Juan Ignacio Larios Contraras
Expediente 849/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 849/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/09/2017
Partes del expediente
- Juan Ignacio Larios Contraras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede y considerando que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa se haya inconformado con lo proveído en auto de ocho de agosto del presente año, en el que se determinó que no existía materia para el cumplimiento; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, negó y concedió la protección de la Justicia Federal, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. Ahora bien, respecto a los cuadernos relativos al incidente de suspensión respectivo manténgase por cuerda separada en términos de lo establecido en el manual señalado en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que antecede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo, fracción XVI y Vigésimo Primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de destrucción, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de julio de dos mil diecisiete. Vistas las copias certificadas del oficio remitido por la autoridad responsable, el auto de doce de junio de dos mil diecisiete y demás constancias relativas al Cuaderno Genérico 5/2016 de Carácter Principal, de las que se advierte que en relación con todos los quejosos y juicios de amparo respecto de los que fue requerida la responsable en diversos autos emitidos en ese cuaderno, a fin de proveer sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, señala que los contribuyentes a los que les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, son únicamente los que a continuación se precisan: No. Juicio de amparo Quejoso Sentencia 1 8496/2015 acumulado al 7993/2015 xxxxxxxxxxxxx Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 2 1661/2015 xxxxxxxxxxxxx Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 3 7396/2015 acumulado al 7263/2015 xxxxxxxxxxxxx Audiencia con sentencia 4 2201/2015 xxxxxxxxxxxxx Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 5 10532/2015 xxxxxxxxxxxxx Audiencia con sentencia 6 7632/2015 xxxxxxxxxxxxx Audiencia con sentencia 7 1922/2015 acumulado al 1835/2015 xxxxxxxxxxxxx Genérica de catorce de noviembre de dos mil dieciséis 8 1927/2015 acumulado al 1768/2015 xxxxxxxxxxxxx Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 9 5503/2014 xxxxxxxxxxxxx Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 10 3275/2015 acumulado al 3094/2015 xxxxxxxxxxxxx Audiencia con sentencia 11 3756/2016 xxxxxxxxxxxxx Audiencia con sentencia 12 5378/2015 xxxxxxxxxxxxx Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 13 6654/2015, acumulado al 5866/2015 xxxxxxxxxxxxx Genérica de catorce de noviembre de dos mil dieciséis 14 2218/2016 acumulado al 2216/2016 xxxxxxxxxxxxx Audiencia con sentencia 15 7309/2015 xxxxxxxxxxxxx Audiencia con sentencia 16 5543/2015 xxxxxxxxxxxxx Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis Ahora bien, en la sentencia de este asunto, se resolvió, entre otras cuestiones, conceder el amparo y protección de la justicia federal para el siguiente efecto: "En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Por tanto, si la autoridad responsable, únicamente realizó procedimiento de fiscalización electrónico en contra de las contribuyentes señaladas y en relación con los juicios de amparo indicados con antelación y entre ellos no se encuentra la parte quejosa ni este asunto, razón por la cual no existen actos que dejar insubsistentes, se determina que no existe materia para el cumplimiento del juicio, en cuanto al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, a saber el único punto por el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de ahí que tampoco pueda emitirse la determinación en términos de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Con lo anterior, se da vista a la parte quejosa por el término de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, para que, de ser el caso, manifieste lo que a su interés legal convenga, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo y una vez transcurrido el plazo, con o sin manifestación alguna, se proveerá lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete. Vistas las copias certificadas del oficio remitido por la autoridad responsable y el auto de doce de junio de dos mil diecisiete dictado en el Cuaderno Genérico 5/2016 de Carácter Principal, de las que se advierte que la autoridad responsable precisa que entre los contribuyentes a los que les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se encuentra el quejoso del juicio de amparo 1661/2015. En vista de lo anterior y en razón de que, entre otras cuestiones, en la sentencia se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el siguiente efecto: "En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En acatamiento a los dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, con fundamento en los artículos 17 y 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, y el 192 de la Ley de amparo, se requiere al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente de la fecha al en que surta efectos la notificación del proveído, informe el cumplimiento dado a la concesión del amparo en los términos apuntados, en relación con el quejoso del juicio de amparo señalado en el primer párrafo y remita las constancias con las que lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa consistente en la cantidad que resulte equivalente a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 1ª./J.57/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 144, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Así como la diversa jurisprudencia P./J.59/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, página 5, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de superior jerárquico del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del plazo referido en párrafos precedentes, ordene cumplir a su inferior jerárquico la ejecutoria dictada, en los términos anteriormente expuestos. Apercibido que de no demostrar que dio las órdenes respectivas, se le impondrá una multa de quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), en los términos precisados en párrafos que anteceden, e incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a trece de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de los autos del que se advierte que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primer Región con residencia en la Ciudad de México, mediante oficio de fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, informó que se estimó necesario realizar una consulta a la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que determine si le compete conocer del recurso de revisión interpuesto. En consecuencia, de no existir impedimento alguno, solicítese a dicho Tribunal Colegiado, que informe del estado procesal que guardan los autos del presente juicio, a fin de poder estar en posibilidad de acordar lo conducente. Notifíquese.
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