Juan Jaime Muñoz Muñoz
Expediente 291/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 291/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Jaime Muñoz Muñoz
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, uno de junio de dos mil veintiuno. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de once de mayo de dos mil veintiuno. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento dichas documentales tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de María Quiroz García, secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 11 DE MAYO DE 2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, a once de mayo de dos mil veintiuno. I. Quejoso cumple con requerimiento Agréguense a los presentes autos el escrito y anexos de cuenta que remite el quejoso Juan Jaime Muñoz Muñoz, mediante los cuales, cumple con el requerimiento formulado en proveídos de dieciséis y treinta, ambos del mes de abril de dos mil veintiuno; en tal virtud, se provee: II. Fijación de la litis. Vista la demanda de amparo y ocursos aclaratorios, se desprende que el quejoso reclama la resolución emitida el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la audiencia de control de derechos (tutela de derechos), solicitada por el quejoso en su calidad de ofendido dentro de la carpeta de investigación 57672/2020, la cual fue dictada por el juez de Control en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio, con sede en San Francisco del Rincón, Guanajuato, dentro del cuadernillo Q2021-66, en el sentido de declararla improcedente contra el acuerdo del agente del Ministerio Público número 1 de Tramitación Común, de esta ciudad, que no acordó de conformidad su petición, consistente en que se girara oficio al juez Décimo Civil de Partido, de esta ciudad, para que suspendiera la tramitación del juicio ordinario civil 309/2002, de su índice, por no tratarse de una técnica de investigación que requiera control judicial, ni de una omisión por parte del Ministerio Público. III. Se desecha la demanda de amparo. Acotado lo anterior, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el presente asunto, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales, por su orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo a la redacción anterior, son actos de imposible reparación aquellos que impliquen o afecten un derecho sustantivo del gobernado, previsto en el texto rector político de nuestro país, o en un instrumento internacional obligatorio para México. Esta conclusión es acorde con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Ahora bien, han sido interpretados o catalogados como de "imposible reparación", aquellos actos por los que excepcionalmente procede el amparo casación o judicial, y que tienen origen en los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; también, se ha sostenido que la imposible reparación se traduce en consecuencias susceptibles de afectar de forma inmediata algún derecho fundamental y sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por exclusión, los actos de ejecución "reparable" no tocan directamente los núcleos esenciales de los derechos fundamentales, sino que trasgreden normas secundarias de desarrollo normativo, como las del orden procesal que hacen efectivo el debido proceso bajo un segundo plano de desarrollo. Las afectaciones que producen el tipo de actos reparables son transitorios y desaparecen al resolverse la controversia judicial; y solo en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, y afecten en forma trascendente la defensa son susceptibles de control constitucional. Puede decirse entonces que la diferencia entre los actos de imposible reparación y los que no tienen esta cualidad, se reduce al tipo de implicación o afectación material respecto a los derechos fundamentales del gobernado (orden normativo primario) o bien, su afectación por infracción a normas reglamentarias procesales (orden normativo secundario o de desarrollo); sirviendo como guía para ubicar su categoría, en la reparabilidad al dictarse sentencia y su transitoriedad en el proceso donde se actualizan. En ese orden de ideas, el supuesto de los actos reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias (de los actos reclamados) se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Dentro del esquema general de derechos con rango fundamental, se encuentran el debido proceso, la seguridad jurídica y la legalidad; sin embargo, estos derechos de rango constitucional, solo pueden ser examinados inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, cuando su violación es directa, y no por mera infracción a normas secundarias procesales, por lo que, cuando el legislador ocupa la categoría conceptual de derecho sustantivo, lo hace para diferenciarlo de las normas adjetivas o procesales, las cuales sin duda conforman esquemas jurídicos que hacen efectiva la tutela judicial efectiva, pero en un grado operativo casuístico, mientras que las normas sustantivas representan expresiones absolutas del derecho, que obligatoriamente debe cumplir el Estado, con independencia de la posición procesal de las partes y rigen su proceder en forma permanente y, por ello, su violación es ipso facto irreparable, procediendo el control constitucional a través del juicio de amparo. En el caso particular, como ya se dijo con antelación, el acto reclamado es la resolución emitida el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la audiencia de control de derechos (tutela de derechos), solicitada por el quejoso en su calidad de ofendido dentro de la carpeta de investigación 57672/2020, la cual fue dictada por el juez de Control en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio, con sede en San Francisco del Rincón, Guanajuato, dentro del cuadernillo Q2021-66, en el sentido de declararla improcedente contra el acuerdo del agente del Ministerio Público número 1 de Tramitación Común, de esta ciudad, que no acordó de conformidad su petición, consistente en que se girara oficio al juez Décimo Civil de Partido, de esta ciudad, para que suspendiera la tramitación del juicio ordinario civil 309/2002, de su índice, por no tratarse de una técnica de investigación que requiera control judicial, ni de una omisión por parte del Ministerio Público. Tal acto surgió en la etapa de investigación inicial dentro de la "audiencia de control de derechos (tutela de derechos)" en un asunto penal de corte acusatorio oral. Al respecto, conviene acotar que el proceso penal acusatorio se divide en diversas etapas que son independientes entre sí, y de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el procedimiento penal son tres: i) La de investigación, que abarca dos fases: de investigación inicial y de investigación complementaria; ii) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, iii) La de juicio, que inicia desde que se recibe el auto de apertura a juicio y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J. 74/2018 (10a.) titulada: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL", estableció que en el sistema de justicia penal acusatorio se privilegia la necesidad de que cada una de las etapas que lo integran cumpla su función a cabalidad -sin comprender otras- y, una vez agotada, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, las partes deben hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente y, de no hacerlo así, se entiende, por regla general, que se ha agotado la posibilidad de hacerlo. Por tanto, será durante las etapas respectivas cuando el imputado deba expresar los planteamientos que considere pertinentes en torno a la transgresión de alguno de sus derechos fundamentales y, en caso de inconformidad, deberá acudir a los medios de defensa a su alcance. Sin embargo, las etapas en cita no son, exclusivamente, el punto de partida para determinar si un acto es o no de imposible reparación. Esto es, no se analiza el acto reclamado atendiendo a la etapa en que fue emitido o si ello implica reponer actuaciones ante diverso órgano jurisdiccional, para poder concluir si se van a afectar derechos sustantivos o no. Por el contrario, se estudia el acto reclamado y sus consecuencias jurídicas en relación a los derechos fundamentales del quejoso, con independencia de la etapa donde se emita. Entonces, lo relevante para la procedencia del amparo en el caso que ocupa la atención, es establecer si la determinación de declarar improcedente la tutela de derechos solicitada por el aquí quejoso en contra del acuerdo del agente del Ministerio Público número 1 de Tramitación Común, de esta ciudad, en el que no acordó de conformidad su petición consistente en que se girara oficio al juez Décimo Civil de Partido, de la localidad, para que suspendiera la tramitación del juicio ordinario civil 309/2002, de su índice, afecta o no derechos sustantivos. Empero, en la especie estamos ante una resolución judicial que únicamente incide sobre derechos adjetivos, puesto que su perjuicio se desvanecería por completo si el ofendido obtuviera una sentencia favorable -sentencia condenatoria-. Efectivamente, si el recurrente viera satisfecho su interés material, al obtener una sentencia condenatoria por el delito de fraude procesal cometido en su agravio, se tornaría irrelevante la determinación reclamada, que declaró improcedente la tutela de derechos contra la negativa de acordar de conformidad su petición, consistente en que se girara un oficio al juez Décimo Civil de Partido, de esta ciudad, a efecto de que suspendiera la tramitación del juicio civil ordinario 309/2002 y, como consecuencia, no habría alguna violación al derecho sustantivo de defensa adecuada o debido proceso. En efecto, en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)", se sostuvo que la ley de la materia precisa cuáles son los actos de imposible reparación en la fracción V de su artículo 107, lo que implica que una violación adjetiva, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, en virtud de que esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Criterio que es acorde a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada el seis de junio de dos mil catorce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que emitió al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En este criterio, se determinó que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que los actos de imposible reparación son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual constituye una aclaración del legislador secundario que genera una mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, al establecer que esos actos, para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Criterio que a su vez, concuerda con la diversa tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Luego, aun cuando la determinación de declarar improcedente la tutela de derechos solicitada por el aquí quejoso, en contra del acuerdo del agente del Ministerio Público número 1, de esta ciudad, en el que no acordó de conformidad su petición consistente en que se girara un oficio al juez Décimo Civil de Partido, de esta ciudad, a efecto de que suspendiera la tramitación del juicio civil ordinario 309/2002, de conformidad con la mecánica del desarrollo del proceso penal acusatorio de corte oral por etapas, no pueda ser analizada a través del juicio de amparo directo que en su momento de promueva en contra de la sentencia definitiva que resuelva la causa penal, acorde al criterio del Máximo Tribunal en la jurisprudencia 1ª./J. 74/2018 citada supralíneas, lo cierto es que el acto reclamado no provoca una afectación presente y actual en sus derechos sustantivos, al tratarse de un derecho adjetivo sujeto a las condiciones que dicten las normas adjetivas ordinarias. Máxime que del análisis de la audiencia de dieciocho de marzo del presente año, no se advierte que la resolución reclamada vulnere el derecho de defensa del solicitante del amparo, porque no lo ha privado de su derecho a probar, entendido esto, como toda anulación material, real y actual de dicho derecho fundamental, ni siquiera de su derecho humano a un debido proceso. Es decir, que la violación procesal si bien existente, derivada de la determinación de declarar improcedente la tutela de derechos solicitada por el aquí quejoso, contra el acuerdo del agente del Ministerio Público número 1, de esta ciudad, en el que no acordó de conformidad su petición consistente en que se girara un oficio al juez Décimo Civil de Partido, de localidad, a efecto de que suspendiera la tramitación del juicio civil ordinario 309/2002, aunque pudiera reputarse como de grado predominante, no llega al extremo de hacer nugatorio el derecho sustantivo a probar, de defensa adecuada y debido proceso, puesto que el ofendido aquí quejoso tiene a su alcance diversos mecanismos para demostrar las posturas jurídicas o estrategia legal de su intención, en la etapa en la que se encuentra el procedimiento penal; en ese sentido, la violación no ha trascendido a la esfera jurídica de derechos sustantivos del impetrante, pues para que ello suceda sería necesario que la afectación rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Aunado a lo anterior, deben entenderse los actos intra-procesales desde la lógica del sistema penal de corte acusatorio, el cual se verifica por etapas, y preferentemente no debe ser interrumpido, salvo casos excepcionales, donde, como ya se dijo, trascienda al campo de los derechos sustantivos las violaciones alegadas. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede desecharla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 16 DE ABRIL DE 2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "."León, Guanajuato, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. I. Quejoso. ******************** II. Autoridad responsable. Juez de Control en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio, con sede en San Francisco del Rincón, Guanajuato. III. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 291/2021-I, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Prevención a quejoso. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones I y II, así como 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, sin formular ni presentar una nueva demanda y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, cumpla con lo siguiente: Manifieste, bajo protesta de decir verdad, la data en que se emitió el acto reclamado, toda vez que en su escrito de demanda señala tres fechas distintas; asimismo, deberá acotar, bajo protesta de decir verdad, la data en que tuvo conocimiento del mismo. Relate, bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada, todos los antecedentes del acto reclamado, para lo cual deberá limitarse a enunciar las actuaciones de las que deriva el acto reclamado de manera clara y sucinta, así como a resumir lo instado o resuelto en las mismas, puesto que en su libelo de amparo, además de relatar diversas actuaciones verificadas dentro de la carpeta de investigación ******************** y el cuadernillo ********************, efectúa una extensa relatoría tanto de actuaciones como de cuestiones verificadas dentro del juicio civil ********************, del índice del Juzgado Décimo Civil de Partido, de esta ciudad, lo que no permite administrar justicia al caso concreto. Exhiba copia simple del acto reclamado, a fin de que este órgano jurisdiccional tenga conocimiento de su contenido íntegro. Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida de la licenciada María Quiroz García, secretaria que autoriza y da fe. Angélica.
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