Juan Ignacio de la Cajica Marín

Expediente 1510/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1510/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
30/10/2015

Partes del expediente

  • Juan Ignacio de la Cajica Marín

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV A Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de diecinueve de octubre del año en curso (fojas 15 y 16), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por JUAN IGNACIO DE LA CAJIGA MARÍN; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA IV A Agréguese a los autos, para los efectos legales consiguientes, el escrito del quejoso JUAN IGNACIO DE LA CAJIGA MARÍN, por el que en cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de catorce del actual, manifiesta que sí tuvo intervención en el expediente 814/2014, con el carácter de coactor, ya que conjuntamente con su cónyuge firmó el divorcio voluntario. Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Con esa base, resulta pertinente precisar que el acto aquí reclamado, consiste en el requerimiento realizado al quejoso, para que cumpla voluntariamente la sentencia dictada en el expediente 814/2014 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, y se presente a firmar dentro del termino de cinco días la donación de un inmueble ubicado en la calle El Dean del Fraccionamiento Puerta de Hierro, casa número ocho, en la ciudad de Puebla, Puebla, a favor de Eduardo Gabriel de la Cajiga Moreno. Asimismo, en el escrito aclaratorio de cuenta, el quejoso refiere que tuvo intervención en el expediente 814/2014 de que se trata, con el carácter de coactor, ya que conjuntamente con su cónyuge firmó el divorcio voluntario. Por tanto, se aprecia que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, debido a que de la interpretación sistemática de dichos numerales se pone de manifiesto que el juicio de amparo biinstancial sólo será procedente, respecto de actos de ejecución de sentencia, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual serán reclamables las violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso. Esos aspectos, no se colman en la especie, toda vez que el impetrante de amparo reclama en esta vía constitucional el requerimiento que se le realizó para que cumpla voluntariamente la sentencia dictada en el expediente 814/2014 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, y se presente a firmar dentro del termino de cinco días la donación de un inmueble ubicado en la calle El Dean del Fraccionamiento Puerta de Hierro, casa número ocho, en la ciudad de Puebla, Puebla, a favor de Eduardo Gabriel de la Cajiga Moreno. Acuerdo que fue emitido en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en el juicio natural, por lo que es evidente que el acto reclamado no fue dictado dentro de juicio, si no en su etapa de ejecución. En ese tenor, el quejoso es parte en el juicio de referencia, ya que es actor en el mismo, por lo que fue oído en dicho juicio, en el que se dictó sentencia en su contra, motivo por el cual la autoridad responsable se encuentra actuando en la etapa de ejecución de la sentencia respectiva. Lo anterior pone de manifiesto que indefectiblemente el juicio civil de referencia, se encuentra en etapa de ejecución, el acuerdo que reclama está vinculado con el cumplimiento de la condena y no constituye la última resolución en el periodo de ejecución de sentencia, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, en términos del precepto 107, fracción IV, párrafo segundo, de la propia ley, ya que por tal, debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; por tanto, el acto reclamado, no puede ser combatido a través del juicio constitucional. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Asimismo, es aplicable la tesis VIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 230, tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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