescientos treinta y cinco, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". CUARTO. Precisión jurisprudencial No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. QUINTO. Publicación de sentencia En otro orden, dado que aun cuando por auto admisorio dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece los artículos 66, 67, fracción II, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. Atento a lo anterior, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68, del ordenamiento legal antes invocado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción IV, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 161/2018-2, promovido por Juan Jesús González Zúñiga, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de este fallo, por los motivos precisados en ese mismo considerando. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 161/2018-2, se advierte que se encuentran señaladas las doce horas de esta fecha para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente asunto (foja 537). Asimismo, que se encuentra transcurriendo el término que concede el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe con justificación rendido por el Director de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación del Titular de la División de Seguridad Regional, con sede en la Ciudad de México (foja 554), a fin de que manifiesten lo que su interés legal convenga. Por lo tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia programada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con treinta y dos minutos del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, para su verificativo. Notifíquese. (2)

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