Juan Ignacio Ernesto Alcocer Granados

Expediente 57/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
57/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Juan Ignacio Ernesto Alcocer Granados

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Decimoprimero, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual transcribe el auto de tres de febrero pasado, del que se advierte que el juicio 78/2013, del que emana el acto reclamado, corresponde a la jurisdicción del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Quincuagésimo Tercero, con residencia en Celaya, Guanajuato, a partir del nueve de enero del año e n curso, de conformidad con el acuerdo 26/2022 del Pleno del Tribunal Superior Agrario. Por lo tanto, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, reexpídase el oficio 1418/2023 de este índice al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Quincuagésimo Tercero, con residencia en Celaya, Guanajuato, a efecto de hacer de su conocimiento el auto de veinte de enero pasado emitido en el presente asunto. Asimismo, devuélvanse los tomos que se allegaron al presente asunto, a dicha autoridad, para los efectos legales a que haya lugar y una vez recibidos, se solicita el acuse correspondiente.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días para interponer el recurso de queja contra el auto de veinte de enero pasado, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Juan Ignacio Ernesto Alcocer Granados. En consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio con anexo signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, con el cual devuelve diligenciado el exhorto del índice de este juzgado, enviado para notificar al quejoso ********************el proveído de veinte de enero pasado emitido en el presente asunto.-

  4. Principal

    Recepción y registro. Visto el oficio 681/2023 signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en la capital, mediante el cual remite, entre otras constancias, la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11 en el Estado de Guanajuato. Acúsese recibo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 57/2023-II. Este juzgado se avoca al conocimiento. Toda vez que mediante auto de trece de enero pasado, dictado en los autos del juicio de amparo directo 33/2023, el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, declinó competencia legal para conocer de la presente demanda a favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad; hágase del conocimiento de la superioridad que este órgano jurisdiccional se avoca a su conocimiento. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El análisis íntegro de la demanda de amparo permite advertir que el quejoso reclama el auto de tres de agosto de dos mil veintidós, dictado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11 en el Estado de Guanajuato, en el expediente 78/2013, mediante el cual negó darle intervención dentro del juicio, por tratarse de un asunto concluido, y porque el doce de enero de dos mil veintidós se sobreseyó el juicio de amparo 587/2021-VIII de este índice, por no haber acreditado afectación alguna en la esfera jurídica de su interés jurídico. Al tener a la vista el juicio de amparo 587/2021-VIII de este índice, por ser un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que el juicio es improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esta causa de improcedencia se actualiza cuando el acto reclamado ya fue materia de una sentencia en un juicio de amparo, que ya causó ejecutoria. Es decir que si 1) el acto reclamado en determinado juicio de amparo verse sobre un acto o una ley que hubiera sido materia de una ejecutoria emitida en otro; y, 2) los juicios respectivos hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso, es un hecho notorio , que el peticionario del amparo Juan Ignacio Ernesto Alcocer Granados, promovió diverso juicio de amparo 587/2021-VIII, del índice de este órgano jurisdiccional, contra de actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Once, en el que se ostentó como persona extraña a juicio en estricto sentido y reclamó "la privación de sus derechos agrarios de la parcela 37 Z-1 P1/12 ubicada en el Ejido La Gallega, en Valle de Santiago, Guanajuato, con motivo del juicio agrario 78/13 de ese índice, promovido por ******** y/o *******contra *******, ********* y el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guanajuato, en el que es tercera interesada *********". En el sumario precedente, el quejoso afirmó ser copropietario de tales derechos agrarios porque fue instituido heredero de los bienes y derechos de su madre, entre estos, los relativos a la titularidad de la parcela enunciada, en el testamento público abierto, protocolizado el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, pasado ante la fe del Notario Público Tres, con ejercicio legal en Valle de Santiago, Guanajuato. El juicio de amparo 587/2021-VIII, se sobreseyó, debido a que el quejoso no demostró su interés jurídico para acudir a la instancia constitucional, pues alegó ser persona tercera extraña en estricto sentido dentro del juicio agrario 78/2013 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Once, lo que pretende sustentar con la copia certificada del testamento público abierto a bienes y derechos de su madre, que comprenden los relativos a la titularidad de la parcela defendida: adujo también que fue instituido heredero junto con sus hermanos Víctor Manuel, Laura, César Bernardo y Ulises Gabriel, todos de apellidos Alcocer Granados. No obstante dicho testimonio resultó insuficiente para acreditar derechos los derechos agrarios materia de litis. Lo anterior, toda vez que si bien fue designado heredero en la lista de sucesión, no era heredero preferente, lo cual lo excluía de la totalidad de los derechos agrarios materia de la disposición testamentaria referida. La sentencia que sobreseyó el juicio de amparo 587/2021-VIII, causó ejecutoria el treinta y uno de enero de dos mil veintidós. La resolución que es objeto de reseña, constituye hecho notorio para este juzgado federal y para todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, al ser consultable en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE) de la red de intranet, del Poder Judicial de la Federación. En la presente acción constitucional, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado el auto de tres de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente 78/2013, en el cual se negó darle intervención en el juicio, pues se trata de un asunto concluido. Consecuentemente, la demanda de garantías es improcedente por actualizarse la causa de improcedencia invocada, al existir cosa juzgada, respecto a la legitimación al juicio de origen de donde emana el acto reclamado, y por ende, todas y cada una de las actuaciones realizadas con posterioridad, dado que no existe sustento, para que el promovente aduzca que ante la existencia de cualquier acto de autoridad dentro del juicio de origen, pueda interponer varias demandas de amparo, pues la constitucionalidad de los actos reclamados, solamente pueden analizarse en una sola ocasión. La razón subyacente a este criterio pretende incorporar elementos que doten de certeza jurídica en relación a las litis resueltas en sede jurisdiccional y evitar la promoción de tantos juicios de amparo como lo desee la parte quejosa en contra de una ley o un acto, o bien, interferir en la prosecución de un juicio en cualquier momento. Dado que cuando ya fueron analizados en diversa ejecutoria pronunciada por el órgano de control constitucional, lo resuelto en dicha ejecutoria constituye cosa juzgada; es decir, la verdad legal que no admite ulterior recurso ni variación ante la identidad de sujetos y de autoridades, así como del objeto que lo constituye en sí el acto reclamado. En este orden de ideas, se deduce que la finalidad de la institución de la cosa juzgada es dar certeza y definitividad a las situaciones jurídicas sancionadas por la sentencia, pues, de otro modo, los litigios podrían replantearse indefinidamente. A modo de conclusión, el presente asunto se ubica en los primeros supuestos a que se refiere la jurisprudencia del Pleno: I) Falta de titularidad del derecho subjetivo tutelado por la Ley; y II) Ausencia de agravio personal y directo, esto es, inexistencia de un perjuicio, en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo, pues tal circunstancia ya fue determinada en definitiva. Con mayor abundamiento, incluso se descarta la posibilidad de actualizar una excepción a la cosa juzgada conforme a tales parámetros: III) falta de idoneidad de pruebas concretas; y IV) Omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. Toda vez que el acto reclamado consiste en una actuación del juicio agrario 78/2013 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Once, respecto del cual ya se determinó que el quejoso no comprobó su interés jurídico pues la copia certificada del testamento público abierto a bienes y derechos de su madre Ignacia Granados Enríquez, que comprenden los relativos a la titularidad de la parcela 37 Z-1 P1/12, protocolizado en la escritura pública cuatro mil novecientos treinta y siete (4,937) de siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, pasado ante la fe del Notario Público tres, con ejercicio legal en Valle de Santiago, Guanajuato, resultó insuficiente para acreditar los derechos agrarios deducidos del bien inmueble objeto de litis en el juicio agrario de origen, que es la misma con la que se pretende demostrar dicho interés en esta instancia. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones X y XI de la ley de la materia, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu; se desecha de plano la demanda de amparo. Información sobre el esquema de "juicio en línea". De conformidad con el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales , se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: Transparencia y protección de datos personales. Con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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