Juan Ignacio Rochin García
Expediente 102/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Ignacio Rochin García
Actuaciones
- Principal
II-Del estado procesal de autos se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte legitimada hubiese recurrido el proveído de seis de marzo del presente año, dictado en el presente asunto. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la invocada legislación, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído, del que existió oposición por la parte quejosa para la publicación de sus datos personales al no haber realizado manifestación alguna sobre el requerimiento que le fue formulado en el auto de prevención de la demanda, en el sentido de si se encontraba de acuerdo en que éstos fuesen publicados y que decretó el sobreseimiento en el presente asunto por desistimiento del promovente de la demanda de amparo que originó su tramitación, HA QUEDADO FIRME. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en razón de que el respectivo proveído únicamente sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, cuyo expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Finalmente, en términos del punto décimo primero, párrafo tercero, capítulo tercero, del referido Acuerdo General, prevéngase al promovente del amparo, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, computados legalmente, comparezca ante este juzgado, con identificación oficial vigente, en día y hora hábiles de labores, a efecto de recoger la documental exhibida con la demanda de amparo, consistente en copia con firmas autógrafas en original, del acuerdo de notificación de doce de febrero de dos mil dieciocho, realizado dentro de la averiguación previa AP/PGR/MICH/LC/117/2014, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Federación, de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán (foja 27). En el entendido que de no hacerlo en el plazo indicado, será destruido junto con el expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE; personalmente al promovente del amparo.
- Principal
II.-Agréguese el escrito de cuenta, signado por el promovente Juan Ignacio Rochín García, mediante el cual, desiste de la acción constitucional que originó la tramitación del presente asunto, por así convenir a sus intereses personales. Ahora, del acta que antecede, relativa a la comparecencia efectuada por el referido quejoso, se advierte que ratificó en todas y cada una de sus partes el contenido y firma del indicado ocurso, presentado ante este Tribunal el cinco de febrero del año en curso. Por tanto, en atención a la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Sexta Época, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO"; como lo solicita el promovente, téngasele por desistido de la acción constitucional. En consecuencia, al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en el presente juicio; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. Tiene aplicación sobre el particular, la tesis consultable en la página 240, del Tomo XI, Abril de 1993, Octava Época, del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO: Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo." En vista de lo anterior, déjese sin efecto legal alguno, la prevención de la demanda de amparo, realizada en proveído de cinco del presente mes y año. Finalmente, respecto de la petición realizada por el promovente, en el sentido de que se le haga devolución de las documentales exhibidas con el escrito de demanda; dígasele que una vez que se declare firme el presente proveído, se determinará lo conducente. NOTIFÍQUESE; personalmente al promovente del amparo.
- Principal
II.-Téngase a JUAN IGNACIO ROCHÍN GARCÍA, promoviendo demanda de amparo, por su propio derecho, contra actos del Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 102/2018-II. Ahora, a fin de acordar lo procedente respecto de su admisión o desechamiento, con fundamento en los artículos 108, fracciones II y III, además del numeral 110, párrafo primero, en relación con el 114, fracciones I y II, todos de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE al accionante de garantías para que dentro del término de CINCO DÍAS, computados legalmente, y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.." Por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a las partes e integrar el incidente de suspensión solicitado, regularice la demanda de amparo respecto de lo siguiente: I) Proporcione el domicilio actual y correcto donde pueda ser llamada a juicio la personal moral "Ahluic Minera". Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de la persona que represente legalmente sus intereses, pudiendo ser el lugar donde labore o donde habitualmente se encuentre; lo anterior, toda vez que de conformidad con el artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, eventualmente le podría resultar el carácter de tercera interesada. Lo anterior, no obstante que el promovente refiere que en su concepto no existe tercero interesado; sin embargo, de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, se advierte que éstos derivan de la averiguación previa penal AP/PGR/MICH/LC/117/2014, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Federación, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, presentada por Javier García Zúñiga, en su carácter de representante legal de dicha personal moral. Indagatoria dentro de la cual, el agraviado sostiene que las autoridades responsables pretenden privarlo de la posesión de diverso mineral obtenido de la explotación del lote denominado "Vajra", ubicado en los Municipios de Aguililla, Aquila, Arteaga y Coalcomán, Michoacán, que refiere es de su propiedad, así como impedirle su extracción del patio denominado "El Sauce", ubicado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde se encuentra almacenado, no obstante de haberse determinado que la referida denunciante no tenía derechos sobre tal material férreo; de ahí que, como se especifica, eventualmente le podría resultar el carácter de tercera interesada, al tener intereses contrarios a los del quejoso. Lo anterior, tomando en consideración que legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio de la parte tercero interesada, pesa exclusivamente sobre la parte quejosa, la que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación; y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados. En apoyo a la anterior consideración, se cita la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 538 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, Materia Común, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados." II) Precise la residencia de las autoridades responsables denominadas: "Subdelegado del Sistema Tradicional de la Procuraduría General de la República en el Estado de Michoacán"; "Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Michoacán"; y "Comandante de la 43 Zona Militar en Michoacán", puesto que se omitió mencionar su lugar de ubicación. Apercibido que de no dar cumplimiento con lo requerido en el inciso I), o bien, de no exhibir las copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, se procederá en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda; y de no atender lo requerido en el inciso II), se tendrán únicamente como autoridades responsables a las diversas respecto de las cuales si se indica su residencia, de resultar procedente la admisión de la demanda. En cambio, de omitir exhibir las copias necesarias del escrito aclaratorio para integrar el incidente de suspensión respectivo, de conformidad con el último párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se postergará su apertura hasta en tanto las presente, de resultar procedente la admisión de la demanda. Orienta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 86/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 245, Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE." Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Téngase por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en calle Paseo de la Cima, esquina con calle Jardín, local 1, colonia Lomas del Valle Norte, de esta ciudad; asimismo, como personas autorizadas para tal efecto, con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Pablo Gudiño Coronado, Juan Antonio Benavides Velázquez, Brenda Melany Campos Palafox, Eduardo Daniel Castañeda Reyes, Mariana Rosales Peña y Julio Alberto Alba Ferman, toda vez que en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existen registradas sus cédulas profesionales que los facultan para ejercer la profesión de licenciados en derecho, bajo los consecutivos 21314, 131914, 125504, 171803, 162919 y 1185465, respectivamente. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, de conformidad con la última parte del párrafo segundo de dicho precepto, a Ilan Katz Mayo, Alfonso Francisco Garduño Canseco, Gloria Guadalupé García Sandate, Víctor Hugo Mendoza Villaseñor, Elio Alfonso Henríquez Avendaño y Andrea Méndez Martínez, en razón de que, respecto de los tres primeros, no se satisface dicho requisito; y de los restantes, así lo indica el promovente. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. NOTIFÍQUESE; personalmente al, promovente del amparo.
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