Juan Jaime Bernat Cid

Expediente 445/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
445/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
30/06/2017

Partes del expediente

  • Juan Jaime Bernat Cid

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta III-3264/2017 de la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, adjuntando al mismo copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada dentro del recurso de queja 53/2016 y el expedientillo 445/2017 derivado del cuaderno de amparo en que se actúa, formado con motivo del citado recurso, de lo cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió declarar infundado el recurso de queja. Acúsese recibo a la superioridad. Intégrese el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado al expediente de amparo en que se actúa. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta de los quejosos JUAN JAIME BERNAT CID, JORGE BERNAT CID, RAFAEL BERNAT CID y FRANCISCO BERNAT CID, por medio del cual interponen recurso de queja en contra del auto de veinte de abril de dos mil diecisiete pronunciado dentro del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, envíese el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, ríndase por parte de este juzgado federal el informe correspondiente sobre la materia, remítase copia certificada de la resolución recurrida y demás constancias conducentes a fin de que el tribunal de alzada esté en aptitud de resolver la citada queja.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veinte de abril de dos mil diecisiete. RADICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo promovida por Juan Jaime, Jorge, Rafael y Francisco, todos de apellidos Bernat Cid, fórmese el amparo correspondiente, registrándose con el número 445/2017. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos Juan Jaime, Jorge, Rafael y Francisco, todos de apellidos Bernat Cid, reclaman del Agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Mesa Uno de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, quien actúa dentro de la averiguación previa 940/2016/POPUL, la admisión de nueve pruebas testimoniales ofrecidas por el indiciado Santiago Fernando Novelo Navarrete dentro de dicha indagatoria. Ahora bien, como cuestión previa resulta necesario precisar que los promoventes Juan Jaime, Jorge, Rafael y Francisco, todos de apellidos Bernat Cid, se ostentan con el carácter de agraviados dentro de la averiguación previa 940/2016/POPUL generadora del acto reclamado, por ello resulta indudable que los promoventes son parte formal en dicha indagatoria. En consecuencia, dada la naturaleza del acto que se reclama, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de garantías que se provee, prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, que establecen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . . . V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 154 Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917 a 2000, cuyo rubro y texto son: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen, ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en lo casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. En el caso concreto, como se destacó, los promoventes reclaman del Agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Mesa Uno de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, el acuerdo por el cual se admiten nueve pruebas testimoniales ofrecidas por el indiciado Santiago Fernando Novelo Navarrete dentro de la averiguación previa 940/2016/POPUL de su índice. Como se ve, el acto reclamado consiste esencialmente en el acuerdo dictado por el agente del ministerio público responsable por el que admite las nueve pruebas testimoniales ofrecidas por el indiciado dentro de la indagatoria de referencia, no constituye un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, pues no afecta por sí mismo de manera directa un derecho sustantivo de los quejosos, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y, en todo caso, inciden en la posición que tomarán las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos. Cabe destacar el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que excepcionalmente el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos procesales que afecten a las partes en el juicio en grado predominante o superior, cuyas consecuencias se tornan de ejecución irreparable, esto es, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales de los quejosos, o bien, porque conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P.LVIII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, tomo Tomo XX, octubre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio. Así como la tesis número P.LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, publicada en la página 9, tomo XX, octubre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, por analogía de rubro y texto: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente tomando en cuenta la situación procesal que esté en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia; lo que en la especie no acontece toda vez que el acto reclamado no impide el correcto desarrollo de la integración de la averiguación previa, porque no constituye una decisión de la cual dependa la suerte de todo el proceso judicial, sino únicamente ocasiona que no se acumule al acervo probatorio de ese proceso el resultado que pudiera arrojar las pruebas testimoniales ofrecidas por el indiciado, pues tomando en consideración fundamentalmente se trata de actos cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no transcienden irreparablemente a la esfera jurídica de los quejosos, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. En tales condiciones, debe concluirse que con la admisión de las pruebas reclamadas los quejosos no resienten en su esfera jurídica un perjuicio de manera inmediata ya que no se transgrede alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, por tanto, no siendo un acto del procedimiento que los deje sin defensa, ni teniendo el carácter de irreparable, el amparo en contra de dicha resolución es improcedente. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de garantías que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir sus notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que refiere en su demanda de amparo, quienes tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a Ricardo Chincoya Morales, así como a las demás personas que refiere en la misma, toda vez que no cuentan con el registro de su cédula profesional inscrita en dicho Sistema Computarizado. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de representante común al primero de los quejosos mencionados en la demanda de mérito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Francisco Javier Santos Palestina, secretario que autoriza y da fe.

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