Juan Jesús De Esesarte Nava
Expediente 26/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/02/2021
Partes del expediente
- Juan Jesús De Esesarte Nava
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo, de los Magistrados que integran el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por el que en atención al requerimiento de veintiocho de enero del año en curso, remite copia certificada de la reinstalación de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, asimismo, de la resolución interlocutoria del incidente de competencia de cinco de febrero de dos mil veintiuno, así como, de las constancias de notificación de dicha resolución a las partes todo ello derivado del procedimiento laboral de origen *********, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, con el oficio y demás constancias que obran en autos, para que se impongan de su contenido y en su caso manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito; apercibiéndolas que de omitir hacer manifestación alguna dentro del plazo de tres días, se resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las mismas.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en atención a su contenido, como lo solicita la superioridad una vez que se emita la sentencia correspondiente en este juicio de amparo hágasele de su conocimiento remitiéndole copia certificada de la misma. En ese aspecto, se informa al Tribunal Colegiado oficiante que en proveído de doce de enero de dos mil veintiuno, se señalaron las diez horas veinticinco minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar en el juicio de amparo directo DT-********** de su estadística.
- Principal
I. Creación del expediente. Con la demanda de amparo a que se refiere la razón de cuenta que antecede, que promueve Juan ****, por propio derecho, contra actos atribuidos al Ayuntamiento de Puebla y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y regístrese bajo el número ****/2021-I. II. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis integral de la demanda, se tiene que el quejoso reclamó, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- De la autoridad responsable ordenadora se reclama: I.- EI condonación del pago predial de los años 2019 y 2020 lI.- Como consecuencia de lo anterior se reclama la condonación de impuesto del pago predial del cual tengo derecho por ser trabajador de base dentro del Ayuntamiento del municipio de Puebla. B), De la AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA, se reclama: I.- La evasivas y falta de fundamentación de parte de la Delegación Jurídica de lo Contencioso de la Sindicatura al no dar respuesta favorable al quejoso siendo que tengo derecho tal y como lo establece EL ARTICULO 94 DE LAS CONDICIONES GENERAL DEL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA" De los antecedentes y primer concepto de violación de la demanda se advierte; "3.- Fue por el día 11 de septiembre del año en curso fue que presenté mi recurso de inconformidad tal y como lo manifiesta la ley establece EL ARTICULO 94 DE LAS CONDICIONES GENERAL DEL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, presentando pruebas e incluso presente la condonación de años anteriores y dando contestación que era improcedente el día 25 de septiembre, por tal motivo presente mi RECURSO DE REVISIÓN con el número de expediente ****/2020 del cual ha sido desde el principio este número de expediente de lo que he presentado. 4.-El día 24 de Noviembre del año en curso me notifican que es improcedente EL RECURSO DE REVISIÓN dentro del Expediente ****/2020 sin fundamentar ni expresar de forma correcta para que el suscrito entendiera dejando en obscuridad a mi entendimiento. (.) .aunado a lo anterior, la resolución que se combate, por tanto no está apegada a derecho." De lo anterior se colige que, de análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama la resolución de respecto al acto que reclama la parte quejosa, lo es la resolución del recurso de revisión notificada el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, respecto de la cual se considera que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que se deseche de plano. El mencionado numeral, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". De conformidad con el precepto legal en cita, para que la demanda de amparo se torne improcedente, se deben reunir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; en el caso, por autoridades administrativas; b) Dicho acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal; c) Que a través de dicho medio de defensa legal, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; d) La norma que regula el recurso, juicio o medio de defensa legal, permita suspender los efectos del acto reclamado; e) Para la procedencia de la suspensión, el mencionado recurso, juicio o medio de defensa legal, no exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido; y, f) Por último, que no exista excepción al principio de definitividad. En el caso, como se dijo anteriormente, el quejoso reclamó en la demanda de amparo, la falta de condonación del pago predial de los años 2019 y 2020 a la que refiere tiene derecho por ser trabajador de base dentro del Ayuntamiento del municipio de Puebla; así como la evasivas y falta de fundamentación de parte de la Delegación Jurídica de lo Contencioso de la Sindicatura al no darle respuesta favorable, puesto que sostiene tiene derecho tal y como lo establece el artículo 94 de las Condiciones General del trabajo del Ayuntamiento de Puebla. Luego de los antecedentes narrados en la demanda, se desprenden los siguientes: 1. El cinco de marzo de dos mil cinco, entró a trabajar al Ayuntamiento de Puebla. 2. En junio de dos mil trece, se celebró un convenio con el sindicato único de empleados y trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, instituciones paramunicipales y organismos públicos descentralizados licenciado Benito Juárez García, para la condonación del pago de impuesto predial; refiere que desde esa fecha se le ha condonado el pago y hasta el año dos mil dieciocho, cuando dejaron de dar ese beneficio. 3. El diez de enero de dos mil veinte, llegó su boleta predial diciendo que debe dos años. 4. El once de septiembre de dos mil veinte, presentó recurso de inconformidad, el cual fue declarado improcedente el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, motivo por el cual, presentó recurso de revisión el cual se radicó con el número de expediente ****/2020. 5. El veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, le notificaron que es improcedente el recurso de revisión. Luego, de los anexos que acompañó a la demanda de amparo se advierte que mediante resoluciones de siete de octubre y diecisiete de noviembre ambas de dos mil veinte, la autoridad responsable Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura Municipal de Puebla, desechó de plano por improcedente los recursos administrativos de revisión interpuestos por el quejoso con motivo de la cancelación de la citada condonación. En ese orden, se puede concluir que la demanda de amparo es improcedente, al acreditarse el requisito señalado en el inciso a), debido a que los actos reclamados fueron emitidos por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; esto es, por el Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura Municipal de Puebla. El requisito indicado en el inciso b), también se cumple, ya que debe ser revisado de oficio, conforme a las leyes que los rijan, a través del juicio, recurso o medio de defensa legal; pues contra dicho acto procede el procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, según lo dispone su artículo 4, Apartado A, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Dicho numeral dispone: "Artículo 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de: A. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: IX. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla." En ese sentido, es evidente que también el requisito señalado en el inciso c), se acredita, pues como se precisó anteriormente, a través del procedimiento contencioso administrativo del que conoce el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Luego, en cuanto al inciso d), consistente en que la norma que regula el recurso, juicio o medio de defensa legal, permita suspender los efectos del acto reclamado; también se colma, habida cuenta que en el Título Segundo, Capítulo VIII denominado de las medidas cautelares, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, se tiene que en su artículo 50, párrafo segundo, en relación con el 55, se prevé la suspensión de la ejecución de los actos reclamados. Por consiguiente, el inciso e), en que se precisó que para la procedencia de la suspensión, el mencionado recurso, juicio o medio de defensa legal, no exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido; es evidente que se cumple; para corroborar esta consideración, es necesario realizar un comparativo: Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla Ley de Amparo Inicio de vigencia El dieciocho de enero de dos mil dieciocho. El tres de abril de dos mil trece. Plazo para promover la suspensión provisional Veinticuatro horas, según el artículo 55, fracción III, inciso c. Veinticuatro horas, de acuerdo al artículo 112. Requisitos: -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público, según artículo 55, fracción I. -Que la solicite el quejoso. -Que con su otorgamiento no se afecte al interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 128). Plazo otorgado a las autoridades responsables para rendir informe 48 horas (artículo 55, fracción III, inciso d). 48 horas, según el artículo 138, fracción III. Cuándo se puede solicitar: Desde el escrito inicial o en cualquier momento antes de la sentencia definitiva (artículo 55, fracción III, inciso a)). En cualquier momento mientras no se dicte ejecutoria (artículo 130). De ello, se puede advertir que el artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, prevé en esencia los mismos requisitos que la Ley de Amparo para la procedencia y otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados; incluso, es de contenido similar al numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por último, el inciso f), se colma, debido a que, en el caso, no existe excepción al principio de definitividad. Es así, debido a que el directo quejoso no es extraño al procedimiento de donde derivan los actos reclamados, al ser quien presentó el recurso administrativo de revisión. Tampoco se puede considerar que la resolución reclamada sea de imposible reparación, pues en este supuesto, no opera la excepción al principio de definitividad, ya que ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Esto es, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Entonces, no basta que el acto reclamado sea de imposible reparación, pues existe la obligación del quejoso en agotar el medio ordinario de defensa, en el caso, el procedimiento contencioso administrativo, que resulta ser el eficaz para modificar o revocar los actos impugnados. En otro aspecto, en el caso, no se alegaron exclusivamente violaciones directas a la Constitución, para la procedencia de la demanda de amparo. En efecto, si bien puede promoverse en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; empero, esa situación sólo acontece cuando se plantean exclusivamente ese tipo de violaciones, no así cuando el estudio de constitucionalidad del acto reclamado, depende del análisis previo de su aspecto de legalidad. En ese sentido, si el estudio de constitucionalidad del acto reclamado depende del análisis previo de su aspecto de legalidad, evidentemente no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque entonces sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de sus derechos reconocidos en la Carta Magna, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo el quejoso puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución o acto impugnado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, es sólo determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria al resolver el recurso o juicio, y en forma mediata competerá al Juez de Distrito. Sin que se pase por alto, que la autoridad ordinaria no pueda analizar la constitucionalidad del acto controvertido, porque al fallarse el recurso ordinario, si estimara fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto controvertido quedaría sin efecto y resultaría por tanto innecesario que se estudiara su aspecto de constitucionalidad. Sostener un criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución Federal, para hacer procedente la acción constitucional. Además, tampoco el recurso o medio de defensa para combatir los actos reclamados, se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; sino que, como se indicó anteriormente, el procedimiento contencioso administrativo que el quejoso tiene a su alcance para combatir los actos reclamados, se encuentra previsto en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Aún más, en el caso a estudio, la parte quejosa no impugnó la emisión y aplicación de normas generales, que hagan procedente la demanda de amparo. Además, cabe la posibilidad de que el gobernado ocurra al procedimiento contencioso administrativo para impugnar normas de carácter general, diversas a los reglamentos, cuando se impugna en unión de su primer acto de aplicación; de modo que, dicho Tribunal Contencioso tiene competencia para conocer sobre la legalidad de ese tipo de normas -inferiores a los reglamentos-, ajustándose a las reglas de impugnación establecidas en el numeral que se transcribió. Entonces, como se dijo con antelación, es procedente la demanda de amparo, sin agotar previamente los recursos ordinarios de defensa, sólo cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución; siempre que el estudio de constitucionalidad del acto reclamado, dependa del análisis previo de su aspecto de legalidad; lo cual en la especie no ocurre. Luego, el quejoso reclama la resolución del recurso de revisión que promovió contra la diversa que negó la condonación del pago predial de los años 2018 y 2019 a la que dice tener derecho por ser trabajador de base dentro del Ayuntamiento del municipio de Puebla, de parte de la Delegación Jurídica de lo Contencioso de la Sindicatura; aspectos que puede controvertir ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, en términos del artículo 107, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Ello es así, dado que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, al estudiar los actos reclamados, con base en los argumentos planteados por el quejoso, en caso de ser fundados, se determinará la ilegalidad de dicha resolución administrativa, lo cual permite concluir, que dicho aspecto sí puede ser analizado por el referido Tribunal. En consecuencia, al no reclamar el quejoso sólo violaciones directas a la Constitución, sino aspectos que se traducen en la ausencia de fundamentación y motivación de la resolución controvertida (legalidad del acto), es que deviene improcedente el presente sumario constitucional. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, por lo que resulta improcedente la demanda de amparo indirecto origen de este juicio, ante lo cual, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 61, fracción XX, de la misma legislación, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expeditez que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podría dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto; aunado a que desde el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en que entró el vigor la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, el Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad, tiene competencia para conocer de los actos reclamados analizados en la demanda, lo cual redunda en el acceso a la justicia a que tiene derecho el peticionario del amparo. III. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo; por autorizado en únicamente para oír y recibir notificaciones a ****, pues como se advierte de la certificación de no cuenta con registro de cédula profesional ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. IV. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. V. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al Secretario que integre la presente en el expediente electrónico. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: Copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. VI. Protección de datos personales. En último lugar, conforme a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; indíquese a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad.
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