Juan Hernández Martínez

Expediente 446/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
446/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
24/08/2017

Partes del expediente

  • Juan Hernández Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra del proveído de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (fojas 29 y 30), que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; sin que las partes hayan hecho valer medio de impugnación alguno; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el referido proveído, para todos los efectos legales. Por otro lado, toda vez que de la segunda certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción I del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción una vez trascurrido cinco años, por haberse sobreseído fuera de audiencia el amparo. Por otra parte, no pasa inadvertido que en el presente asunto obra el original de oficio CM/1089/2017 signado por el Director de Catastro Municipal y el original de escrito suscrito por Juan Hernández Martínez, con fecha de recibido de uno de marzo del año en curso, documentos que anexó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, en tal virtud, en cumplimiento al punto Décimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, prevéngase a la quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a recoger los documentos de que se trata, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, serán destruido igual que el presente asunto.

  2. Principal

    CITATORIO. Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra del proveído de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (fojas 29 y 30), que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; sin que las partes hayan hecho valer medio de impugnación alguno; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el referido proveído, para todos los efectos legales. Por otro lado, toda vez que de la segunda certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción I del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción una vez trascurrido cinco años, por haberse sobreseído fuera de audiencia el amparo. Por otra parte, no pasa inadvertido que en el presente asunto obra el original de oficio CM/1089/2017 signado por el Director de Catastro Municipal y el original de escrito suscrito por Juan Hernández Martínez, con fecha de recibido de uno de marzo del año en curso, documentos que anexó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, en tal virtud, en cumplimiento al punto Décimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, prevéngase a la quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a recoger los documentos de que se trata, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, serán destruido igual que el presente asunto.

  3. Principal

    CITATORIO. Chetumal, Quintana Roo, treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Vista la comparecencia de cuenta, de la que se advierte que compareció el quejoso Juan Hernández Martínez, a fin de ratificar su escrito presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual se desistió de la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa. En ese contexto, al no existir impedimento legal alguno, se le tiene por desistido de la demanda de amparo, y con fundamento en el numeral 63, fracción I, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J.33/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147, abril de 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia.". Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del siete de agosto de dos mil diecisiete. Además, cabe precisar que el desistimiento del juicio de amparo implica para la parte quejosa, un desistimiento de la acción constitucional, que supone el consentimiento expreso de los actos censurados que hace improcedente un diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados en aquel procedimiento, del cual se desistió. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 22, Tomo III, Febrero de 1996, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados.". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    AVISO. Chetumal, Quintana Roo, veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Juan Hernández Martínez, mediante el cual se desiste de la demanda de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, en forma personal, por conducto del Actuario Judicial de la adscripción, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado y ratifique su escrito de cuenta o, bien, manifieste su deseo de no hacerlo; en el entendido que de no comparecer o manifestar su deseo de no ratificar el desistimiento se continuará con el procedimiento. Ello, toda vez que es obligación del juzgador procurar seguridad jurídica en las resoluciones que se dicten en el procedimiento, máxime cuando se trata del desistimiento del juicio, acto personalísimo y de graves consecuencias para el promovente, razón por la cual, cualquier irregularidad en el mismo pudiera dar lugar a la violación de las formalidades esenciales del procedimiento y, en vía de consecuencia, a la reposición del mismo, en obvio detrimento al derecho fundamental de justicia pronta y expedita a que se refiere el artículo 17 Constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en su Gaceta, Tomo XXIV, agosto 2006, Novena Época, que señala: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio.".

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