Juan Jara Medrano

Expediente 1174/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1174/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Juan Jara Medrano

Actuaciones

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; catorce de octubre de dos mil veintiuno. Oficio. Visto el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en Celaya; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Sin que obste que dicho comunicado, se haya obtenido de forma íntegra del Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE), recibidos a través del módulo de intercomunicación habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trámite del juicio de amparo en términos de los artículos 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo. Acuerdo. En tal virtud, téngase devolviendo sin diligenciar el exhorto 254/2021 con similar número de orden, del índice de este juzgado. Acuse de recibo. Resulta innecesario acusar de recibo del presente exhorto, dado que fue recibida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual genera el acuse de recibo respectivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, este juzgado se reserva proveer al respecto hasta en tanto se tenga por recibido el diverso exhorto enviado al Juez de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan en turno. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo que promueve Juan Jara Medrano, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1174/2021-VB. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, esencialmente, el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, emitido en la etapa de remate del juicio hipotecario 1459/1996, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, a través del cual negó admitir el recurso de apelación interpuesto de su intención contra el auto de nueve de agosto anterior, en el cual el tribunal de alzada tuvo por no interpuesto un recurso de apelación contra un auto que no admitió un incidente de nulidad de audiencia de remate. En ese sentido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se trata. El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causal de improcedencia que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De los preceptos antes transcritos, se advierte que si bien el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto se reconoce la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas. No obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias a la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo, esto es, la última resolución que se dicta. Luego, el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, es claro al establecer que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate, la cual es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, y pueden reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En efecto, en el caso particular, debe señalarse que la determinación impugnada, no constituye la última resolución en el procedimiento de remate, ya que del sumario de origen en forma alguna se advierte que el juzgado responsable hubiere ordenado en definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien rematado, que como regla general está prevista en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en atención a que no aprueba o reconoce tales circunstancias; de ahí que, se afirma, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente hasta el momento en que se emita una de estas determinaciones. De modo que, en términos de los numerales antes apuntados, el juicio de amparo no es procedente contra la determinación dictada en la etapa de remate, en la que el juzgador responsable, en el juicio hipotecario de origen, negó admitir el recurso de apelación interpuesto por la quejosa contra la determinación que a su vez tuvo por no interpuesto un diverso recurso de apelación contra un auto que no admitió un incidente de nulidad de audiencia de remate, en tanto que esa determinación, como se refirió, no constituye la última resolución del procedimiento de remate, pues en ésta no se ordenó en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien rematado; de ahí que, el juicio de amparo indirecto sólo sea procedente hasta el momento en que se emita una de esas determinaciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 29, abril de 2016, tomo II, página 1066, que señala lo siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". De ese modo, se actualiza la causal de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la ley de la materia; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Autorizados. No designó. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Por último, hágasele ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no se ha informado a este juzgado si la parte quejosa ya recibió el cheque expedido en su favor por la autoridad responsable. Requerimiento. Atento a lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este auto, informe las gestiones realizadas a fin de entregar el cheque en mención a la parte quejosa. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se impondrá en su contra una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos del numeral 237, fracción I, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo y, se ordenará la remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito como lo establece el artículo 193 de la ley en aplicación. Notifíquese.

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