Juan Ignacio Esqueda Hernández
Expediente 1123/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1123/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 25/03/2019
Partes del expediente
- Juan Ignacio Esqueda Hernández
- Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en atención a su contenido, remítase las constancias que solicita en copia certificada, para los efectos legales a que haya lugar..
- Principal
Visto el estado procesal que guarda los presentes autos se declara que ha quedado firme la resolución de cumplimiento, se ordena archivar los presentes autos, se estima que el expediente en que se actúa es susceptible de depuración.
- Principal
Vistos los presentes autos, al haber sido reparada la violación constitucional relativa, se tiene por cumplida la sentencia de amparo.
- Principal
Querétaro, Querétaro, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad responsable que lo suscribe, mediante el cual, manifiesta la imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos que se precisaron en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo 5/2018, del índice del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, que se hacen consistir en: "1. Dejen insubsistente el auto de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete y, su respectiva notificación. 2. De determinar el inicio de procedimiento disciplinario, ordenen la notificación del mismo informando con toda precisión los hechos o conductas que dieron origen a tal procedimiento, esto es, llevando a cabo la entrega de los exámenes respectivos que no aprobó, con la debida reserva confidencial en términos de las disposiciones aplicables, sin que dicha circunstancia, exima a las autoridades responsables de la obligación de continuar cubriendo las percepciones habituales del quejoso, hasta en tanto, de así estimarlo, inicie el procedimiento disciplinario en su contra, al no existir actualmente, impedimento alguno para proceder en esos términos." (Reverso foja 236). Ahora bien, del estado que guarda los autos, se advierte que el Secretario del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, a través del oficio SSPM/CHJ-188/2018, solicitó al Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro, información respecto a las evaluaciones y exámenes de las que fue objeto el quejoso. Ello, a fin de no dejarlo en estado de indefensión y así deducir cuál de las evaluaciones o exámenes no aprobó (poligrafía, entorno socioeconómico, psicología, medicina y toxicología), desde luego en base a las calificaciones y parámetros de evaluación que se tomaron en consideración. Bajo esa premisa, la autoridad responsable vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, en el oficio que se acuerda, menciona que la información que le fue remitida no contiene de manera precisa cual o cuales fueron los exámenes que no acreditó Juan Ignacio Esqueda Hernández (quejoso), para considerarlo como no aprobado, lo que le resulta insuficiente para elementar correctamente el acuerdo de inicio de procedimiento. Al respecto, se desestima acordar de conformidad lo solicitado por el Secretario del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, en el sentido de requerir al Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro, para que le informe de manera específica y precisa cuales fueron los exámenes que no aprobó el elemento policíaco (quejoso) y, estar en condiciones de proceder conforme a derecho. Lo anterior, en vista de que en la propia ejecutoria de amparo, se precisó constreñir a las autoridades responsable, no solo a que, en caso de determinar el inicio del procedimiento disciplinario contra el quejoso, se ordenara la notificación del mismo, informando con toda precisión los hechos o conductas que dieron origen a tal procedimiento, como lo es la entrega de los exámenes respectivos que no aprobó, con la debida reserva confidencial en términos de las disposiciones aplicable. Pues esa circunstancia no implica que en todo caso se considere como tal un inicio de procedimiento, sino que la autoridad responsable debe ponderar en base a los elementos que le son sometidos, o bien, considere pertinentes, si es viable o no determinar el inicio del procedimiento disciplinario contra el quejoso. En cierta medida, la necesidad de incorporar causas diversas a las existentes (información), sería tanto como buscar elementos que en algún momento podrían servir para una posible responsabilidad del quejoso, sujetándolo a determinadas condiciones, que por su naturaleza, puede condicionarse a las autoridades, o bien, al inicio del procedimiento administrativo en sí, no obstante que es la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, quien de así estimarlo, inicie el procedimiento disciplinario contra el quejoso, así lo precisó el órgano revisor en su resolución. Como apoyo a lo anterior, se cita la Tesis I.1o.A.136 A (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Materia Administrativa, número de registro 2012907, de rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES POTESTATIVA. La norma citada establece la posibilidad (bajo el empleo del vocablo "podrá") de que las autoridades facultadas para instruir los procedimientos disciplinarios e imponer sanciones se abstengan de hacerlo, siempre y cuando se surtan las condicionantes que prevé. En tal sentido, se debe precisar que el uso del término "podrá" denota la potestad que el legislador otorgó a dichas autoridades para que, de acuerdo a su libertad de apreciación y de surtirse los requisitos que la propia norma prevé, actúen o se abstengan de obrar en el sentido mencionado; de ahí que, a través de la norma en examen, si bien el legislador condicionó el ejercicio de esa facultad al cumplimiento de determinados presupuestos, ello no implica que en todos aquellos casos en que se colmen la autoridad, forzosamente, deba otorgar ese beneficio al servidor público involucrado, lo que de ninguna manera se traduce en que la decisión de ejercer o no tal prerrogativa se sujete únicamente al arbitrio o capricho de la autoridad, toda vez que, de acuerdo con la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos determinados por ésta, por lo que sus actos estarán siempre acotados por los lineamientos que la ley establece y sujetos a los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación." CÚMPLASE. Así lo acordó y firma el Licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante el licenciado Oscar Suárez López, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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