Juan Jesus Anzurez Garcia
Expediente 1064/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1064/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juan Jesus Anzurez Garcia
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda signado por Juan Jesús Anzures García, por propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, mediante el cual solicita el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos que reclama del Magistrado de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Fórmese el cuadernillo de amparo correspondiente y regístrese el expediente con el número que corresponda. Desechamiento. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13°A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que, de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: La parte quejosa en lo conducente señala como acto reclamado el auto dictado el siete de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo TJA/5ªSERA/004/18-JDN, por el cual se le hace efectivo un apercibimiento de multa por sesenta unidades de medida y actualización, dictado por la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por lo anterior, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el ordinal 105 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que es del contenido siguiente: El referido artículo de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". La disposición transcrita, establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, el amparo será improcedente o inoperante el concepto de violación. Este principio, aunque tiene varias excepciones, es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos, de modo que para acudir a él, es necesario promover en la vía ordinaria conducente, los recursos que procedan. Para explicar los alcances de dicha disposición resulta aplicable en lo conducente el criterio establecido en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, publicada en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". De la simple lectura de la fracción transcrita, así como del criterio jurisprudencial citado, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia los siguientes: Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; a) Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; b) Que ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; c) Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, d) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto legal. De lo anterior se colige que, el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. El principio de definitividad encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, por lo que los quejosos deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias para obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, salvo los casos de excepción previstos en la ley y la jurisprudencia. Luego, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que el inconforme, previo al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado, por virtud del cual éste pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el precitado artículo 61, fracción XVIII. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, está condicionado a que se agote, sin distinción alguna, el recurso o medio de defensa que la ley que rija el acto establezca en contra del acto de autoridad que se estime lesivo a las garantías individuales o derechos humanos del impetrante, consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. En efecto, los artículos 98, 104 y 105 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos indican: "Artículo 98. Se establecen los recursos de queja, reconsideración y excitativa". "Artículo 104. El recurso de reconsideración procede en contra de las providencias o acuerdos que dicte la propia Sala". "Artículo 105. El recurso de reconsideración deberá interponerse por escrito dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de notificación de la actuación impugnada, expresando los agravios que dicha actuación cause al recurrente". De los preceptos transcritos, se desprende que en contra de los acuerdos o providencias dictadas por las Salas, el interesado podrá interponer en su contra el recurso de reconsideración, el cual presentará por escrito dentro del término de tres días contados a partir de la fecha en que se haya hecho la notificación de la actuación impugnada al recurrente para que exprese los agravios que estime pertinentes. En esas condiciones, en contra del acto reclamado consistente en el auto dictado el siete de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo TJA/5ªSERA/004/18-JDN, por el cual se le hace efectivo un apercibimiento de multa por sesenta unidades de medida y actualización, dictado por la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, procedía previamente a la interposición del juicio de amparo, agotar el recurso de reconsideración que establece la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, aplicable, en acatamiento al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de biinstancial, en razón de que con la interposición del recurso previamente indicado, la quejosa tiene la oportunidad de modificar, revocar o nulificar el acto aquí reclamado. Sin que en el caso concreto se justifique alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, en virtud de que la determinación reclamada deriva de un controvertido jurisdiccional de naturaleza administrativa, en el cual la inconforme no se ubica en alguna de las excepciones que se indican en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha la demanda, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior determinación, el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 986, publicada en la página seiscientos setenta y ocho, Tomo VI, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, relativo a los años mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir el juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción legal antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas al procedimiento y/o auto de vinculación a proceso, pues como se ha visto, el acto de molestia, se refiere a la imposición de una multa en contra de la parte quejosa. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el ordinal 105 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, procede DESECHAR la demanda de amparo intentada por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Sin que obste a lo anterior, que en el caso, el acto reclamado pudiera considerarse como de imposible reparación, ya que dicha circunstancia no exime a la quejosa de agotar los recursos ordinarios de defensa y así cumplir con el principio de definitividad. Es así, porque la irreparabilidad de los efectos que en su caso pudiera producir el acto reclamado y la obligación que tiene la quejosa de agotar los medios ordinarios de defensa (principio de definitividad), son conceptos autónomos que no se excluyen entre sí; así que el hecho de que se reclamen actos que produzcan sobre las personas efectos de imposible reparación, no dispensa a la quejosa de cumplir con el deber de agotar los medios ordinarios de defensa antes de promover el juicio de amparo. Apoya a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 2017117 Instancia: Pleno Décima Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8 Tipo: Jurisprudencia DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita, se tienen por señaladas las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, para los efectos de oír y recibir notificaciones y por autorizados a las personas que cita con los efectos que precisa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES) Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de junio del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2215/2022, asistido de Julián Pantaleón Suárez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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