Juan Javier Ibarra Rivera
Expediente 899/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 899/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Juan Javier Ibarra Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
VISTO; para resolver el incidente de suspensión..., se: RESUELVE PRIMERO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada... SEGUNDO. Se difiere la resolución interlocutoria
- Principal
téngase por recibido el oficio suscrito por... al cual acompaña la resolución la cual se resolvió en los términos siguientes: ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja interpuesto... se admite la demanda de amparo promovida por... Abrase por separado y por duplicado el incidente de suspensión... se señalan las ***** horas con ****** minutos del ***** de ***** de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Pídase informe justificado a las autoridades responsables...
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo, promovida por...fórmese expediente electrónico del incidente de suspensión pídase a las autoridades responsables sus informes previos... Se señalan las ***** horas con ****** minutos del ****** de ****** de dos mil veinticuatro, para que tenga lugar la audiencia en este incidente. 4. Suspensión provisional. En primer término, debe destacarse que para la procedencia de la suspensión, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los siguientes requisitos: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Requisitos los anteriores que siempre deben concurrir en su totalidad para que sea procedente la suspensión solicitada, pues de no satisfacerse alguno de ellos, haría jurídicamente imposible la concesión de la referida medida cautelar. En el caso, el acto reclamado consiste en: "ILEGAL trámite de inscripción de la escritura pública 215/2023, levantada ante la fe del licenciado Jesús Ruiz Barreda notario público número 8 con ejercicio en el distrito notarial de Nueva Rosita Coahuila, escritura en la cual el suscrito no intervine \ aunado a que el suscrito cuento con dos inscripciones preventivas sobre el folio real 119713, así como sobre real folio real 556942 así como por que entre José Ricardo Muriel Cárdenas y el suscrito, así como con Rosa alivia Meraz Reyes celebramos un contrato de asociación sobre diversos inmuebles, entre los que se encuentra el ubicado en calle General Cepeda número 489, así como el que se encuentra en calle Gómez Farías número 469 ambos de la zona centro de esta ciudad, contrato que se encuentra inscrito ante la autoridad señalada como responsable, por lo que esta no debe dar trámite o inscribir ningún documento o escritura que se refiera o contenga trasmisión de propiedad sobre ninguno de los siguientes inmuebles: Número 489 de la calle General Cepeda en la zona centro de esta ciudad, inmueble con folio real 119713. Número 469 de la calle Gómez Farías de la zona centro de esta ciudad, I inmueble que se encuentra inscrito con el folio real 556942 El 50% que adquirió José Ricardo Muriel Cárdenas por la adjudicación del juicio sucesorio número 1557/2004, del juzgado primero de primera instancia en materia mercantil de esta ciudad, esto sobre el inmueble ubicado en calle Simón Bolívar número 723 de la zona centro todos de esta ciudad de Saltillo inscrito actualmente bajo la partida 829, folio 93 tomo 4 libro 1 serie B, de fecha 09 de enero de 1974. El 45% que adquirió José Ricardo Muriel Cárdenas por la adjudicación del juicio sucesorio número 1557/2004, del juzgado primero de primer instancia en materia mercantil de esta ciudad, esto sobre el inmueble ubicado en calle inalámbrica número 77B del fraccionamiento las playas lote #77 del cerro de la pinzona en Acapulco Guerrero inscrito bajo el folio registral1671 del distrito de Tabares bajo el numero 111 a foja 140 tomo III de la escritura pública número 8511 en el registro público de la propiedad de Acapulco Guerrero" Por consiguiente, se decreta la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que se mantenga las cosas en el estado que actualmente guardan, dentro del juicio sucesorio número 1557/2004, que se sigue en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil de esta ciudad; hasta en tanto se comunique a las responsables, la suspensión definitiva que se pronuncie. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número l.6°.C.37 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 737, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SU FINALIDAD ES LA DE PRESERVAR LOS O INTERESES SUBJETIVOS DEL QUEJOSO. La suspensión es una medida cautelar o conservativa de una situación ya existente que tiene como finalidad evitar que ésta se altere, ya sea con la ejecución de los actos reclamados, o bien: por sus efectos y consecuencias, deduciéndose de ello que la medida cautelar en el juicio de garantías no crea derechos o intereses subjetivos en beneficio del quejoso, sino que únicamente los preserva en cuanto a que no se afecten por la ejecución de los actos reclamados, con independencia de que los mismos sean o no inconstitucionales". Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de Amparo, la medida cautelar concedida dejará de surtir efectos si la parte quejosa no exhibe, dentro de los cinco días siguientes a la notificación que realice el Juez de Distrito de la presente ejecutoria, garantía a disposición del juzgado federal por la cantidad de $4,000.00 pesos (cuatro mil pesos moneda nacional), para garantizar los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar en su momento al tercero interesado por la suspensión otorgada. En el entendido de que dicha cantidad se fija de manera discrecional, ya que en autos no obra medio de prueba alguno que aporte mayores elementos para tal efecto o en su caso, revele la cuantía demandada a la aquí quejosa, si hay condena líquida o no, si en su caso, el inmueble que defiende, se encuentra embargado, su valor. Resulta ilustrativa en el caso, respecto del tema de la discrecionalidad para fijar la garantía, la tesis VI.1o.C.9 K (10a.), que se comparte, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuya literalidad expone: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. LA FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUZGADOR PARA FIJAR EL IMPORTE DE LA GARANTÍA, NO LO EXIME DE REALIZARLO SOBRE UNA BASE OBJETIVA, CUANDO LE SEA POSIBLE. No obstante que el artículo 132 de la Ley de Amparo establece que cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado, no estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía; esta situación no exime al juzgador de fijarlo cuando le sea posible sobre una base objetiva, expresando los fundamentos y razones que lo llevaron a su determinación, así como de tomar en consideración las pruebas aportadas en el incidente de suspensión, a fin de evitar que el monto a garantizar resulte excesivo". Dicha cantidad deberá exhibirse en cualquiera de las formas establecidas por la ley; en el caso de que la garantía sea exhibida en póliza de fianza, la compañía deberá indicar en forma expresa que se somete a la competencia y jurisdicción de este Tribunal Federal para todos los efectos legales y señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Asimismo, se precisa que el numerario exigido en párrafos anteriores, con el fin de garantizar los daños y perjuicios aludidos, deberá exhibirse en cualquiera de las formas autorizadas por la ley, de conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia 2a./J. 15/2006, que aunque interpreta la ley de la materia abrogada, resulta aplicable en virtud que no contraviene las disposiciones vigentes de la Ley de Amparo y dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR NO DEBE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA QUE EL QUEJOSO HABRÁ DE EXHIBIR PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS, SALVO LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. De lo previsto por los artículos 125, 126, 127, 128, 173 y 174 de la citada Ley, se advierte que el Juez de Distrito o la autoridad que conoce del juicio de garantías o de la suspensión no están facultados para determinar la naturaleza de la garantía o caución que deba presentar el quejoso para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, por lo que basta determinen su monto para que se exhiba en cualquiera de las formas establecidas por la ley, salvo lo que establece el artículo 135 del mismo ordenamiento legal, respecto del cobro de contribuciones.". Cabe aplicar a lo anterior, la tesis 2ª.LIII/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, del Tomo XI, Mayo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CAUCIÓN QUE SE FIJA AL QUEJOSO PARA QUE SURTA EFECTOS, DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDEN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión del acto reclamado obra sobre su ejecución, afecta las medidas que tienden a concretar sus consecuencias jurídicas y materiales, por tal motivo, el acto cuya constitucionalidad se reclama a través del juicio de amparo, en sí mismo, es extraño a los afectos de la suspensión que llegue a concederse, pues ésta únicamente provoca que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, en casos excepcionales, que los actos de ejecución que han comenzado a iniciarse se detengan sin continuar su realización, que puede acarrear su consumación e, inclusive, dejar sin materia el juicio de garantías, por lo que resulta inconcuso que los efectos de la referida medida cautelar no afectan la validez del acto de autoridad reclamado, no lo socavan, ni trascienden a su constitucionalidad, aún cuando se advierta la apariencia del buen derecho, cuestión que no vincula al juzgador constitucional. En tal virtud, así como la suspensión de los actos impugnados en el juicio de amparo no constituye un fin en sí mismo, pues su otorgamiento tiene lugar en función del proceso principal, por lo que no afecta la validez ni la existencia del acto controvertido, y menos aún, tiene por objeto verificar la veracidad de la pretensión hecha valer por el quejoso, sino que con tal medida se busca asegurar la efectividad de la justicia constitucional, igualmente, la caución que debe otorgar el peticionario de garantías para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional, tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que incorporaría a la esfera jurídica de aquél, como consecuencia de la ejecución inmediata del acto de autoridad cuyo apego a la Norma Fundamental se controvierte, pues por su naturaleza accesoria, únicamente se encuentra dirigida a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión del acto de autoridad, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión, hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Así, verbigracia, los daños y perjuicios que puedan generarse por la suspensión de una resolución jurisdiccional que establece una condena líquida o de fácil liquidación, no pueden traducirse, válidamente, en el numerario que se incorporaría al patrimonio del tercero perjudicado en virtud de lo ordenado en ésta, ya que los efectos de esa medida cautelar en manera alguna tienden a destruir los que derivan del acto reclamado, únicamente detienen su ejecución, por lo que la caución no debe fijarse atendiendo a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de ésta." En la inteligencia de que dicha medida no surtirá efectos si a la fecha ya se llevaron a cabo los actos por los que se otorga; pues ello equivaldría a darle efectos restitutorios, que son propios de la sentencia que se pronuncie en el fondo del amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Claudia Luz Hernández Sánchez, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, asistida del secretario Hugo Vergara Cárdenas quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Certifico y doy fe
- Principal
Agréguese a los autos para obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de veinticinco de agosto del año en curso, de cuyo contenido se advierte que admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso
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