Juan Herrera Arias

Expediente 948/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 26 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
948/2023
Año
2023
Actuaciones
26
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Herrera Arias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a este asunto los escritos signados por quejoso **********, así como por su autorizada **********, por medio de los cuales interponen recurso de revisión contra la sentencia emitida el nueve de noviembre del año en curso. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítasele vía interconexión las constancias que integran este juicio, así como el escrito de agravios, para su substanciación. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito por el que se formulan agravios. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con cuarenta y seis minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 948/2023-VI, promovido por ***********, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, ante la presencia de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario hace una relación de las constancias que obran en autos. Acto continuo se acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Periodo de pruebas. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida y admitidas las ofrecidas por las partes. Sin más pruebas pendientes por desahogar se cierra este periodo. Periodo de alegatos. Se tienen por formulados los hechos valer en autos. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida la presente audiencia constitucional, de la que se levanta el acta para constancia legal. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 948/2023-VI; y, R E S U L T A N D O: I. ***********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades. II. El once de agosto de dos mil veintitrés, este Órgano Jurisdiccional admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional. III. El dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el escrito de ampliación de demanda, por lo que se requirió su informe justificado a la autoridad responsable. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que los actos reclamados consisten en: - El oficio S.A./14875/17105 del siete de julio de dos mil veintitrés, así como el diverso S.A./16691/19076 del treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, por el que se inició el procedimiento administrativo sobre la procedencia o improcedencia de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y su ejecución. - La inconstitucionalidad del artículo 170, fracción II, inciso d, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, aplicados en referidos oficios. TERCERO. El Secretario de la Defensa Nacional, al rendir su respectivo informe justificado negó el acto reclamado, sin que el quejoso haya aportado prueba idónea para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a dicha autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de Jurisprudencia 284 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, página doscientos treinta y seis, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. La Cámara de Diputados fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse notificada para tal efecto, por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados que se le atribuyen. El Director General de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación, en representación de la Secretaría de Gobernación; Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en representación del Director General de Policía Militar; Secretario del Consejo de Honor del Batallón de la Policía Militar de Seguridad Interior a Instalaciones del Campo Militar Estratégico Conjunto Número 37-D "General de División Piloto Aviador, Alfredo Lezama Álvarez", Santa Lucía, Estado de México, al rendir sus informes justificados, aceptaron los actos reclamados que se les atribuyen en cuanto a sus atribuciones. QUINTO. Atendiendo a que en el artículo 62 de la Ley de Amparo se dispone que las causas de improcedencia se analizarán de oficio, este juzgador considera que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación el 107 fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, debido a que el acuerdo para dar inicio al procedimiento de baja y su notificación, no constituyen resoluciones definitivas ni son actos de imposible reparación. A efecto de sustentar lo anterior, se tiene en cuenta que en los artículos citados en el párrafo que antecede, se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y, b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.)." De los preceptos transcritos, se conoce que el amparo indirecto es procedente contra actos u omisiones que provengan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva; o bien, que sin ser la última, sean actos de imposible reparación. Ahora, la regla general de que cualquier violación procesal se debe hacer valer en amparo hasta que se dicte la resolución definitiva, radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto dentro del procedimiento; máxime si se toma en cuenta que, de adoptar una interpretación contraria, se produciría la obstrucción o dificultad del funcionamiento de la administración pública frente a los particulares en lo que respecta a la función jurisdiccional. En este contexto, de la interpretación en sentido contrario del inciso b), fracción III, del artículo 107, de la Ley de Amparo, puede establecerse que no procede el juicio de amparo contra actos en el procedimiento que sí sean reparables; no se justifica la procedencia del juicio de garantías. Por lo anterior es que debe determinarse cuándo un acto procesal puede causar un perjuicio de imposible reparación. Para ello, se atiende a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que un acto es de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la Constitución y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. El criterio que se menciona, se encuentra en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 2000, Octava Época, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 154 de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Como se advierte, el criterio general es que los actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, por lo que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que puedan implicar una afectación a derechos procesales, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el que resulte afectado obtiene sentencia a su favor. Bajo estas consideraciones, se destaca que del contenido de los oficios reclamados, relativos al inicio del procedimiento administrativo sobre la procedencia o improcedencia de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se le concedió al soldado hoy quejoso la garantía de audiencia en el procedimiento administrativo de baja del Ejército Mexicano, otorgándole el plazo de quince días hábiles para tal efecto. Lo anterior permite establecer que en los oficios reclamados únicamente se ordenó dar inicio al procedimiento de baja; con motivo de ello, se concedió la garantía de audiencia al ahora quejoso y aún no se emite la resolución que determine sobre la procedencia de materializar la baja; por consiguiente, no puede considerarse que el solo hecho de ordenar el inicio de un procedimiento le ocasione un perjuicio de imposible reparación. Esto es, el procedimiento de baja se encuentra en la fase de análisis, por lo que esta primera etapa no trasciende a la esfera jurídica del hoy quejoso para efectos de la procedencia del juicio de amparo, dado que sólo constituye el inicio de una fase en la que no existe aún la determinación sobre la procedencia o no, de la baja del servicio activo en el Ejército Mexicano, pues su objetivo es recabar los medios de prueba que permitan emitir la resolución que le ponga fin. Además, la definición de la Ley Amparo vigente sobre la imposible reparación, impide considerar a los actos procesales como supuestos de estudio en el juicio de amparo, pues no contempla el concepto de afectación predominante o superior, como se corrobora con la lectura de su artículo 107, fracción III, inciso b. Por estas consideraciones se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el 107, fracciones II y III, inciso a) y b), ambos de la Ley de Amparo, debido a que la orden de iniciar un procedimiento de baja y la notificación al elemento en activo no constituyen una resolución definitiva ni se trata de actos de imposible reparación, lo que hace procedente el sobreseimiento en el juicio. Cabe precisar que aunque la relación entre la parte quejosa y la autoridad sea de naturaleza administrativa, en términos del párrafo primero de la fracción XIII del artículo 123 constitucional, ello no significa que se aplique al quejoso la prohibición de ser reinstalado en términos del segundo párrafo de dicho precepto, que únicamente aplica para los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, de manera que la simple posibilidad de que se decrete su baja en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, no implica una afectación de imposible reparación, como sucede con los funcionarios en mención. Ahora, si el juicio de amparo es improcedente respecto del acto concreto de aplicación, resulta inconcuso que el diverso acto reclamado consistente en la aprobación, expedición y promulgación del artículo 170, fracción II, inciso d, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, sigue la misma regla de improcedencia, dada la íntima vinculación que guardan aquellos con la ley que se tilda de inconstitucional. En efecto, la improcedencia del juicio de garantías en cuanto a los actos concretos de aplicación que se reclaman, se hace extensiva al acto consistente en la aprobación, expedición y promulgación del artículo 170, fracción II, inciso d, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, teniendo en consideración que tratándose de un juicio de amparo contra leyes con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, no puede desvincularse el estudio de la ley del que concierne a los actos de su aplicación, actos estos que son precisamente los que causan perjuicio al quejoso y no por sí sola, considerada en abstracto, la ley, ya que la esencial vinculación entre el ordenamiento legal y los actos concretos de su aplicación, impide examinar al uno prescindiendo del otro, circunstancia que no acontecería en el caso de que la sola existencia de la norma causara perjuicio al impetrante de amparo, como sucede en el amparo contra una ley autoaplicativa. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y el criterio sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo I, materia constitucional, tesis 346, página 400, y en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, 217-228 primera parte, página 27, de rubro y texto siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." Asimismo, son aplicables la jurisprudencia y el precedente relevante sostenidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo I, materia constitucional, tesis 36 y 1831, páginas 61 y 1259, respectivamente, que a la letra señalan: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." "LEYES Y ACTOS DE APLICACIÓN, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO. Si se impugna, entre otros actos, una disposición legal que se considera que causa perjuicio por su aplicación, y tal acto de aplicación motiva el sobreseimiento del juicio de garantías conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo, es de concluir que también resulta improcedente el juicio respecto de los actos relacionados con la expedición de la disposición legal relativa, si se decreta el sobreseimiento del juicio en lo que atañe al acto de su aplicación, tanto porque este acto no se puede analizar sin afectar la nueva situación jurídica creada por la sentencia, como porque tampoco es posible examinar separadamente el ordenamiento al que pertenece el precepto aplicado a la quejosa, si ésta considera que el acto concreto de su aplicación es el que le causa perjuicio y no la simple existencia de la ley, para que pudiera estudiarse en abstracto ese cuerpo legal." De igual manera, es aplicable la jurisprudencia 78/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI-Diciembre de 2007, página 5, que indican: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad." Por lo expuesto y fundado en los artículos 74, 76, 78, 79, 216 y 217 de la Ley de Amparo se.; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio por los motivos señalados en este fallo Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto que transcurre el término de ocho días concedido a las partes, para que se impongan del contenido del informe justificado, respecto de la ampliación de demanda, rendido por el Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en representación del Director de General de la Policía Militar, en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las nueve horas con cuarenta y seis minutos del nueve de noviembre del dos mil veintitrés. Sin que sea necesario notificar esta determinación a la autoridad responsable, toda vez que dicha circunstancia no les irroga perjuicio alguno. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Ténganse al Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en representación del Director General de Policía Militar, rindiendo su informe justificado, respecto de la ampliación de la demanda; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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