Juan Hernandez Paz

Expediente 409/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 21 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
409/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
03/02/2022

Partes del expediente

  • Juan Hernandez Paz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a tres de febrero de dos mil veintidós. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No fueron exhibidos. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, inciso I), fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Certificación de carátula. Se ordena a la Secretaria certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Anotaciones y archivo. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a cinco de enero de dos mil veintidós. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de cinco de noviembre de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos siguientes: "[.] Séptimo. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a ***** para los siguientes efectos: i) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables deberán dar respuesta de inmediato, por escrito, en forma definitiva, completa, integral y congruente, a la solicitud elevada por la parte quejosa mediante el formato oficial presentado el dos de junio de dos mil dieciséis, la cual puede ser en cualquier sentido, tomando en cuenta que el fin perseguido por el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de que las autoridades aseguren una respuesta al gobernado, y no de que se acuerde favorablemente la petición relativa; empero, en su caso deberá señalarle la papelería o requerimientos necesarios para el otorgamiento de la pensión que le solicitó la quejosa; asimismo, debe resaltarse que la autoridad responsable no deberá de condicionar el trámite u otorgamiento de lo peticionado a la carga excesiva de trabajo ni a lista de prelación alguna, y, ii) Deberá notificar personalmente al quejoso la contestación en el domicilio que se le proporcionó en dicho formato, porque únicamente así, se restituirá a la inconforme en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa. [.] En la inteligencia que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector, pueda vincularse eventualmente, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. [.]" Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada, por lo que, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia constitucional, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 321/2020. Ahora bien, por auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por informando la Superioridad que se desechó se desechó por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto, por que se siguió con la secuela procesal en el presente juicio. En ese tenor, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: Dar respuesta por escrito, en forma definitiva, completa, integral y congruente, a la solicitud elevada por la parte quejosa mediante el formato oficial presentado el dos de junio de dos mil dieciséis, la cual podía ser en cualquier sentido, y, Notificar personalmente al quejoso la contestación en el domicilio que se le proporcionó en dicho formato. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Previos requerimientos e informe de gestiones, por oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, la delegada de las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Baja California, remitió oficio de veintitrés de septiembre del dos mi veintiuno, en el cual dio contestación a la solicitud petición de pensión por edad y tiempo de servicios a la parte quejosa de dos de junio de dos mil dieciséis, misma de la cual se advierte que fue debidamente notificada. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable dio contestación a la solicitud petición de pensión por edad y tiempo de servicios a la parte quejosa de dos de junio de dos mil dieciséis, misma de la cual se advierte que fue debidamente notificada a la aquí quejosa; lo que se corrobora con las constancias que obran en autos. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Oficios. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan los oficios y anexos remitidos por la delegada de las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido, se tiene a la citada responsable, informando respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con las constancias que remite la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de septiembre de dos mil veintiuno. Superioridad informa. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido por la Actuaria Judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al que se anexa testimonio de resolución de veintiséis de agosto del año en curso dictado dentro del recurso de queja 77/2021, en la cual resolvió lo siguiente: Acuse de recibo. Acúsese de recibo correspondiente. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Estado de autos. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha, las autoridades responsables no han dado cumplimiento al fallo protector. Cabe recordar que los efectos del fallo protector fueron los siguientes: "Séptimo. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a *****, para los siguientes efectos: i) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables deberán dar respuesta de inmediato, por escrito, en forma definitiva, completa, integral y congruente, a la solicitud elevada por la parte quejosa mediante el formato oficial presentado el dos de junio de dos mil dieciséis, la cual puede ser en cualquier sentido, tomando en cuenta que el fin perseguido por el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de que las autoridades aseguren una respuesta al gobernado, y no de que se acuerde favorablemente la petición relativa; empero, en su caso deberá señalarle la papelería o requerimientos necesarios para el otorgamiento de la pensión que le solicitó la quejosa; asimismo, debe resaltarse que la autoridad responsable no deberá de condicionar el trámite u otorgamiento de lo peticionado a la carga excesiva de trabajo ni a lista de prelación alguna, y, ii) Deberá notificar personalmente al quejoso la contestación en el domicilio que se le proporcionó en dicho formato, porque únicamente así, se restituirá a la inconforme en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa. Sobre el particular, cabe citar las tesis sustentadas por la extinta Tercera Sala y la entonces Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IX, Abril de 1992. Tesis: 3a. XXXIV/92. Página: 81.)" "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: I. Constitucional. 3. Derechos Fundamentales 1a. Parte-SCJN. Séptima Sección. Tesis: 96. Página: 980.)" En la inteligencia que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector, pueda vincularse eventualmente, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. No pasa inadvertido para quien resuelve, que la presente sentencia se emitió conforme a la normatividad prevista por la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y, no obstante ello, se aplicaron criterios jurisprudenciales y aislados emitidos con antelación a la actual legislación de amparo; sin embargo, ello no es óbice, dado que el artículo sexto transitorio de aquélla dispone: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Lo que implica que dichos criterios son aplicables, mientras no contravengan lo plasmado en la actual legislación de amparo; de ahí que puedan ser invocados en el presente fallo, a fin de proporcionar soporte jurídico a la determinación adoptada por este Juzgado Federal." Requerimiento para que se cumpla en forma total el fallo protector. Ahora, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, requiérase nuevamente a las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, obligadas a dar cumplimiento al fallo protector en el presente juicio, para que cumplan en forma total con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y remitan de inmediato las constancias con las que acrediten lo anterior. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular, esto es, a la PERSONA FÍSICA que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, esto es, el doble de la primera multa, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; misma multa que deberán cubrir con su propio peculio y no con recursos públicos. Por lo que si conforme a la página oficial de Internet https://www.inegi.org.mx/temas/uma/, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el presente año (2021) equivale a $89.62 M.N. (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), al multiplicarla por cien, la citada multa es equivalente a la cantidad de $8,962.00 M.N. (nueve mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); misma que se incrementará en caso de no cumplir reiteradamente con lo requerido. Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuestas las multas respectivas, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD." Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese.

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