Juan Isramin Quintero Ley

Expediente 1219/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1219/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
26/01/2021

Partes del expediente

  • Juan Isramin Quintero Ley
  • Omar Machado Sillas
  • Director del Centro Federal de Readaptacion Social Numero 4 "Noroeste" En Nayarit
  • Francisco Martinez Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibido el oficio signado electrónicamente por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, por el que acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 1219/2020 del índice de este órgano Jurisdiccional e informa que acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto de que se trata. Archivo de expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de cuaderno de antecedentes. En cumplimiento al capítulo QUINTO, punto VIGÉSIMO, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que derogó el Acuerdo General Conjunto 1/2001 de veintisiete de agosto de dos mil uno, de la misma superioridad, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, y su Acuerdo complementario de tres de octubre de dos mil dos, del Comité del Centro de Documentación y Análisis, el presente expediente es susceptible de destruirse al clasificarse como archivo reciente, no existir documento original alguno y carecer de relevancia documental, por lo que una vez que transcurra el plazo de SEIS MESES, PROCÉDASE A SU DESTRUCCIÓN. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en el presente asunto; hágase de su conocimiento que el auto de incompetencia en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el sobre devuelto por la empresa de mensajería "Estafeta", el cual contiene el oficio 22004/2020 así como el expediente original 1219/2020, dirigido a la autoridad denominada Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic. Atento a lo anterior, y aunado a que no se advierten los motivos de dicha devolución, en obvio de mayores dilaciones procesales, se comisiona al actuario de la adscripción para que proceda a reenviar el oficio con anexo al domicilio señalado. Cúmplase.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintinueve de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta; téngase por recibido el oficio del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noreste". En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase a la oficiante informando sobre el cumplimiento de la suspensión de plano concedida a la parte quejosa en el presente juicio decretada por acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte; lo cual, se toma del conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; once de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ********/, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" con sede en Tepic, Nayarit, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1219/2020 y fórmese expediente. Incompetencia. Ahora bien, vista la demanda de amparo de que se trata, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, el dispositivo legal antes invocado, dispone que el Juez de Distrito competente para conocer de un juicio de amparo, es aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, si de la demanda de amparo se desprende que los quejosos acuden a este órgano jurisdiccional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado consistente en la orden de traslado del lugar donde actualmente se encuentran recluidos a diferentes centros federales. En ese sentido es dable concluir que la orden de traslado que señalan los quejosos tendrá ejecución material precisamente donde actualmente están recluidos y no en el ámbito territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Ello, porque se reitera que la orden de traslado reclamada se materializará en el lugar donde los quejosos se encuentran privados de su libertad, por lo que conforme al precepto legal antes invocado, la autoridad competente para conocer de la demanda, es el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, más aun que no se señala ninguna autoridad ejecutora residente en el Estado de Morelos y en esta Entidad Federativa, no existe algún centro federal con las características del centro de reclusión donde actualmente se encuentran y al que aducen puedan ser traslados, y además, el acto de molestia aún no se ha comenzado a ejecutar. En consecuencia, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, puesto que como ya se dijo, los actos reclamados, habrán de comenzar a materializarse en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", en Tepic, Nayarit, donde los quejosos se encuentran recluidos, de acuerdo con lo expuesto en la demanda de amparo. Al respecto, se invoca el criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, sustentado en la tesis I.6o.P.55 P (10a.), publicada en la página 2382, del Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007523, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "El Altiplano" en Almoloya de Juárez), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal -porque los que existen atañen únicamente a personas relacionadas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales-, no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo." Por ende, de conformidad con los artículos 37 y 48 de la Ley de la Materia, se declina el presente asunto a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, a quien se considera competente para tramitarlo y resolverlo. Por lo que, se ordena remitir de inmediato este expediente, previo cuaderno de antecedentes que se forme, solicitándose atentamente al Juez de Distrito a cuyo favor se declina la competencia el acuse de estilo correspondiente. Por otra parte, con base en el arábigo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el lugar donde se encuentran recluidos. Representante común. También, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de la Materia, téngase por designado como representante común de los quejosos, al primero que aparece en la demanda de amparo, esto es, a ********, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, no obstante la incompetencia declinada, toda vez que en el caso se reclama la orden de traslado que aducen los quejosos se pretende ejecutar por autoridades administrativas, por lo que, pudiera estarse en el supuesto de actos que afecten indirectamente la libertad fuera de procedimiento judicial, pues no fue señalado como responsable un ente jurisdiccional. Suspensión de plano. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano y de oficio, a fin de que la autoridad señalada como responsable se abstenga de trasladar a los quejosos a otro centro penitenciario federal del que actualmente se encuentran internos, cuyos nombres aparecen en la copia simple de la demanda de amparo que se adjunta; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. En la inteligencia que, dicha medida cautelar tendrá vigencia siempre y cuando la orden de traslado reclamada se haya emitido únicamente por autoridades de carácter administrativo indicadas en la demanda y sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, pues en caso contrario, esto es, que la orden se haya pronunciado por una autoridad judicial dentro del procedimiento seguido contra los quejosos, la suspensión en cuestión no surtirá ningún efecto legal ni material alguno. Al caso, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 58/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013066, de rubro y letra que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." La presente medida cautelar no surtirá efecto legal ni material alguno si el acto reclamado ya fue ejecutado o si la ejecución del mismo, deriva del cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo; asimismo, esta determinación no restringe las atribuciones de las autoridades del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos los quejosos. En el entendido que si el mandato de traslado fue emitido por una autoridad jurisdiccional relacionada con el delito de delincuencia organizada o si los quejosos requieren medidas especiales de seguridad, SE ENTENDERÁ NEGADA ESTA MEDIDA SUSPENSIONAL. Sirve de apoyo, la tesis emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, I.9o.P.129 P (10a.), visible a página 2321, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Materia(s): Común, Penal, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2013709 de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. DEBE RESTRINGIRSE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SI AQUÉLLA ESTÁ RELACIONADA CON EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA O SI EL QUEJOSO REQUIERE MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD, SIEMPRE QUE SE EMITA POR AUTORIDAD JUDICIAL. La citada medida cautelar contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, debe restringirse en cuanto a su concesión, si dicha orden se encuentra relacionada con el delito de delincuencia organizada o si el quejoso requiere medidas especiales de seguridad, siempre que se emita por autoridad judicial, porque vulnera el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el diverso 128, fracción II, de la Ley de Amparo, así lo condiciona, en el sentido de que esa medida no surtirá efectos si contraviene disposiciones de orden público. En efecto, el precepto citado de la Carta Magna establece que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales, y los que revisten este carácter son los centros de reclusión de máxima seguridad, por contar con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral de los procesados o sentenciados y la disminución de riesgo de fuga. Incluso, dispone que podrán imponerse medidas de vigilancia especial de seguridad a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Lo que se traduce en que ningún derecho fundamental es absoluto y, en esa medida, todos admiten restricciones, con la salvedad de que no se realicen a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros derechos constitucionalmente protegidos". Asimismo, cabe destacar que esta medida suspensional no impide que las autoridades responsables efectúen o tomen las medidas correspondientes que estimen necesarias para resguardar la seguridad e integridad de los promoventes, de los diversos reclusos y del personal del centro de reclusión. Por otro lado, si la orden de traslado fue decretada por autoridad administrativa en atención a los casos de excepción contenidos en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que se podrá ordenar el traslado en casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad, en casos de riesgo objetivo para la integridad, la salud de la persona privada de su libertad y en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, el efecto de la suspensión será únicamente para que la autoridad administrativa que haya ordenado el traslado lo comunique al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes del traslado de los quejosos. Requerimiento. Por consiguiente, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este proveído, informen sobre el cumplimiento dado a esta medida, autorizándoles para que informen vía correo institucional 4jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, con el apercibimiento que de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrán incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, de la Ley de la Materia, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo". Exhorta a las partes para llevar el trámite en línea. Por otro lado, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, así como para presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Habilitación días y horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Se gira exhorto. Por último, tomando en consideración que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno en la Ciudad de Tepic, Nayarit, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que por su conducto notifique el presente proveído a Germán de Jesús Ramírez Velázquez, representante común de los inconformes, en el centro en que se encuentra recluido, y una vez hecho lo anterior, lo devuelva a la brevedad posible a través del mencionado sistema, sin que sea necesario que acuse recibo del mismo, toda vez que se genera de manera automática a través del mencionado sistema electrónico. Además, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se faculta al Juez Federal exhortado, a fin de que habilite días y horas inhábiles, para llevar a cabo la notificación encomendada. Notifíquese.

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