Juan Ignacio Cuarenta Orozco

Expediente 1932/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 42 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1932/2016
Año
2016
Actuaciones
42
Última actuación
10/01/2018

Partes del expediente

  • Juan Ignacio Cuarenta Orozco
  • Juan Ignacio Cuarenta Orozco y Otros.
  • Adída García García
  • Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Toluca, México; diez de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta por el cual el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, devuelve debidamente diligenciado el exhorto, enviado con la finalidad de notificar el auto de dos de enero de dos mil dieciocho (fojas 1074 a la 1075), al quejoso Juan Ignacio Cuarenta Orozco; y en términos del artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase por debidamente notificado al quejoso del auto de dos de enero de la presente anualidad (fojas 1074 a la 1075). Finalmente, como lo solicita el titular oficiante acúsesele el recibo de estilo de la devolución del comunicado oficial de cuenta. Por otra parte, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o bien, en el lugar de su reclusión; la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional, a fin de que éste se encuentre en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal convenga, y no hacer nugatorio su derecho de acceso a la justicia, por tanto, ante determinaciones que no tengan la finalidad de impulsar el procedimiento (como en la especie), o tratándose de la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario ordenar la notificación de manera personal. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Liliana Lozano Mendoza, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/6498/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; quien actúa con la Secretaria Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza y da fe. Doy fe

  2. Principal

    VII. Toluca, México; dos de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa y ministerio público tercero interesado no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas, del estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que no existe nada pendiente por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales deberán ser digitalizadas. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, resguárdese en el archivo de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto se proceda a su destrucción material. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Finalmente, toda vez que el quejoso actualmente se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", ubicado en Tepic, Nayarit, el cual se localiza fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con copia de este proveído, envíese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit con residencia en Tepic, en turno, con el objeto de que en auxilio a las labores de este órgano jurisdiccional, incluso en días y horas inhábiles como lo establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, se sirva notificar al quejoso Juan Ignacio Cuarenta Orozco, la presente determinación en el lugar de su reclusión. Por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese; y por exhorto a la parte quejosa en el lugar donde se encuentra recluido. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretario Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza, firma y da fe. jvg

  3. Principal

    VII.- Por recibido el comunicado de cuenta, por medio del cual el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 1207/2017-VII orden 1234/2017-VII, por el cual se encomendó la notificación personal al quejoso Juan Ignacio Cuarenta Orozco del auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguense a los autos para que obren como corresponda, háganse las anotaciones conducentes, sin acusar el recibo correspondiente, toda vez de que el trámite del juicio en línea es consultable para ambos órganos jurisdiccionales; asimismo, acorde con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase por notificado al quejoso del proveído en comento, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o bien, en el lugar de su reclusión; la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional, a fin de que éste se encuentre en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal convenga, y no hacer nugatorio su derecho de acceso a la justicia, por tanto, ante determinaciones que no tengan la finalidad de impulsar el procedimiento (como en la especie), o tratándose de la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario ordenar la notificación de manera personal.

  4. Principal

    VII.- Por recibido el comunicado de cuenta, por medio del cual la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, devuelve diligenciado el exhorto 1081/2017-VII (orden 1108/2017), por el cual se encomendó la notificación personal al quejoso Juan Ignacio Cuarenta Orozco de los autos de seis de septiembre, dos y veintitrés de octubre de dos mil diecisiete y hacer entrega de las copias relativas a los oficios 7744/2017 y 9200/2017. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda, háganse las anotaciones conducentes y acúsese el recibo de estilo; asimismo, acorde con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase por notificado al quejoso de los proveídos y constancias en comento, para los efectos legales procedentes. Así las cosas, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesada en proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: - Aída García García en su carácter de defensora de Juan Ignacio Cuarenta Orozco, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad siguientes: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Como autoridad ordenadora y ejecutora: Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca. IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad responsable: El auto de formal prisión dictado a mi patrocinado JUAN IGNACIO CUARENTA OROZCO, en fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, notificado personalmente al suscrito en misma fecha, dentro de los autos de la causa penal 48/2015; así como la prosecución de dicho proceso penal instaurado en contra de mi defenso." Mediante sentencia firmada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Ignacio Cuarenta Orozco, en contra del acto y autoridad y en términos del considerando que antecede del presente veredicto." Inconformes con la anterior resolución, la Agente del Ministerio Público Federal adscrita y Defensora Pública Federal adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, interpusieron recursos de revisión, de los cuales tocó resolver al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mismo que en sesión celebrada el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, resolvió: Amparo en revisión 105/2017. "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Para los efectos precisados en el último considerando de la resolución controvertida, la Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Ignacio Cuarenta Orozco, contra la autoridad responsable y acto precisado en el resultando primero de la misma." Amparo en revisión 111/2017. "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Ignacio Cuarenta Orozco, contra la autoridad responsable y acto precisado en el resultando primero de la misma." La concesión del amparo fue para el efecto de que: "a).- Deje insubsistente el auto de formal prisión emitido el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de la causa penal 48/2015; b).- Emita otra resolución en la que con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del justiciable, en la que reitere los aspectos que no fueran motivo de la concesión como lo fue el precisar en qué consistió la conducta relevante para el delito de evasión de presos, el sujeto activo y pasivo, el bien jurídico tutelado, la consumación y la forma de realización del delito -como lo hizo al resolver el auto de bien preso combatido-, al que deberá añadir: I).- Si la conducta que se cometió fue a título doloso o culposo; II).- El tipo de resultado ocasionado, material o formal; III).- La naturaleza de la conducta, es decir, si fue de acción u omisión, o en su caso, de omisión simple o comisión por omisión, y para el caso de optar por este último supuesto, atender el contenido del artículo 7° del Código Penal Federal, para establecer cuál era la conducta concretamente exigible y la fuente de la obligación de la conducta a la que estaba obligado, es decir, si derivaba de una ley, un contrato o de un actuar precedente; IV).- Destacar el nexo de causalidad o atribuibilidad, entre el resultado y la conducta; V).- Precisar las circunstancias de ejecución (lugar, tiempo, modo u ocasión) en que se consumó el delito; VI).- Si la conducta delictiva es de las consideradas instantánea, permanente o continuada; VII).- Así como las circunstancias modificativas (atenuantes y agravantes) que estime actualizadas. VIII).- Con base en todo lo anterior motivar la acreditación de los elementos integradores del tipo en cuestión, pero en forma destacada, como acertadamente lo precisó el juez de Distrito recurrido, cómo y de qué manera, el actuar del justiciable llevó a favorecer la evasión del reo tantas veces invocado, aun cuando la conducta atribuida al quejoso fue cuando éste ya se encontraba en libertad." En ese tenor, por auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se solicitó a la responsable obligada para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En acuerdos de seis de septiembre y veintitrés de octubre, ambos de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidos los oficios 7744/2017 y 9200/2017, por los cuales la autoridad responsable, en el primero insertó el auto emitido el cinco de septiembre del año en curso, y al segundo adjuntó copia certificada del auto de formal prisión dictado contra el quejoso el diecinueve de octubre del año en curso, ambos en la causa 48/2015, de lo que medularmente se advierte: Que por auto de cinco de septiembre del año en curso, dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el catorce de diciembre de dos mil dieciséis en la causa penal 48/2015 y su acumulada 55/2015-V; y, Emitió un diverso auto de plazo constitucional en el que resolvió dictar auto de formal prisión contra el quejoso, conclusión a la que arribó al reiterar los aspectos que no fueron motivo de la concesión como lo fue el preciar en qué consistió la conducta relevante para el delito de evasión de presos, el sujeto activo y pasivo, el bien jurídico tutelado, la consumación y la forma de realización del delito, al que con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada añadió: a). Que la conducta que se cometió fue a título doloso; b). En cuanto al vínculo entre la conducta y el resultado material (nexo normativo), precisó sustancialmente: "que se encuentra fundamentada no en la causalidad natural que se presenten los delitos de acción, sino la disposición legal que señala el deber de evitación del resultado a cargo de un sujeto, de ahí, el nombre de nexo normativo, ya que es la propia norma la que establece la vinculación entre la omisión el resultado. En ese sentido, la no evitación de la fuga del interno por parte del sujeto activo equivalió a la causa de acción activa del resultado, en tanto que no evitó su producción, esto es, su evasión. lo que tuvo como resultado (material) la fuga del citado procesado. con lo que quedó acreditado el nexo normativo entre la conducta omisiva y el resultado producido." c). Precisó que la naturaleza de la conducta fue de comisión por omisión, atendiendo el contenido del artículo 7° del Código Penal Federal, pues estableció cuál era la conducta concretamente exigible y la fuente de la obligación de la conducta a la que estaba obligado, es decir, que ésta derivó de su actuar como servidor público en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, cuyas normas aplicables se rigen por el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, en sus artículos 1, 4, 56, 76, fracción XVI, 78 y 102 y Manual de Seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social, en sus artículos 1, 7, 52, 53 y 68, así como el protocolo de actuación en caso de intento de evasión y/o fuga de interno. d). Destacó el nexo de atribuibilidad de la acción al resultado. e) Precisó las circunstancias de ejecución (lugar, tiempo, modo u ocasión) en que se consumó el delito. f). Al haber analizado los elementos del delito estableció que la conducta relacionada, por su consumación se trata de un hecho delictuoso permanente. g). Determinó como agravante la circunstancia de que el inculpado aquí quejoso cuenta con la calidad de servidor público, y expuso las circunstancias que lo llevaron a considerar tal cuestión. h). Y, motivó la acreditación de los elementos integradores del tipo en cuestión, pero en forma destacada, de qué manera, el actuar del quejoso llevó a favorecer la evasión del reo tantas veces invocado, aun cuando la conducta atribuida al quejoso fue cuando éste ya se encontraba en libertad. Ahora, de la relación de constancias, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos, pues se advierte que la autoridad responsable, dejó insubsistente el auto de formal prisión emitido el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de la causa penal 48/2015 y emitió otra resolución en la que con libertad de jurisdicción, resolvió la situación jurídica del quejoso, en la que reiteró los aspectos que no fueran motivo de la concesión como lo fue el precisar en qué consistió la conducta relevante para el delito de evasión de presos, el sujeto activo y pasivo, el bien jurídico tutelado, la consumación y la forma de realización del delito, al que añadió: a). Si la conducta que se cometió fue a título doloso o culposo; b). El tipo de resultado ocasionado, material o formal; c). La naturaleza de la conducta, es decir, si fue de acción u omisión, o en su caso, de omisión simple o comisión por omisión, y para el caso de optar por este último supuesto, atender el contenido del artículo 7° del Código Penal Federal, para establecer cuál era la conducta concretamente exigible y la fuente de la obligación de la conducta a la que estaba obligado, es decir, si derivaba de una ley, un contrato o de un actuar precedente; d). Destacó el nexo de causalidad o atribuibilidad, entre el resultado y la conducta; e). Precisó las circunstancias de ejecución (lugar, tiempo, modo u ocasión) en que se consumó el delito; f). Si la conducta delictiva es de las consideradas instantánea, permanente o continuada; g). Así como las circunstancias modificativas (atenuantes y agravantes) que estimó actualizada. h). Motivó la acreditación de los elementos integradores del tipo en cuestión, es decir, cómo y de qué manera, el actuar del justiciable llevó a favorecer la evasión del reo, aun cuando la conducta atribuida al quejoso fue cuando éste ya se encontraba en libertad. Por lo que los efectos de la sentencia concesoria de amparo se encuentran colmados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Luego, dado que el quejoso actualmente se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", ubicado en Tepic, Nayarit, el cual se localiza fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con copia de esta determinación, envíese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit con residencia en Tepic, en turno, con el objeto de que en auxilio a las labores de este órgano jurisdiccional, incluso en días y horas inhábiles como lo establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, se sirva notificar al quejoso Juan Ignacio Cuarenta Orozco, la presente determinación en el lugar de su reclusión. Notifíquese; y por exhorto al quejoso en el lugar de su reclusión.

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