Juan Hernández López

Expediente 1031/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 37 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1031/2018
Año
2018
Actuaciones
37
Última actuación
21/12/2021

Partes del expediente

  • Juan Hernández López
  • Juan Hernández López y Otros.
  • Director general del Centro Federal de Reinserción Social número 13 CPS-OAXACA, en Oaxaca.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo contra el auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido sin que hicieran valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara consentida tal determinación. En ese orden, con fundamento en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    " . . . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos de los que se advierte que dentro del plazo concedido a la parte quejosa no hizo manifestación alguna. En atención a lo anterior, se procede a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Como consta en autos, la protección constitucional se otorgó para que las autoridades responsables, cumplieran la ejecutoria, en los siguientes términos: [.] El Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca: De inmediato remita a este Juzgado de Distrito las constancias que acrediten el envío y recepción de las constancias relativas al cuaderno de ejecución 529/2019 de su registro, al diverso Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana. Asimismo, envíe las constancias relativas a la notificación que del acuerdo de once de marzo de dos mil veintiuno, se haya realizado al sentenciado Juan Hernández López o Salvador Olguín Villanueva, en el lugar donde se encuentra interno, el cual ordenó diligenciar vía exhorto. Además, exhiba las constancias de notificación que de la citada determinación de incompetencia haya realizado a quienes se encontraban fungiendo como defensores públicos del sentenciado. Por su parte, el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, deberá: Remitir a este Juzgado de Distrito el acuerdo que haya recaído a la declinación de competencia planteada por el juez del Estado de Oaxaca. En caso de que haya determinado aceptar la competencia y seguir conociendo de la ejecución de la pena del sentenciado Juan Hernández López o Salvador Olguín Villanueva, con libertad de jurisdicción, en los plazos previstos por la Ley Nacional de Ejecución Penal y demás normatividad aplicable, dicte la resolución que en derecho corresponda y la notifique al directo agraviado, así como, a la persona o personas que haya designado para brindarle defensa técnica adecuada, dándoles la intervención que les corresponde y proveyendo lo necesario para materializar ese derecho del quejoso. En caso contrario, si estima declinar competencia en algún otro órgano judicial, lo hará del conocimiento de este juzgado federal, acompañando las constancias que acrediten que el diverso juzgador ha aceptado conocer de la ejecución de la pena impuesta al sentenciado en la causa penal 484/1999 de origen. Además, deberá notificar esa determinación al promovente del amparo en el lugar donde se encuentra recluido, así como al profesional designado para ejercer su defensa técnica. En el entendido que, desde este momento, de conformidad con lo previsto en el numeral 197 de la Ley de Amparo, se establece el deber de la autoridad judicial que resulte competente para seguir conociendo de la ejecución de la pena del disidente, de resolver el incidente de abono de prisión preventiva, con libertad de jurisdicción, a la brevedad posible, atendiendo a los plazos y requisitos previstos por la Ley Nacional de Ejecución Penal y demás normatividad aplicable; lo que en el momento procesal oportuno, deberá notificarse personalmente al interesado en el centro penitenciario donde a la fecha se encuentra privado de su libertad, así como a la persona que ejerza su defensa técnica. Lo anterior, porque dadas las circunstancias del caso concreto, se estima que proceder de una manera distinta, obligaría al quejoso a seguir promoviendo y litigando con el mismo objetivo a fin de obtener una respuesta de fondo, lo que podría implicar dejarlo en estado de indefensión al encontrarse privado de su libertad y no contar con una persona profesional en Derecho que ejerza su defensa técnica de manera particular (privada). Ello, porque el deber impuesto a las autoridades responsables de restituir en el pleno goce de sus derechos fundamentales al quejoso privado de su libertad no se extingue por el hecho de que éste haya sido trasladado a un centro de reclusión diverso, pues la observancia de tal prerrogativa no depende de que el impetrante se encuentre en uno u otro centro de reclusión. [.] En acatamiento a lo anterior, mediante oficio CJO/JEPM/5412/2021-J el Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, remitió las misivas de veintitrés de marzo y veinte de mayo del actual, mediante las que envío y recibió las constancias relativas a la carpeta de ejecución 529/2019; la notificación del auto de once de marzo de este año realizada al sentenciado Juan Hernández López, así como a los defensores públicos, licenciados Juan Merino García y Abel Vargas Ramírez. De igual forma por diverso oficio NSJP/UE/04661/2021, el Juez de Control Especializado en Ejecución, del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, informó que en audiencia celebrada en ejecución el expediente de ejecución relativo a la causa penal 484/1999, por el delito de homicidio calificado, en la cual se le impuso una pena de treinta años de prisión en sentencia definitiva de tres de octubre de dos mil uno, misma que fue confirmada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, el cuatro de abril de dos mil dos, teniendo un descuento de prisión preventiva de dos años, seis meses y siete días. En esa audiencia, dicha autoridad judicial resolvió que hasta ese momento (ocho de septiembre de dos mil veintiuno), el sentenciado aquí quejoso, lleva veintiún años, once meses, doce días, privado de la libertad, por lo que la aludida pena tiene como fecha de compurgación el veinte de marzo de dos mil veintisiete. Asimismo, negó el beneficio de libertad anticipada, en virtud de no reunirse la totalidad de los requisitos, a que se refiere el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal -por existir diversas sentencias firmes contra el sentenciado- y decretó la prescripción de la potestad para ejecutar el cobro de la multa y la reparación del daño, impuestas a Juan Hernández López, en términos del artículo 120 del Código Penal vigente en el Estado de Baja California. Adicionalmente, por oficio NSJP/UE/05448/2021, el Juez de Control Especializado en Ejecución, del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, acompañó copia certificada de los puntos resolutivos de la audiencia celebrada el día ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución número 236/2018, en la que se resolvió respecto del abono de prisión preventiva, relativo a la causa penal 484/1999, instruida por el Juez de Primera Instancia Penal de Ensenada Baja California, e informó que no existía transcripción de la audiencia en mención, por lo que también remite el audio y video de la misma, mediante un enlace digital que estaría disponible por un plazo de cuarenta y ocho horas, para su descarga. Destacando de las actuaciones allegadas, que en la audiencia de mérito, estuvo presente mediante videoconferencia, el directo quejoso, así como el defensor público designado para representar sus intereses, quienes hicieron el uso de la voz para manifestar ante el juez respectivo, lo que a su derecho convino. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, toda vez que las autoridades responsables acataron los efectos dictados en la sentencia sin exceso ni defecto. Una vez que cause estado esta determinación, remítase al archivo este asunto como definitivamente concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control Especializado en Ejecución, del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, por el que remite copia certificada de los puntos resolutivos de la audiencia celebrada el día ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución número ***, en la que se resolvió respecto del abono de prisión preventiva, relativo a la causa penal ***, instruida por el Juez de Primera Instancia Penal de Ensenada Baja California, e informa que no existe transcripción de la audiencia en mención, por lo que también remite el audio y video de la misma, mediante un enlace digital que estará disponible por un plazo de cuarenta y ocho horas, para su descarga. Por tanto, se instruye a la secretaria judicial llevadora del asunto, acceder en esta propia fecha al citado enlace digital, descargar los archivos remitidos por la autoridad responsables y respaldarlos para la eventual consulta de las partes en un disco versátil digital que deberá anexarse al sumario. En ese orden, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con el oficio y los puntos resolutivos de la audiencia celebrada el día ocho de septiembre de dos mil veintiuno, para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento relativo. Por tanto, considerando las medidas sanitarias que prevalecen en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la contingencia originada por la propagación del virus SARS-Cov2 (COVID 19), lo que a su vez dificulta y limita el acceso al edificio donde tiene su sede este juzgado, a manera de ajuste procesal razonable, con el fin de hacer efectivo el acceso a la justicia, se ordena correr traslado con copia de las constancias exhibidas por la autoridad responsable, al momento de notificar este proveído a la parte quejosa, así como al representante social adscrito. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el artículo 196 de la ley reglamentaria, este órgano jurisdiccional resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en la constancia de autos y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control Especializado en Ejecución, del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, por el que remite copia certificada de los puntos resolutivos de la audiencia celebrada el día ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución número ***, en la que se resolvió respecto del abono de prisión preventiva, relativo a la causa penal ***, instruida por el Juez de Primera Instancia Penal de Ensenada Baja California, e informa que no existe transcripción de la audiencia en mención, por lo que también remite el audio y video de la misma, mediante un enlace digital que estará disponible por un plazo de cuarenta y ocho horas, para su descarga. Por tanto, se instruye a la secretaria judicial llevadora del asunto, acceder en esta propia fecha al citado enlace digital, descargar los archivos remitidos por la autoridad responsables y respaldarlos para la eventual consulta de las partes en un disco versátil digital que deberá anexarse al sumario. En ese orden, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con el oficio y los puntos resolutivos de la audiencia celebrada el día ocho de septiembre de dos mil veintiuno, para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento relativo. Por tanto, considerando las medidas sanitarias que prevalecen en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la contingencia originada por la propagación del virus SARS-Cov2 (COVID 19), lo que a su vez dificulta y limita el acceso al edificio donde tiene su sede este juzgado, a manera de ajuste procesal razonable, con el fin de hacer efectivo el acceso a la justicia, se ordena correr traslado con copia de las constancias exhibidas por la autoridad responsable, al momento de notificar este proveído a la parte quejosa, así como al representante social adscrito. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el artículo 196 de la ley reglamentaria, este órgano jurisdiccional resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en la constancia de autos y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente.

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