Juan Ivan Sánchez Gúzman
Expediente 681/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 681/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Ivan Sánchez Gúzman
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable así como al Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA A LAQUE SE LE DEJO AVISO, LA RESOLUCION QUE DICE: Agréguese a los autos el oficio y anexos que acompaña, remitido por el Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; y al efecto se provee:téngase como prueba de la referida autoridad responsable las documentales que anexa al oficio de cuenta. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo establece su artículo 2°. Ahora, de la revisión de las documentales que en copia certificada remitió la autoridad responsable en alcance a su informe justificado, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos del acto reclamado en el presente sumario constitucional. Para justificar lo antes precisado, la causa de improcedencia consistente en cesación de los efectos del acto reclamado, prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto", es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, se pronuncia respecto al que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental trasgredido. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese sentido, es menester precisar que de lo señalado por la parte quejosa en su demanda de amparo, así como de lo manifestado por la autoridad responsable en su informe justificado, se advierte que el acto reclamado en esta vía consiste en: las omisiones y dilataciones de dictar el laudo correspondiente del juicio laboral dentro de los plazos y términos legales que establece la Ley de la Materia, en el expediente laboral 543/IX/2017 Precisado lo anterior, de las constancias remitidas por la autoridad responsable antes precisada, relativas a las actuaciones del juicio laboral 543/IX/2017 de su índice, se advierte que se dictó laudo el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, el cual se notificó al quejoso Juan Ivan Sánchez Guzmán, entre otros, según se desprende de la cédula de notificación de seis de septiembre del año en curso, efectuada por el actuario adscrita a la Junta responsable. En ese tenor, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado; habida cuenta que, la autoridad responsable emitió el laudo correspondiente y fue notificado a la parte quejosa. Por tanto, con dichas actuaciones han cesado los efectos de los actos reclamados y, por ende, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que al efecto se considere necesario la celebración de la audiencia constitucional; dado que, la causa de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, de ahí que sea procedente sobreseer el presente juicio, pues de estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario a lo establecido por el artículo 17 constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, por los motivos señalados en líneas precedentes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; y en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su informe justificado; y con el mismo dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable citada en el párrafo precedente, la documental que anexa a su oficio de mérito, consistente en copia certificada del laudo emitido dentro del expediente laboral 543/IX/2017 el veintitrés de agosto del presente año; la cual se ordena se tenga a la vista al momento de resolver el presente juicio. Ahora bien, atendiendo a que dicha autoridad responsable remite el laudo dictado dentro del expediente laboral 543/IX/2017 el veintitrés de agosto del presente año, relativo al acto reclamado en este expediente, sin embargo, soslayó remitir copia certificada de la constancia de notificación de dicho laudo realizada a la parte quejosa en el presente asunto; constancia que resulta necesaria para poder resolver el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días contado a partir de que quede notificado del presente proveído, remita copia certificada de la constancia de notificación del laudo emitido en los autos del expediente laboral de origen, realizada a la parte quejosa en el presente asunto. Bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido para ello, se le aplicará una multa... Notifíquese por oficio a la autoridad responsable precisada y por lista electrónica a las restantes partes.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no obra el informe justificado de la autoridad responsable Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz, a pesar de estar debidamente notificada del proveído de veintiocho de julio del año en curso por el que se le requirió, tal y como se advierte de la constancia de notificación la cual obra en autos y vinculada a SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), ni las constancias certificadas relativas al acto reclamado en este sumario constitucional, y que ofreció el quejoso como prueba, relativas al expediente 543/IX/2017 de su índice. Por tanto, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable antes citada, para que en el término de tres días contado a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, remita en forma íntegra, legible y debidamente cotejada todas y cada una de las constancias relacionadas al acto reclamado; documentales que resultan indispensables para resolver el presente asunto. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del plazo que para ello se le concede, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en su valor diario, de acuerdo a los artículos segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que su omisión de cumplir con lo pedido, hace nugatoria la pronta y expedita administración de Justicia, tutelada por el artículo 17 de nuestra Carta Magna. En mérito de lo anterior, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por tanto, se fijan como nueva fecha y hora para que tenga verificativo la misma, las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista electrónica a las restantes partes.
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