Juan Hipolito Navarro
Expediente 1302/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1302/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Hipolito Navarro
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1302/2021-II.. Puebla, Puebla, trece de enero de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1302/2021-II. Puebla, Puebla, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por , por derecho propio, contra actos del Juez de Control Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, se observa que la demanda presentada por Juan Hipólito Navarro queda subsumida en la hipótesis normativa prevista por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, el desechamiento de plano. Para demostrarlo, es necesario destacar lo señalado en la demanda como acto reclamado: "...la ilegal resolución dictada en el procedimiento abreviado el día veintiocho de enero ." (sic). La lectura de lo anterior permite destacar dos actos específicos de autoridad de los cuales se duele el quejoso: a) La sentencia condenatoria de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, *; y b) El acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno, . Precisado lo anterior, respecto al primero de ellos -la sentencia condenatoria- a criterio de esta autoridad, permite visualizar desde este momento una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el quejoso no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Para analizar la actualización de dicha causa, es conveniente citar el contenido textual de dicho dispositivo: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) . ; b) ; . c) . ; d) .". La fracción XVIII del mencionado artículo contiene la causa de improcedencia que descansa ante la falta del quejoso de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en que previo a la promoción de amparo, es necesario agotar el recurso o medio de defensa ordinario que por el cual el acto combatido de origen, pueda ser modificado, revocado o nulificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia , de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" En ese tenor, de los antecedentes expuestos por el quejoso en la demanda -bajo protesta de decir verdad- se advierte que no combatió el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa previsto en el artículo 467, fracción X, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control:[.]X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o.". Esto es, el legislador dispuso la procedencia del recurso de apelación contra las sentencias definitivas emitidas en el procedimiento abreviado, con el propósito de que un tribunal de alzada analice el fallo y con base en ello, resuelva confirmarlo, modificarlo o revocarlo, tal como lo señala el numeral 479 de la misma codificación procesal: "Artículo 479. Sentencia La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.". De lo anterior se advierte que el legislador, previó el derecho de las partes de dolerse, ante un organismo superior, de las actuaciones del juzgador de primera instancia. En efecto, constituye un derecho fundamental de las partes en el proceso promover el recurso de apelación contra el fallo condenatorio, aun emitido en el procedimiento abreviado, pero dicha prerrogativa no es opcional. Lo anterior, porque no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que, al no encontrarse en dicho supuesto, es imperativo para el gobernado acudir a las instancias establecidas por la ley adjetiva que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente; ello, en tanto, de pronunciarse sobre la materia de la demanda que propone el quejoso, este Juzgado Federal de amparo sustituiría procesalmente a las autoridades a quienes el Código Nacional de Procedimientos Penales encomienda el pronunciamiento relativo al conflicto de que se trata. De ahí que, en contra del acto reclamado, precisado en el inciso a), es improcedente el juicio de amparo, pues el quejoso debió interponer el recurso de apelación establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, el quejoso omitió interponerlo, pues decidió promover el juicio de amparo indirecto aun cuando tuvo la posibilidad de que un tribunal de alzada efectuara un análisis del fallo reclamado. Por consiguiente, debe operar la improcedencia en este juicio. Además, la omisión de impugnar esa sentencia no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional, pues en realidad la resolución reclamada corresponde a la sentencia definitiva que puso fin al procedimiento penal. Todo lo cual robustece la aplicación de la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, respecto de ese acto reclamado, pues el quejoso debió agotar el recurso ordinario antes de acudir a este juicio constitucional, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde intervengan como partes. Ello de conformidad con la tesis : "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Aunado a todo lo anterior, es importante remarcar al quejoso que en caso de estar inconforme con el fallo que en su caso llegara a emitir el tribunal de alzada revisor, en contra de esa nueva determinación procede el juicio de amparo en la vía directa, en términos de la fracción I, del artículo 170, de la Ley de Amparo. Viene a colación, en lo conducente, el criterio : "PROCEDIMIENTO ABREVIADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONSIDERACIONES QUE PUEDEN SER MATERIA DE CUESTIONAMIENTO CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL. ." Por otra parte, sucede una cuestión similar respecto del acto reclamado indicado en el inciso b), consistente en el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por el Juez de Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, en la carpeta de ejecución *** En efecto, a criterio de esta autoridad, adquiere realidad jurídica la misma causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Tal afirmación descansa del análisis integral efectuado a la demanda, pues éste permitió advertir que el quejoso no combatió el acuerdo reclamado a través del medio ordinario de defensa previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece: "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." Ese recurso fue dispuesto por el legislador, contra las resoluciones de mero trámite que emita la autoridad judicial, en cualquiera de la etapa de ejecución en materia penal, con el propósito de que el propio juzgador (de ejecución) analice de nueva cuenta su determinación y con base en ello, resuelva confirmarla, modificarla o revocarla. La única salvedad que se introdujo para la procedencia de ese recurso quedó circunscrita a las resoluciones emitidas sin sustanciación, esto es, que hubieran sido pronunciadas por la autoridad judicial durante una audiencia o en un proveído escrito, sin haber seguido un procedimiento específico en el cual se hubiera emplazado a las partes para debatir y otorgado plazos. Así lo interpretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. .". Esa interpretación orienta a subsumir el proveído reclamado en la hipótesis de "resoluciones de mero trámite", pues el juez de ejecución requirió al quejoso el cumplimiento de la sentencia dictada en su contra (en lo relativo a la pena de prisión impuesta) sin haber seguido un procedimiento específico en el cual hubiera emplazado a las partes y otorgado plazos. Sin embargo, el quejoso omitió interponer la revocación contra el proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, a pesar de que este le fue notificado el veintitrés del mismo mes y año. En efecto, decidió promover el juicio de amparo indirecto aun cuando tuvo la posibilidad de que el juez responsable efectuara un nuevo análisis de su decisión. Por consiguiente, también debe operar la improcedencia en este juicio respecto de ese acuerdo reclamado. Además, la omisión de impugnar ese proveído no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional, pues no se trata de alguna de las hipótesis previstas por la fracción XVIII, del referido artículo 61, de la Ley de Amparo; es decir, la resolución reclamada no implica un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata del auto de vinculación a proceso, una orden de aprehensión o reaprehensión, el establecimiento de providencias precautorias o medidas cautelares restrictivas de la libertad, la negativa de la libertad bajo caución o el establecimiento, algún incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, y el quejoso no es persona extraña al procedimiento principal. En realidad, como ya se dijo, el acto reclamado corresponde a un acuerdo emitido en miras al cumplimiento de una sentencia definitiva emitida en el procedimiento penal. Ahora, con independencia de que contra de ese acuerdo la legislación procesal penal dispone la procedencia de un recurso ordinario, lo que motivó la causa de improcedencia ya explicada, no pasa por alto para esta autoridad que el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por el Juez de Ejecución señalado como responsable, corresponde a la fase de cumplimiento de una sentencia condenatoria en materia penal. Sentencia que, según se desprende de los antecedentes expuestos en la demanda, no fue recurrida mediante el recurso de apelación; por tanto, dicho acto reclamado (el acuerdo) adquiere la peculiaridad de derivar de otro consentido (la sentencia), actualizando así la causal de improcedencia contemplada por el artículo 61, XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, los cuales refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.". El contenido de dichos numerales se relaciona con la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:"ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. ." Asimismo, con la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. La jurisprudencia que establece que debe sobreseerse cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, ha sido modificada en el sentido de que el sobreseimiento sólo debe decretarse, cuando se trata de repetición del mismo acto, o de actos que son consecuencia necesaria y legal del que debe considerarse como consentido, y cuando el acto de que es consecuencia el segundo, lleva implícito o comprendido a este último."4 Con independencia de lo anterior, es importante destacar que aún se encuentran a salvo los derechos del quejosos para acogerse al beneficio de la conmutación de la pena, pues aquél subsiste hasta en tanto no quede consumada ésta. Por todo lo expuesto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó ***, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados. Se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir todo tipo de notificaciones el señalado en su escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otra parte, queda autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, María Guadalupe Alonso Portada, porque se encontró registro de la cédula profesional de la nombrada en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, Salvador Reyes Zenteno sólo queda autorizado para oír y recibir notificaciones, porque no fue encontrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; de forma personal al quejoso; y cúmplase.
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