Juan Ignacio Calvo

Expediente 103/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
103/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • Juan Ignacio Calvo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia que negó el amparo en el presente juicio, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Tomando en consideración que el juez responsable remitió tres legajos de constancias en consecuencia devuélvanse, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del caso, ..., el sumario NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. De conformidad con lo que establecen los Puntos Segundo, fracciones VI, XV y XXIX y Vigésimo Primero, fracciones II, III y último párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009; se hace la observación de que los autos son susceptibles DE DESTRUCCIÓN, pues se negó el amparo. No obra documento original, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 103/2020; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA...Notifíquese personalmente a las partes, una vez que reanuden los plazos conforme a lo previsto por la circular SECNO/29/2020, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal. (Engrosada hasta hoy veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe).

  4. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE EL TERCERO INTERESADO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO; SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2020, QUE EN SÍNTESIS DICE: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 103/2020, promovido por., contra actos del Juez Vigésimo Primero Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El cuatro de febrero de dos mil veinte, la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto considerado violatorio de sus derechos tutelados en el artículo 17 de la Constitución Federal, consistente en: ".la sentencia interlocutoria del recurso de revocación de fecha 09 de enero de 2020." Segundo. Admisión. Previo desahogo de prevención, el diecinueve de febrero posterior, se admitió la acción de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirió informe justificado; y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Tercero. Trámite. Se rindió el informe de ley; se emplazó a la parte tercera interesada y la representante social adscrita no formuló pedimento; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, acorde a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, párrafo único, inciso b), de la Constitución Federal; 54, párrafo primero, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto, donde se reclama una resolución dictada por una autoridad judicial del orden familiar, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La resolución dictada el nueve de enero de dos mil veinte, en el incidente de régimen de convivencias y alimentos, derivado del juicio de divorcio incausado 1278/2018, por el Juez Vigésimo Primero Familiar de la Ciudad de México, correspondiente al recurso de revocación, que revocó el auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, y en su lugar reservó el señalamiento de hora y fecha para citar a oír sentencia. Tercero. Existencia. Es cierto el acto reclamado, como se afirmó en el informe rendido por el juzgador responsable, y se corrobora de las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO..." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron el acto reclamado: (.). Quinto. Conceptos de violación donde el quejoso sostiene: El acto reclamado contraviene las garantías de acceso a la jurisdicción previstas en el artículo 17 de la Constitución Federal, en relación a los ordinales 35, 38, 39, 40, 129, 130, 132 ,133 y 136 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, porque no se administra justicia en los plazos y términos previstos para tal fin. La legislación aplicable prevé como excepciones la litispendendencia y la conexidad, conforme a las cuales el juzgador debe realizar un estudio simultáneo para no emitir fallos contradictorios, empero, la colitigante no las opuso porque siguió el juicio en rebeldía, por lo cual el aplazamiento de la resolución es injustificado. Son infundados los conceptos de violación, los cuales serán analizados como fueron agrupados por implicar temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por el quejoso, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, consta en autos que el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó un acuerdo para atender la pretensión del propio impetrante de acumular la acción que instó con la diversa, tramitada de forma independiente donde su colitigante le demandó obligaciones vinculadas con la liquidación del vínculo familiar, así como los relativos al ejercicio de la paternidad, respecto de sus menores hijos. En dicha actuación el juzgador instructor estableció la improcedencia de la acumulación solicitada, sin embargo, generó una pauta procesal respecto de ambos asuntos, que determinó la forma en que se tendría que resolver el presente, porque indicó que para tales fines debía tomar en consideración las actuaciones del diverso donde el inconforme es demandado. Además, el juzgador familiar estableció que con motivo de la improcedencia de la acumulación solicitada, la tramitación de ambas causas debía seguir por cuerda separada. El acto reclamado se originó con motivo de la aparente composición del proceso instado por el actor y ahora quejoso, en el aspecto demostrativo, porque de entre las pruebas que ofreció en el escrito de demanda para fundar las circunstancias extintivas, modificativas e impeditivas de su contraparte, se desistió de la confesional. Al amparo de tal pretensión, el inconforme solicitó la declaración de que la causa se encontraba lista para dictar sentencia, porque demandó el dictado del fallo, únicamente en la controversia donde es parte actora. Como se advierte de los antecedentes narrados, previo al acto reclamado, el A Quo familiar hizo una declaración de relación entre los procesos que vinculan al quejoso y la tercera interesada, por los derechos que en ambos están de por medio, pues del auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el juzgador familiar estableció que la resolución del incidente de guarda y custodia y alimentos (donde se originó el acto reclamado), debía considerar las actuaciones del diverso relativo a la guarda, custodia, régimen de visitas, convivencias y alimentos. Lo cual implica que el proceso donde se causó el acto reclamado quedó sujeto a la consumación procesal y/o probatoria del diverso con el cual guarda relación, aunque su instrucción se realizara de forma autónoma, pues precisamente su trámite permitirá posteriormente considerar el contexto de sus actuaciones. Bajo ese contexto se considera que no asiste razón al inconforme porque el acto reclamado no contraviene el derecho de acceso a la jurisdicción, ya que los derechos familiares involucrados conllevan un tratamiento procesal prudencial, que justifica el aplazamiento del proceso instado por el quejoso, para resolverse tomando en consideración las actuaciones del diverso, porque ambos involucran guarda, custodia, visitas, convivencias y alimentos, respecto de los mismos menores involucrados. En efecto, el derecho familiar en general involucra problemas difíciles y sensibles, los intereses que ahí se defienden no son económicos, son disputas sobre los afectos, la parentalidad y las necesidades que surgen en el seno familiar, lo cual se proyecta en la forma de desarrollar y/o instruir la causa, porque no hay respuestas sencillas ni pueden darse soluciones totalizadoras. Por el contrario, el juzgador familiar debe ponderar cuidadosamente los intereses en juego y equilibrar entre todos los aspectos disputados, porque la familia es el espacio donde se forma el niño, adquiere sentido de identidad y la confianza para proyectarse en la sociedad. Por lo cual, el interés superior del menor constituye una pauta que se debe tomar en consideración en cualquier decisión, actuación o medida en que se vea involucrado un infante y por ello es una obligación que asume el Estado a través de todas sus autoridades para asegurar que en el ámbito de sus respectivas competencias todas las normas, generales en las que se involucre a la niñez, garanticen sus derechos humanos. Del principio del interés superior del niño se obtiene la necesidad de considerarlo como criterio rector, no sólo en la elaboración de las normas sino también en lo que hace a su interpretación y aplicación. Sobre esa base se contesta al quejoso que la falta de promoción de una excepción perentoria y dilatoria por la colitigante, no impide que el juzgador tome una decisión como la reclamada para instruir el proceso y como en el caso, posponer la resolución del incidente impulsado por el impetrante. Esto es así, no solo para evitar el dictado de resoluciones contradictorias, sino también para contar con información y contenido probatorio basto con motivo del desarrollo de una controversia conexa, cuya relación nadie discute; de ahí que el juez familiar no solo tiene la posibilidad sino el deber de actuar de oficio al amparo de los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Lo cual implica que tratándose de cuestiones atinentes a menores, el A Quo puede suplir, incluso, la falta de reclamación, así como la recopilación de pruebas para decidir lo conducente al régimen de convivencia, alimentos y derecho a la vinculación parental. De modo que la falta de impulso procesal no impide el aplazamiento de la resolución de la causa, en un asunto donde no está a discusión que tiene relación con otro, tanto por las partes procesales inmersas, los derechos en pugna, las acciones instadas, las modalidades que todos los involucrados deberán asumir en ambos asuntos para regular su relación de familia, y las obligaciones que habrán de asumir, porque tampoco hay debate sobre la existencia de los deberes parentales sino en la forma de su ejercicio. Ahora, en relación al derecho de acceso a la jurisdicción opuesto como garantía constitucional conculcada, es infundado alegar su transgresión porque no se limita la capacidad de defensa del inconforme, ya que en ambos procedimientos estará en posibilidad de oponer excepciones y defensas, de ofrecer pruebas para acreditar sus excepciones, alegar contra el desahogo y el contenido de los medios de convicción, recurrir su valoración u ofrecer las propias de forma superveniente. Incluso, su capacidad de defensa será más amplia en la medida que se aporten mayores elementos probatorios, para revisar de manera informada y prudencial las circunstancias impeditivas, extintivas y modificativas alegadas, lo cual en realidad redunda en beneficio del impetrante porque el juzgador contará con un mayor margen de objetividad para resolver. Lo cual es acorde con el derecho público subjetivo de acceso a la jurisdicción tutelado en el artículo 17 constitucional, que debe estar, en lo posible, libre de obstáculos innecesarios, y por otro, atiende a la naturaleza de los derechos familiares, que genera la exigencia de evitar formalismos intrascendentes que impidan la resolución de la controversia. De modo que la posibilidad de tener a la vista y considerar actuaciones y pruebas desahogadas en un incidente conexo, donde se litigan derechos como los que son materia del diverso donde se originó el acto reclamado, es acorde a la finalidad de tutela a favor de los menores involucrados y el de acceso a la jurisdicción, porque previene fallos contradictorios y permite revisar la controversia de manera más informada, en beneficio de estos últimos, y en el futuro evita a las partes tener que ajustar una posible decisión a otra posterior que riñan entre sí, pues tal escenario prolongaría en realidad la resolución de la controversia. En suma, se tiene que en las controversias del orden familiar donde están involucrados menores de edad, operan reglas particulares para la instrucción del proceso, dispuestas para favorecer al interés superior de la infancia incluso sobre los derechos de los progenitores, que permiten al juzgador intervenir oficiosamente, en la interpretación y aplicación de las normas respectivas y reforzar la protección de los derechos del infante de manera reforzadas o agravadas, y que los intereses de los niños sean protegidos con mayor intensidad. Por otro lado, el derecho de acceso a la jurisdicción en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, implica que las partes podrán sustanciar sus controversias conforme a las posibilidades procesales y/o reglas que el orden normativo tiene previstas, sin disponer de las reglas, principios o derechos que no les atañe individualmente, es decir, dentro del margen de actuación acotado por los principios y reglas de cada caso. Lo cual al conjugarse, justifica la decisión del juzgador familiar responsable asumida en el acto reclamado para aplazar la resolución de la controversia, para tener a la vista y considerar para el presente las pruebas pendientes de desahogar en el asunto conexo, porque el impacto de éstas se refleja en una revisión más informada, beneficia a los menores involucrados, evita fallos contradictorios y permite resolver de fondo ambas, porque serán vinculantes al tener relación los derechos que las motivaron. Como en el caso sucede, pues la controversia se originó con la demanda presentada por el quejoso para litigar guarda, custodia y alimentos, en tanto que la relacionada, abarca guarda, custodia, visitas, convivencias y alimentos, por lo cual es claro que deben analizarse conjuntamente y de forma simultánea con las pruebas que en ambas se desahoguen, como toralmente se resuelve en el acto reclamado. Por lo cual son infundados los conceptos de violación. Al caso tiene aplicación, por analogía, la tesis l.3o.C.660 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, página 2818 de rubro y texto: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA DE MENORES. ES DE LITIS ABIERTA Y OPERA LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS PARTES 17 9 R.C. 59/2020. (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme a los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es dable para el órgano judicial en materia familiar tratándose de cuestiones atinentes a los menores, actuar oficiosamente tanto en la litis misma, al poder suplir, incluso, la falta de reclamación, como en la recopilación de pruebas para decidir lo conducente, entre otros aspectos, tratándose del régimen de convivencia de dichos menores con sus progenitores. Por ende, es posible para la autoridad judicial de segunda instancia modificar un régimen de visitas que fue inicialmente solicitado de una forma distinta a la que después se planteó en apelación, dado que en la materia familiar la litis no es cerrada, por lo que cuando el Juez suple la deficiencia, no hay una variación de la litis, porque es su obligación hacerlo en uso de sus facultades antes precisadas." De ahí que se considere que la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho, en términos de la Constitución, y por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a ..., contra actos del Juez Vigésimo Primero Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes, una vez que reanuden los plazos conforme a lo previsto por la circular SECNO/29/2020, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal.

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