Juan Ignacio García Pedriche
Expediente 1422/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1422/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 13/05/2021
Partes del expediente
- Juan Ignacio García Pedriche
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de mayo de dos mil veintiuno. Copias. *** tercero interesado solicita copia certificada de la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se autoriza la expedición de las copias certificadas, a su costa, previa razón que por su entrega se asiente en autos de la persona que las reciba. En el entendido que deberá comparecer debidamente identificado con credencial oficial vigente , y copia simple de la misma para glosarla a los autos. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá atender a los lineamientos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado por las copias certificadas requeridas. Se devuelve expediente al archivo. Finalmente, se ordena devolver el expediente al archivo. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. ? Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Depúrese el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV , del Acuerdo General Conjunto de referencia, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada; por lo que se ubica en la hipótesis prevista en artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documento(s). No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa y tercera interesada que se ubican en el punto segundo, inciso XVIII , del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado, pues anexaron copias certificadas y simples de diversas constancias. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de los documentos antes precisados, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastro del Estado de Puebla, la copia certificada del expediente administrativo registral RAR-79/2019 que remitió en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en autos, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Notifíquese.
- Incidental
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. ? Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Depúrese el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV , del Acuerdo General Conjunto de referencia, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada; por lo que se ubica en la hipótesis prevista en artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documento(s). No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa y tercera interesada que se ubican en el punto segundo, inciso XVIII , del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado, pues anexaron copias certificadas y simples de diversas constancias. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de los documentos antes precisados, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastro del Estado de Puebla, la copia certificada del expediente administrativo registral RAR-79/2019 que remitió en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en autos, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes mediante auto del veinte de septiembre de dos mil diecinueve, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, sin que se hayan pronunciado al respecto; por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de derechos, constituye una cuestión de orden público. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia del veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. . a) El Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, deje insubsistente la resolución de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, emitida en el Recurso Administrativo Registral 79/2019. b) Dicte otra en la que, funda y motivadamente, determine si se admite o no el recurso administrativo registral interpuesto por el quejoso, en la inteligencia que deberá de prescindir de considerar que el objeto de inconformidad del recurrente es sólo controvertir actos del Notario Público Número Treinta y Cinco de la ciudad de Puebla, Estado de Puebla, tal como se precisó en los párrafos 72 y 73 de este sentencia. c) Asimismo, deberá considerar que las únicas hipótesis para desechar el citado medio de impugnación son las establecidas en el artículo 141, fracción II, de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, de modo que de no actualizarse alguna de éstas debe procederse a analizar el fondo del asunto. d) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva conforme a derecho corresponda. e) La concesión del amparo se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la Circunscripción Territorial de Puebla, Estado de Puebla, en virtud de que no se reclamó por vicios propios sino que su ilegalidad se hizo depender de la resolución impugnada. Mediante proveído de doce de septiembre de dos mil diecinueve, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitieran las constancias relativas para acreditarlo. En ese orden, mediante proveído de fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo al Director del Registro Público de la Propiedad en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla remitiendo copia certificada de la resolución de trece de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el recurso administrativo registral RAR-79/2019, de la que se advierte que la autoridad: 1. Dejó insubsistente la resolución dictada el dieciocho de junio de dos mil diecinueve en el recurso administrativo registral RAR-79/2019 así como su notificación realizada el diecinueve de junio del presente año. 2. Emitió otra, en la que acatando los lineamientos de la ejecutoria de amparo con libertad de jurisdicción determinó admitir a trámite el recurso interpuesto contra el acto de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve y, una vez analizados los agravios esgrimidos por el recurrente en términos de lo dispuesto por el artículo 141, fracción II de la Ley del Registro Público del Estado de Puebla resolvió confirmar el acto registral impugnado. Tal como se advierte de las siguientes reproducciones: ... Por su parte, el Registrador Público de la Propiedad de la circunscripción territorial de Puebla, se pronunció al respecto mediante oficio IRCEP-DRPP-RPP-PUEBLA-1805/2019, de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Ahora, la protección constitucional se concedió para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución emitida en el recurso administrativo registral *** de fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve; dictara otra en la que fundada y motivadamente determinara si admitía o no el recurso interpuesto, prescindiendo de considerar en dicha determinación que el objeto de inconformidad del recurrente era sólo controvertir actos del Notario Público Número Treinta y Cinco de la ciudad de Puebla, Estado de Puebla, debiendo considerar que las únicas hipótesis para desechar el citado medio de impugnación son las establecidas en el artículo 141, fracción II, de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, de modo que de no actualizarse alguna de éstas debía procederse a analizar el fondo del asunto y, una vez hecho lo anterior, en libertad de jurisdicción resolviera conforme a derecho; por su parte la autoridad responsable emitió resolución el trece de septiembre de dos mil diecinueve en la que dio total cumplimiento a lo anterior, como se advierte de la constancia que anexó a su oficio IRCEP-DRPP-8376/19. Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridades responsables referidas en párrafos precedentes, con las constancias antes transcritas, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, con lo que se concluye que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Tercero interesado realiza manifestaciones. Visto el escrito de cuenta de ***, por medio del cual manifiesta que la resolución emitida por el Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla en el recurso administrativo registral RAR-79/2019 se encuentra debidamente fundada y motivada, dando así cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes, en atención a que en líneas precedentes, se proveyó lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte tercera interesada.
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