Juan Ignacio Corona Loya

Expediente 1977/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1977/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Juan Ignacio Corona Loya

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que obran en este recinto judicial las pruebas que se allegaron con motivo de la tramitación del presente; atento a lo anterior, se ordena la devolución de los medios de convicción antes referidos a su lugar de origen, en razón de que su permanencia en este recinto judicial ya no es necesaria.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, que suscribe el Juez Vigésimo Tercero Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y ; por consiguiente, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y téngasele acusando de recibido.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 896/2022-V, promovido por José Angel Galván Chávez, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia Especializada en Materia Mercantil y Justicia Integral para Adolescentes de Ciudad Guzmán, Jalisco y Secretario de Acuerdos del mismo órgano, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. José Angel Galván Chávez, el nueve de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Juez de Primera Instancia Especializada en Materia Mercantil y Justicia Integral para Adolescentes de Ciudad Guzmán, Jalisco y Secretario de Acuerdos, que se precisará en el considerando correspondiente. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular dictó proveído en once de mayo de dos mil veintidós, en que ordenó: admitirla a trámite y registrarla bajo expediente 896/2022-V; pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el acto reclamado, se atribuye a una autoridad especializada en materia civil, que tiene su residencia oficial dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se le impune multa por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos M.N.00/100), a la parte quejosa, en el expediente 166/2019, del índice del Juzgado de Primera Instancia Especializada en Materia Mercantil y Justicia Integral para Adolescentes de Ciudad Guzmán, Jalisco. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Juez de Primera Instancia Especializada en Materia Mercantil y Justicia Integral para Adolescentes y Secretario de Acuerdos Adscrito, al rendir informe con justificación, reconocieron la existencia del acto que se le atribuye. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo cual se corrobora con las constancias que acompañaron a su informe justificado, relativas al expediente 166/2019, documentales con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, ya que son documentos públicos elaborados o expedidos por servidor público en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia. Apoya expuesto la tesis de jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que dispone: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Atento a que la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y de estudio preferente, a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar el sumario a efecto de determinar si se actualiza alguna causa de improcedencia. Al respecto, este Juez Federal, de oficio, advierte que opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en concomitancia con los numerales 1°, fracción I, y 5 fracción II del mismo ordenamiento, por lo que ve a los actos reclamados al secretario de acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia Especializada en Materia Mercantil y Justicia Integral para Adolescentes de Ciudad Guzmán, Jalisco, de conformidad con lo estatuido por el artículo 112, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, pues si bien entre las facultades del referido secretario, se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el titular; sin embargo, dicha función asignada no implica que éste resuelva conjuntamente con aquél, quien es el único responsable de sus fallos, ya que el aludido funcionario judicial solamente autoriza lo actuado, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, ni ejecutora, siendo por ello que, en esos casos, no le asiste el carácter de autoridad para efectos del amparo. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia III.2o.C. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito, con registro digital 180248, observable en la página 2292 del Tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional." En efecto, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable en cuestión (secretario de acuerdos), se actualiza la causa de improcedencia en análisis, toda vez que éste carece de facultades de decisión y ejecución cuando solamente suscribe o autoriza las resoluciones judiciales dictadas por el titular, por lo que, como se ha manifestado, su función, en el asunto en estudio, es principalmente la de dar fe de lo actuado por el titular del juzgado, como se desprende de los artículos 83, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles y 112, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos del Estado de Jalisco, que rezan: "Artículo 83. Las resoluciones judiciales son: (.) III. Sentencias definitivas o interlocutorias, según que decidan el negocio principal o un incidente, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia. "Artículo 112. Los secretarios de acuerdos tienen las siguientes obligaciones: (.) II. Autorizar con su firma toda clase de resoluciones, actas, despachos, exhortos, y demás actuaciones que practique el Juez; ¨ (.)". Por ende, no puede considerársele como autoridad responsable en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, porque no dicta, ordena, ni trata de ejecutar los actos reclamados en cita. Bajo ese contexto, lo procedente es sobreseer en el presente sumario constitucional respecto de los actos atribuidos a dicha autoridad, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 5°, fracción II, de la legislación en estudio. QUINTO. Conceptos de violación. Al no invocar las partes diversa causa de improcedencia, ni de oficio, se advierte su configuración, procede estudiar los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. En principio, es menester señalar que la litis en el presente juicio de amparo, se centra en determinar si es legal el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente 166/2019, del índice de la responsable, mediante el cual se impuso una multa de $3,000.00 tres mil pesos, a la parte quejosa, en atención a los conceptos plasmados por el quejoso en su demanda. Antecedentes y fundamentos de los actos reclamados. Para mejor compresión del asunto, se realiza una breve relación de los antecedentes del acto reclamado, los que se desprenden de las copias certificadas del juicio de origen, allegadas por la autoridad responsable, en los términos siguientes: El veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, José Ángel Galván Chávez, por derecho propio, en la vía mercantil ejecutiva demandó la acción cambiaria directa, en contra de María Isela Paredes Martínez. El treinta de enero de dos mil diecinueve, la Juez de Primera Instancia Especializada en Materia Mercantil y Justicia Integral para Adolescentes, admitió la demanda y ordenó requerir de pago por las prestaciones reclamadas y en caso de no hacerlo prevenir para que señale bienes para su embargo, y le advirtió a la parte actora que de no ejecutar la citada resolución dentro de los 120 días hábiles y/o decretar la caducidad de la instancia se haría acreedor a una multa de $1,000.00 mil pesos 00/100 moneda nacional y toda vez que el domicilio de la demandada se encontraba en Tuxpan, Jalisco, ordenó girar despacho al juez menor de dicha localidad para llevar a cabo la citada diligencia. Auto de siete de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual, el Juez Menor de Tuxpan, Jalisco, tuvo por recibido el despacho de la Juez de Primera Instancia Especializada en Materia Mercantil y Justicia Integral para Adolescentes y ordena el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la demandada en el juicio de origen. Acta de requerimiento de pago y embargo de cuatro de abril de dos mil diecinueve. Acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual se tiene por recibido el despacho, diligenciado por el juez menor de Tuxpan, Jalisco. Auto de once de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual, decreta la caducidad de la instancia y se levanta el embargo practicado, trabado sobre los bienes de María Isela Paredes Martínez, y requirió al depositario judicial José Ángel Galván Chávez, para la entrega de los bienes a la parte demandada, en el término de tres días, apercibiéndolo que de ser omiso se le impondría una multa por $3,000.00 tres mil pesos. Acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós, donde se señala que, en virtud de que no fue recurrido el auto donde se decretó la caducidad de la instancia, se declara que ha causado ejecutoria el mismo, haciendo efectivo el apercibimiento de once de marzo de dos mil veintidós, e impone una multa de tres mil pesos, a José Ángel Galván Chávez. Acuerdo que constituye el acto reclamado. La parte quejosa alude que se violaron en su perjuicio sus derechos humanos fundamentales consagrados en el precepto 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque, no se funda ni motiva, explicando razonada y lógicamente las razones del monto fijado como sanción dado que la ley de la materia establece en rango entre un mínimo y un máximo a imponerse, de ahí que la cantidad que impuso debe ser plenamente justificada, por lo que asevera que la misma al carecer de tal razonamiento, no se encuentra fundada y motivada, asimismo, señaló que hay violación al principio de estricto derecho, porque actúan defendiendo los intereses de la parte demandada y actúan en su representación. Dichos argumentos resultan fundados. Los artículos 14 y 16 Constitucionales Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen que: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" "Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" De dichos preceptos legales se desprende el principio de seguridad jurídica, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que se encuentra vinculado a los principios de fundamentación y motivación previstos en el diverso 16, que deben imperar en toda resolución o acto gubernamental. En efecto, al hacer una interpretación conjunta y armónica de los principios de legalidad y seguridad jurídica, que consagran los preceptos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación, requieren para ser legales, entre otros requisitos e imprescindiblemente, que sean emitidos cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por escrito y debidamente fundados y motivados, entendiéndose esto último, como la cita del precepto legal aplicable al caso, así como las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a emitir su determinación. En caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se estará ante un acto ilegal de autoridad, dejando en estado de incertidumbre jurídica al gobernado. Se entiende que el principio de legalidad es la esencia del régimen jurídico de un estado de derecho, pues toda ley, procedimiento, resolución jurisdiccional o administrativa como acto de autoridad, deben ser expresión del derecho en cuanto a que sean elaborados, emitidos o ejecutados por el órgano competente y en la esfera de sus atribuciones. La legalidad consiste pues, en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar un acto privativo o de molestia, para cumplir así con uno de los requisitos formales contenidos en la misma. La exigencia de fundar en la ley, tiene como propósito que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron correctos, o bien, si no estuvieron acordes con la motivación citada, en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. No existen excepciones al cumplimiento de dicho deber, esto es, toda autoridad debe, al emitir un acto, fundarlo en ley, es decir, tener como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirlo y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, ésta es una de las exigencias previstas en el artículo 16 de la Carta Magna. Por lo cual, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, la expresión precisa de los preceptos legales aplicables, y por lo segundo el señalamiento preciso de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. Debiendo existir adecuación entre los preceptos citados y los motivos aducidos, es decir, la actualización de los supuestos normativos. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 2000, tomo III, página 46, de epígrafe: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por su parte el artículo 22 Constitucional, dispone que: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. (.)" De dicho artículo, se desprende que están prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Asimismo, se desprende que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio jurisprudencial de rubro MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES", señaló que las multas excesivas son también aquellas que no permitan a la autoridad impositora cuantificar su monto tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y todas las demás circunstancias que les permitan individualizar la sanción, obligándolas a aplicarla de manera invariable e inflexible, pues provoca excesos y tratamiento desproporcionado en contra de los gobernados. También nuestro alto tribunal en la diversa jurisprudencia "MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES" ha señalado que no pueden considerarse fijas las multas establecidas por el legislador en porcentajes determinados entre un mínimo y un máximo, porque con base en ese parámetro, la autoridad se encuentra facultada para individualizar las sanciones de conformidad con la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor. Ahora el artículo 1067 Bis del Código de Comercio, establece: "Artículo 1,067 Bis. Para hacer cumplir sus determinaciones el juez puede emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que estime pertinentes, sin que para ello sea necesario que el juzgador se ciña al orden que a continuación se señala: I. Amonestación; II. Multa hasta de $8,464.55 (Ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos 55/100 M.N.), monto que se actualizará en términos del artículo 1253, fracción VI; III. El uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras si fuere necesaria, y IV. Arresto hasta por treinta y seis horas; Si el juez estima que el caso puede ser constitutivo de delito, dará parte al Ministerio Público." Atento a lo establecido en el artículo transcrito, es factible arribar a la conclusión de que, para hacer cumplir sus determinaciones, las autoridades jurisdiccionales tienen a su alcance diversas medidas de apremio, entre las que se encuentra la posibilidad de imponer una multa por la cantidad de hasta $8,464.55 (ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos 55/100 M.N.). Es decir, las medidas de apremio, como lo es la multa, constituyen instrumentos jurídico-coactivos establecidas en ley, por medio de las cuales los órganos jurisdicciones que se encuentran facultados para emplearlas, pueden hacer cumplir, dentro de un procedimiento, sus determinaciones cuando éstas han sido incumplidas por su destinatario por contumaz, es decir, son medios jurídicos con los que cuenta la autoridad judicial para vencer la contumacia del requerido. Así, la multa, como medida de apremio, tiene como finalidad hacer cumplir la determinación emitida por una autoridad, cuando a quien corresponde dar cumplimiento a lo ordenado se muestra contumaz, es decir, rebelde injustificadamente a dar cumplimiento, de ahí que sea procedente aplicarle la medida de apremio para vencer la resistencia con la que se conduce y dé cumplimiento a lo que se le ordena. En el caso concreto, se desprende que la quejosa se duele del auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, en la cual, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso proveído de once de marzo de dos mil veintidós, y se impuso multa, de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.), dictado en el expediente 166/2019, del índice de las responsables. Por otra parte, del proveído que dio origen al auto recurrido, se observa que el juez responsable no expuso razonadamente las circunstancias en particular, por las que determinó la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.), como multa prevista en la fracción II del artículo 1,067 Bis del Código de Comercio. Pues en el auto de once de marzo de dos mil veintidós, estableció lo siguiente: "En ese sentido requiérase al depositario judicial JOSE ANGEL GALVAN CHAVEZ a efecto que dentro del término de 03 tres días, contados a partir de que sea legalmente notificado, entregue los bienes embargados a la parte demandada y que acredite a este juzgado haberlos entregados los bienes que fueron embargados y que quedaron bajo su resguardo, apercibido de que de ser omiso, se le impondrá como medio de apremio una multa valiosa por la cantidad de $3,000.00 tres mil pesos 00/100 moneda nacional, lo anterior con fundamento en los artículos 1067 Bis fracción II, y 1079 fracción VI y 1077 del Código de Comercio.(.)" En tanto que en el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós, en que se hace efectivo dicho apercibimiento, al efecto se estableció: "[.] Toda vez que por interlocutoria de fecha 11 once de marzo del año 2022 dos mil veintidós se requirió a JOSÉ ÁNGEL GALVÁN CHÁVEZ, para que demostrara dentro del plazo de 03 días ante este Juzgado haber entregado los bienes que fueron embargados a la parte demandada con fecha 09 nueve de abril de 2019 dos mil diecinueve, se podrá ver a fojas 08 ocho de actuaciones y que quedaron en custodia de él, y no haber cumplido con dicha con dicho amonestación, es por lo que se hace efectivo el requerimiento imponiéndole la multa de 3,000 (tres mil pesos moneda nacional 00/100), debiéndose girar oficio a la Oficina de Recaudación Fiscal No. 19 en Ciudad Guzmán, Jalisco, para que requiriera a JOSÉ ÁNGEL GALVÁN CHÁVEZ, en la finca marcada con el número 56 de la calle Matamoros, respecto a la multa señalada en renglones precedentes, independientemente de las acciones que pudiera hacer valer el demandado MARÍA ISELA PAREDES MARTÍNEZ, de conformidad a lo que establece el artículo 1067 Bis y 1077 del Código de Comercio. [.]" Cabe destacar que, nuestro alto tribunal ha sostenido que cuando en la imposición de una multa se establece un máximo y un mínimo, las autoridades deben fundar las causas para una multa baja, una intermedia o una máxima, ya que todo ello forma un corolario de situaciones diversas que no pueden considerarse en igualdad de condiciones. Es decir, las autoridades deben motivar siempre las sanciones que impongan a los particulares, expresando las razones concurrentes para imponer, sobre todo, una pena superior a la mínima, ya que pueden afectarse gravemente los intereses del sancionado. Orienta a lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en el Volumen LXXIX, Tercera Parte, página 26, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, con registro digital 266445, de rubro y texto siguiente: "MULTAS, FIJACION DE SU MONTO. Cuando para la imposición de una multa se establece un máximo y un mínimo, ello presupone que deben existir bases para determinar concretamente el monto de la sanción impuesta, de lo que se infiere, que la persona a la que se impone la multa estará en posibilidad de atacarla en su cuantía si se le dan a conocer las bases que llevaron a determinarla, quedando por el contrario en situación de no poderse defender si no se le proporcionan dichos dato." Asimismo, sirve de referencia la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Localizable en el Volumen LXXXII, Tercera Parte, página 29, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, con registro digital 266353, que dice: "MULTA, FALTA DE MOTIVACION Y FUNDAMENTACION DEL MONTO DE UNA. Si al imponer una multa se dan los motivos que orillaron a la autoridad administrativa a la aplicación de la sanción que se encuentra regulada por precepto legal entre un máximo y un mínimo; es decir, se funda y motiva la procedencia legal de la imposición de una multa, pero no aparecen en la resolución contenida en el oficio que constituye el acto reclamado, los motivos y razones por las cuales, se le impone a la sociedad quejosa el máximo de la multa debe estimarse no motivada e infundada la resolución reclamada. El arbitrio de la autoridad administrativa para la fijación del monto de la multa, sin establecer grados y sin referirse a circunstancias atenuantes, ni a la gravedad de la infracción para sancionarla conforme a una escala, debe entenderse como la facultad discrecional de dicha autoridad administrativa de razonar la imposición de una multa máxima, lo cual es lógico y jurídico, para que no se llegue a la arbitrariedad. Es decir, que una escala que regula el monto de una sanción, implica el supuesto lógico de que el mínimo debe corresponder a una infracción de menor cantidad que aquella que debe ameritar el máximo, como infracción grave. Es por lo anterior, que existe la obligación de motivar debidamente la gravedad de la infracción cuando se aplica el máximo de la sanción establecida por el precepto. No vale el argumento en el sentido de que la ley no establece grados ni circunstancias atenuantes, porque aunque así fuere por encima del precepto aludido, impera el artículo 16 Constitucional al establecer categóricamente la obligación de las autoridades de motivar debidamente sus actos." Por lo tanto, es evidente que el juez responsable no expresó de forma detallada las razones por las que impuso al aquí quejoso la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.), como multa, pues si bien el artículo 1067 Bis del Código de Comercio, establece que se podrá establecer como medida de apremio una multa de hasta de $8,464.55 (Ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos 55/100 M.N.), no justificó la cantidad fijada. Por último, se hace innecesario analizar el diverso concepto de violación, en virtud de la conclusión arribada por este juzgado al haberse demostrado la ilegalidad del acuerdo reclamado. En las relatadas condiciones, ante lo fundado del concepto de violación que se examinó, lo que procede, es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a José Ángel Galván Chávez, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio mercantil 166/2019, tramitado en la vía mercantil ejecutiva, únicamente en cuanto al monto de la multa ahí impuesta y de conformidad con los razonamientos expuestos en la presente sentencia, y en caso de insistir con libertad de jurisdicción provea lo que en derecho corresponda, purgando los vicios explicados, esto es, cumpla con el principio de fundamentación y motivación. Por lo anteriormente expuesto, fundado se, resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO: La Justicia de la Unión Ampara y Protege a José Ángel Galván Chávez, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Especializada en Materia Mercantil y Justicia Integral para Adolescentes de Ciudad Guzmán, Jalisco, por los motivos y para los efectos establecidos en el último considerando de esta resolución.

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