Juan Ignacio Gomez Cobarrubias
Expediente 1480/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1480/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Ignacio Gomez Cobarrubias
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a los requerimientos formulado en autos, remite copia autorizada de los proveídos de dieciocho y veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, en los que se puede advertir que: 1. En atención a la diligencia de reinstalación de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en la cual no pudo materializarse tal actuación, se requirió a la Secretaría de Educación del Estado, para que en el término de tres días informara si los trabajadores actores (Fernando Araoz Martínez, Karina Salud Calderón Camacho, Delfino Sandoval Castañeda, María Claudia Alcázar Solís), fueron dadas de alta en el sistema de la propia secretaría; y, 2. Posteriormente, el apoderado jurídico de la parte demandada, esto es, la Secretaria de Educación del Estado, exhibió en original las órdenes de adscripción de cada uno de los trabajadores actores, dándoles vista para que comparecieran ante ese Tribunal Burocrático para su recepción. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos, se aprecia que se reservó proveer en cuanto a las manifestaciones vertidas por Norma Angélica Chávez Cortés, apoderada jurídica de los trabajadores actores y aquí quejosos, mismas que hace consistir en: l. Que el hecho de que los trabajadores cuenten con su oficio de reinstalación a las fuentes de empleo, ello no genera certeza jurídica, al no materializarse como tal esa acción; ll. La parte demandada no ha dado cumplimiento con la cantidad laudada en favor de los actores en el expediente laboral de origen, así como tampoco el pago de la segunda quincena en el mes de octubre del presente año como lo aduce; y, ll. De igual forma, la autoridad demandada no ha realizado ninguna acción tendente a dar de alta la afiliación y/o reincorporación de los trabajadores a su seguridad social, en este caso, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Ahora bien, a efecto de evitar mayores dilaciones en la fase del cumplimiento del presente asunto, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de ampro, se ordena vincular al cumplimiento del fallo protector a la Secretaría de Educación del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación que se le practique del presente auto, realice lo siguiente: a) Informe a este órgano jurisdiccional lo relativo a las reinstalaciones de los trabajadores actores en el expediente laboral 1375/2012 del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, allegando el soporte documental que así lo acredite; b) Compruebe fehacientemente las gestiones administrativas a la fecha, relativas al pago de lo laudado a los trabajadores, así como cualquier otra percepción erogada en favor de los mismos; y, c) Precise a su vez, los trámites administrativos sobre el alta de los trabajadores a su seguro social en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Lo anterior, sin que sea obstáculo el hecho de señalar a la Secretaría de Educación del Estado como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, al ser parte tercera interesada en el sumario en que se actúa, puesto que así lo prevé la tesis la XI.1o.A.T.8 A (11a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito (Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito), undécima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Julio de 2023, Tomo Ill, con registro digital 2026880, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO TIENE LA OBLIGACIÓN DE VINCULAR A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN O DEBAN TENER INTERVENCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD QUE LES ASISTA EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL O EN EL PROCESO DE ORIGEN. Hechos: Un grupo de personas promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamaron del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán aspectos relacionados con la ejecución del laudo en el que se condenó a la patronal a reinstalarlos y a cubrir diversas prestaciones de índole laboral. En la etapa de ejecución de la sentencia en la que se les concedió la protección constitucional, el Juez de Distrito se negó a vincular a su cumplimiento a la persona moral oficial demandada en el juicio laboral de origen, argumentando que tiene el carácter de tercera interesada en el juicio de amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el juzgador de amparo, en la etapa de ejecución de la sentencia constitucional, está obligado a vincular a cualquier autoridad que tenga o deba tener intervención en su cumplimiento, al margen de la calidad que le asista en el juicio de derechos fundamentales o en el proceso de origen. Justificación: Lo anterior, porque de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 137/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que la etapa de ejecución de sentencia es un procedimiento creado para hacer cumplir las ejecutorias de amparo, que son de orden público y, por ende, obligatorio para todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias. Asimismo, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para lograrlo eficazmente. En consecuencia, el juzgador de amparo tiene la obligación de vincular a las autoridades que sean necesarias para lograr el cumplimiento del fallo constitucional, al margen de la calidad que tengan dentro del juicio constitucional (verbigracia, tercera interesada) o del proceso del que derivan los actos reclamados; máxime cuando, por ejemplo, la autoridad que se debe vincular a su cumplimiento tiene la calidad de demandada en el juicio laboral burocrático de origen y en su contra se fincó laudo de condena, pues no hacerlo posterga innecesariamente el trámite de la etapa de ejecución de la sentencia, ya que de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 74/2018 (10a.) de la citada Segunda Sala, se advierte que el recurso de queja es improcedente contra la determinación del Juez de Distrito que se niega a vincular a autoridades distintas de la responsable." Por su parte, se requiere al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, para que dentro del mismo término, de cumplimiento con el fallo constitucional y vigile que la parte demandada actúe con diligencia, pues en caso de no ser así, deberá hacer efectivos los apercibimientos aplicables al caso concreto. Con el apercibimiento a ambas autoridades que de no cumplir con lo anterior, o no informar el impedimento legal que para ello tengan, sin causa justificada, se les impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con los citados artículos 192, 193, así como 238, primer párrafo, y 258, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, en atención a lo manifestado por la autoridad responsable, se comisiona a alguno de los actuarios o actuarias de la adscripción, para que se constituya en las instalaciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, con el fin de que le requiera a la Presidenta de ese órgano laboral, en cuanto persona física (Gabriela Villaseñor Ferreyra), su Registro Federal de Contribuyente, así como su domicilio fiscal, toda vez que en determinación de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento de multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA). Notifíquese por lista, mediante oficio a las autoridades respectivas y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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