Juan Hernández Tellez

Expediente 181/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
181/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
15/12/2017

Partes del expediente

  • Juan Hernández Tellez
  • Congreso del Estado de Zacatecas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    El quince de diciembre de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: El término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo trascurrió del doce al catorce del mes y año en curso. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos originales que ameritan la devolución a la parte quejosa. De igual forma, se hace constar que no se tramitó incidente de suspensión; y que no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Doy fe En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. En ejecutoria de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (fojas 78 a 93), este juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado para los efectos de que: a) Los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular, fueran desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devolviera las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal V 8167235, lo que debía incluir la actualización fiscal correspondiente (foja 92). De lo anterior destaca que los efectos de la ejecutoría de amparo se concretaron en que se desincorporaran de la esfera jurídica de la amparista los preceptos declarados inconstitucionales, así como la devolución de lo erogado con base en éstos por concepto del impuesto adicional para infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y derecho por el servicio de control vehicular, con la actualización correspondiente. Así las cosas, los pagos por concepto del impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, el derecho por el servicio de control vehicular, el quejoso los cubrió el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, como a continuación se esquematiza: V 8167235 (foja 18) PAGO Servicio control vehicular $1,350.00 Adicional UAZ $108.00 Impuesto Adicional para la infraestructura $405.00 Total $ 1863.00 DEDUCCIONES Control vehicular servicio particular 20 $405.00 Estímulo adicional 20% control vehicular $270.00 Total $675.00 total $1,188.00 En suma, se advierte un total de $1,188.00 (mil ciento ochenta y ocho pesos moneda nacional), por concepto de las contribuciones materia de la concesión de amparo. En cumplimiento de lo anterior, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas exhibió copia certificada de las devoluciones por pago indebido 711/2017, 747/2017 y 790/2017, referentes al recibo fiscal V 8167235; documentos que amparan la devolución de $1,127.63 (mil ciento veintisiete pesos 63/100 moneda nacional), realizada el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete (foja 228) y $ 63.03 (sesenta y tres pesos 03/100 moneda nacional) de nueve de noviembre de la presente anualidad (foja 250) y $57.45 (cincuenta y siete pesos 12/100 moneda nacional) de cinco de diciembre de la presente anualidad (foja 262), respectivamente, asimismo comunicó que se abstendría de aplicar al promovente del amparo, los preceptos legales tildados de inconstitucionales en el fallo protector emitido en autos. Se advierte, entonces, que el quejoso erogó por concepto del impuesto adicional para infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, derecho por servicio de control vehicular, la cantidad de $1,188.00 (mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); y que la autoridad devolvió lo pagado por el amparista con motivo del acto de aplicación reclamado, más un excedente por la cantidad de $60.11 (sesenta pesos 11/100 moneda nacional). Luego, la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Ahora bien, como se expuso, los efectos de la concesión de amparo conllevan que las contribuciones base de la demanda de amparo fueran devueltas, debidamente actualizadas. Para tal efecto, en términos del artículo 8 del Código Fiscal para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. El pago de las contribuciones en comento se realizaron, se reitera, el veinticinco de enero de dos mil diecisiete por $1,188.00 (mil trescientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional); mientras que la devolución de la totalidad de ese monto, aconteció el nueve de noviembre de dos mil diecisiete (foja 241). Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre de dos mil dieciséis entre el índice para el mes de octubre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores a los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de la presente anualidad fue de 128.717, y para el mes de diciembre de dos mil dieciséis de 122.515. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de la contribución erogada: 1.0506. La división se esquematiza a continuación: INPC OCTUBRE 2017 128.717 1.0506 INPC DICIEMBRE 2016 122.515 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por los conceptos en comento, se obtiene que el monto de dichas contribuciones actualizadas es de: NÚMERO DE RECIBO CANTIDAD EROGADA CANTIDAD ACTUALIZADA DIFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN A FAVOR DE LOS QUEJOSOS V 8167235 $1,188.00 $1,248.11 $60.11 En ese sentido, la autoridad devolvió a la amparista, en total, la cantidad de $1,190.66 (mil ciento noventa pesos 66/100 moneda nacional) (fojas 228 y 250), es decir, la obligación tributaria principal $1,188.00 (mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) más una actualización de $60.11 (sesenta pesos 11/100 moneda nacional); lo que pone en evidencia que se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector, al habérsele restituido en su integridad lo pagado con motivo de las contribuciones involucradas más la actualización fiscal correspondiente. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE 2017, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. En ejecutoria de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (fojas 78 a 93), este juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado para los efectos de que: a) Los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular, fueran desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devolviera las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal V 8167235, lo que debía incluir la actualización fiscal correspondiente (foja 92). De lo anterior destaca que los efectos de la ejecutoría de amparo se concretaron en que se desincorporaran de la esfera jurídica de la amparista los preceptos declarados inconstitucionales, así como la devolución de lo erogado con base en éstos por concepto del impuesto adicional para infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y derecho por el servicio de control vehicular, con la actualización correspondiente. Así las cosas, los pagos por concepto del impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, el derecho por el servicio de control vehicular, el quejoso los cubrió el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, como a continuación se esquematiza: V 8167235 (foja 18) PAGO Servicio control vehicular $1,350.00 Adicional UAZ $108.00 Impuesto Adicional para la infraestructura $405.00 Total $ 1863.00 DEDUCCIONES Control vehicular servicio particular 20 $405.00 Estímulo adicional 20% control vehicular $270.00 Total $675.00 total $1,188.00 En suma, se advierte un total de $1,188.00 (mil ciento ochenta y ocho pesos moneda nacional), por concepto de las contribuciones materia de la concesión de amparo. En cumplimiento de lo anterior, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas exhibió copia certificada de las devoluciones por pago indebido 711/2017, 747/2017 y 790/2017, referentes al recibo fiscal V 8167235; documentos que amparan la devolución de $1,127.63 (mil ciento veintisiete pesos 63/100 moneda nacional), realizada el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete (foja 228) y $ 63.03 (sesenta y tres pesos 03/100 moneda nacional) de nueve de noviembre de la presente anualidad (foja 250) y $57.45 (cincuenta y siete pesos 12/100 moneda nacional) de cinco de diciembre de la presente anualidad (foja 262), respectivamente, asimismo comunicó que se abstendría de aplicar al promovente del amparo, los preceptos legales tildados de inconstitucionales en el fallo protector emitido en autos. Se advierte, entonces, que el quejoso erogó por concepto del impuesto adicional para infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, derecho por servicio de control vehicular, la cantidad de $1,188.00 (mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); y que la autoridad devolvió lo pagado por el amparista con motivo del acto de aplicación reclamado, más un excedente por la cantidad de $60.11 (sesenta pesos 11/100 moneda nacional). Luego, la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Ahora bien, como se expuso, los efectos de la concesión de amparo conllevan que las contribuciones base de la demanda de amparo fueran devueltas, debidamente actualizadas. Para tal efecto, en términos del artículo 8 del Código Fiscal para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. El pago de las contribuciones en comento se realizaron, se reitera, el veinticinco de enero de dos mil diecisiete por $1,188.00 (mil trescientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional); mientras que la devolución de la totalidad de ese monto, aconteció el nueve de noviembre de dos mil diecisiete (foja 241). Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre de dos mil dieciséis entre el índice para el mes de octubre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores a los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de la presente anualidad fue de 128.717, y para el mes de diciembre de dos mil dieciséis de 122.515. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de la contribución erogada: 1.0506. La división se esquematiza a continuación: INPC OCTUBRE 2017 128.717 1.0506 INPC DICIEMBRE 2016 122.515 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por los conceptos en comento, se obtiene que el monto de dichas contribuciones actualizadas es de: NÚMERO DE RECIBO CANTIDAD EROGADA CANTIDAD ACTUALIZADA DIFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN A FAVOR DE LOS QUEJOSOS V 8167235 $1,188.00 $1,248.11 $60.11 En ese sentido, la autoridad devolvió a la amparista, en total, la cantidad de $1,190.66 (mil ciento noventa pesos 66/100 moneda nacional) (fojas 228 y 250), es decir, la obligación tributaria principal $1,188.00 (mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) más una actualización de $60.11 (sesenta pesos 11/100 moneda nacional); lo que pone en evidencia que se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector, al habérsele restituido en su integridad lo pagado con motivo de las contribuciones involucradas más la actualización fiscal correspondiente. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes."

  3. Principal

    El siete de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con el oficio registrado bajo el número 16179, con anexo.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y remite las constancias para acreditar lo anterior; por tanto, con apoyo en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*

  4. Principal

    El uno de diciembre de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: El término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo trascurrió del veintiocho al treinta del mes y año en curso. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos originales que ameritan la devolución a la parte quejosa. De igual forma, se hace constar que no se tramitó incidente de suspensión; y que no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Doy fe En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. En ejecutoria de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (fojas 78 a 93), este juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado para los efectos de que: a) Los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular, fueran desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devolviera las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal V 8167235, lo que debía incluir la actualización fiscal correspondiente. De lo anterior destaca que los efectos de la ejecutoría de amparo se concretaron en que se desincorporaran de la esfera jurídica de la amparista los preceptos declarados inconstitucionales, así como la devolución de lo erogado con base en éstos por concepto del impuesto adicional para infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y derecho por el servicio de control vehicular, con la actualización correspondiente. Así las cosas, los pagos por concepto del impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, el derecho por el servicio de control vehicular, el quejoso los cubrió el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, como a continuación se esquematiza: V 8167235 (foja 18) PAGO Servicio control vehicular $1,350.00 Adicional UAZ $108.00 Impuesto Adicional para la infraestructura $405.00 Total $ 1863.00 DEDUCCIONES Control vehicular servicio particular 20 $405.00 Estímulo adicional 20% control vehicular $270.00 Total $675.00 total $1,188.00 En suma, se advierte un total de $1,188.00 (mil ciento ochenta y ocho pesos moneda nacional), por concepto de las contribuciones materia de la concesión de amparo. En cumplimiento de lo anterior, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas exhibió copia certificada de la devolución por pago indebido 711/2017 y 747/2017 referente al recibo fiscal V 8167235; documentos que amparan la devolución de $1,127.63 (mil ciento veintisiete pesos 63/100 moneda nacional), realizada el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete (foja 228) y $ 63.03 (sesenta y tres pesos 03/100 moneda nacional) de nueve de noviembre de la presente anualidad (foja 250), asimismo comunicó que se abstendría de aplicar al promovente del amparo, los preceptos legales tildados de inconstitucionales en el fallo protector emitido en autos. Se advierte, entonces, que el quejoso erogó por concepto del impuesto adicional para infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, derecho por servicio de control vehicular, la cantidad de $1,188.00 (mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); y que la autoridad devolvió lo pagado por el amparista con motivo del acto de aplicación reclamado, más un excedente por la cantidad de $2.66 (dos pesos 66/100 moneda nacional). Luego, la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Ahora bien, como se expuso, los efectos de la concesión de amparo conllevan que las contribuciones base de la demanda de amparo fueran devueltas, debidamente actualizadas. Para tal efecto, en términos del artículo 8 del Código Fiscal para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. El pago de las contribuciones en comento se realizaron, se reitera, el veinticinco de enero de dos mil diecisiete por $1,188.00 (mil trescientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional), entre otros; mientras que la devolución de ese monto, como se expuso, aconteció el nueve de noviembre de dos mil diecisiete (foja 241). Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre de dos mil dieciséis entre el índice para el mes de octubre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores a los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de la presente anualidad fue de 128.717, y para el mes de diciembre de dos mil dieciséis de 122.515. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de la contribución erogada: 1.0506. La división se esquematiza a continuación: INPC OCTUBRE 2017 128.717 1.0506 INPC DICIEMBRE 2016 122.515 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por los conceptos en comento, se obtiene que el monto de dichas contribuciones actualizadas es de: NÚMERO DE RECIBO CANTIDAD EROGADA CANTIDAD ACTUALIZADA DIFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN A FAVOR DE LOS QUEJOSOS V 8167235 $1,188.00 $1,248.11 $60.11 En ese sentido, la autoridad devolvió a la amparista la cantidad de $1,190.66 (mil ciento noventa pesos 66/100/100 moneda nacional) (fojas 228 y 250), es decir, la obligación tributaria principal ($1,188.00 mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) más una actualización de $2.63 (dos pesos 63/100 moneda nacional); lo que pone en evidencia. Que existe una diferencia de 57.45 (cincuenta y siete pesos 45/100 moneda nacional). En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 segundo párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que dentro del plazo de tres días realice la devolución de lo restante y lo acredite ante este Juzgado. Apercibida de que, de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el 258 de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Luis Felipe Ruíz Martínez Lasso, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*

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