Juan Hernández González

Expediente 576/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
576/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
12/04/2021

Partes del expediente

  • Juan Hernández González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, doce de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Vistos; la certificación secretarial que antecede, y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, con base en las constancias de autos, así como tomando en consideración las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2010089 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 63/2015 (10a.) Página: 1487 RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo." Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos. Mediante sentencia pronunciada el veintiocho de julio de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Juan Hernández González, para los siguientes efectos: "a) El Juez responsable deje insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el siete de noviembre de dos mil diecinueve; y. b) Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, o en sentido diverso, pero purgando los vicios formales que la afectan." Mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se declaró que la sentencia causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Octavo Distrito Judicial, con sede en Papantla, Veracruz, para que en el plazo de tres días contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, justificara haber dado cumplimiento al fallo protector, o en su caso las gestiones para lograrlo. El trece de octubre de dos mil veinte, se requirió al Juez responsable el cumplimiento de la sentencia; y mediante acuerdos de treinta de octubre y cuatro y diez de noviembre del año próximo pasado, se tuvo a la autoridad responsable informando las medidas tendentes para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable informando el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para demostrar lo anterior, remitió copia certificada de la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, a través de la cual dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en contra de Juan Hernández González, y al resolver de nueva cuenta sobre la situación jurídica del imputado, dictó en su contra auto de vinculación a proceso, como probable responsable del delito de despojo, ilícito previsto y sancionado por el artículo 222, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, cometido en agravio de Hipólito Vera Chávez, representada por Vicente Vera Vera, dentro del proceso penal 63/2019 de su índice. En esas circunstancias, analizado el actuar de la autoridad responsable conforme a las constancias remitidas, a la luz de los parámetros contenidos en la sentencia de amparo, se procede a realizar el siguiente pronunciamiento: 1) Mediante oficio 895/2020, el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Papantla, Veracruz, recibido en este Juzgado el doce de noviembre de dos mil veinte, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia amparadora, remitió copia autentificada de la resolución de cuatro de noviembre del año próximo pasado, así como de la diligencia de veintiocho de octubre del año pasado, grabada en un disco versátil digital, de la que se advierte que fue suspendida la audiencia en razón de que no se presentó el imputado. 2) De dicha resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, el juez responsable dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en contra de Juan Hernández González, como se advierte a continuación: "II.- En acatamiento a lo anterior, el suscrito Juez de control de este distrito judicial de Papantla, Veracruz, DEJA INSUBSISTENTE el AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, de fecha siete de noviembre del año dos mil diecinueve, dictado al quejoso JUAN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, por el delito de DESPOJO, cometido en agravio de Hipólita Vera Chávez, hechos denunciados por Vicente Vera Vera y se procede nuevamente a dictar un nueve auto (.)" Asimismo, en dicha determinación resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Con esta fecha y en cumplimiento a la Ejecutoria Federal de fecha veinticuatro de enero del año dos mil veinte, pronunciada en los autos del juicio de amparo 576/2019, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito de la ciudad de Poza Rica, Veracruz, se DEJA INSUBSISTENTE únicamente el AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO de fecha siete de noviembre del año de dos mil diecinueve, dictado en contra de JUAN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.- En consecuencia. SEGUNDO.- Al resolver de nueva cuenta sobre la situación jurídica de JUAN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, se dicta en su contra el correspondiente AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, como probable responsable del delito de DESPOJO, ilícito previsto y sancionado por el artículo 222, fracción I, del Código Penal Vigente en el Estado, cometido en agravio de Hipólita Vera Chávez, representada por Vicente Vera Vera. En consecuencia. TERCERO.- Quedando intocado los plazos de la investigación complementaria, así como de la medida cautelar." Lo anterior en virtud de que consideró lo siguiente: "Y si bien es cierto que la defensa manifestó que: 1.- La acusación de la fiscal debe ir acreditada con el material idóneo del que sea posible advertir a la participación del imputado. 2.- Que el informe policial homologado no tiene valor porque ahí solamente se menciona a Juan Hernández González como parte de un grupo de personas que se introdujeron al predio; sin embargo, de las entrevistas vertidas por los testigos, en ningún momento señalan que hubieran visto al imputado comer el hecho que se le imputa. 3.- Que en el dictamen pericial de agrimensura rendido por el perito Miguel Olivares Méndez, se basó para la identificación del predio únicamente en la escritura pública número 7129 de fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y seis; experticia que no está concatenada con el diverso dictamen 4523, de siete de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por la licenciada Sendín Anais Almazán Ríos, el cual a su vez, se basa en la escritura pública número 48,032, pasada ante la fe del notario público número 118 del distrito, relativa al cambio de régimen patrimonial del matrimonio y la aplicación de bienes que formalizan los señores Rodolfo Vera Vera e Hipolita Vera Chávez, y el contrato de donación que formaliza el señor Rodolfo Vera Vera a favor de su esposa Hipolita Vera Chávez y una secuencia fotográfica., De lo cual no se advierte que el imputado cometió el ilícito. 5.- Que uno de los requisitos para demostrar que alguien está cometiendo un delito de despojo es la plena identificación del inmueble, al no estar concatenado el dictamen con el informe en criminalística y por ende no hay una plena identificación; máxime que los testigos no señalaron de manera precisa que el imputado lo haya cometido, sino que refirieron que un grupo de personas participaron pero no indicaron que este haya cometido el hecho que se le atribuye; por lo que al no existir un señalamiento en su contra, y no haber una plena identificación del predio solicita que el imputado no se le vincule proceso. No obstante, por cuanto hace al primer punto señalado por la defensa consistente en que, la acusación de la fiscal debe ir acreditada con el material idóneo del que sea posible advertir la participación del imputado, contrario a lo manifestado por la defensa este tribunal es del criterio que si se encuentran con datos suficientes para tener por demostrado la participación del imputado Juan Hernández González, esto, como ya se dijo anteriormente se tiene en primer lugar con la denuncia interpuesta por Vicente Vera Vera, quien es el representante legal de la víctima Hipolita Vera Chávez, así como los testimonios de Miguel Ruiz Abarca, Luis Enrique Hernández Pérez, quienes saben y les consta que en el predio del rancho denominado Tlahuanapan el treinta de noviembre del año dos mil dieciocho, aproximadamente un grupo de trescientas personas se introdujeron al mismo, sin autorización de quien legalmente podía otorgarlo, esto con machetes y palos, cortando los hilos que tenían debidamente delimitado el predio, con una superficie de noventa y cinco hectáreas, ochenta y nueve ares (sic) y cuarenta y dos centiáreas, quince milímetros cuadrados, grupo de personas que se llegó a demostrar que entre los cuales se encuentra el hoy imputado Juan Hernández González, con el oficio número 382/2019, signado por los policías ministeriales HECTOR LILA POSADAS Y JORGE FERNANDEZ CALLEJAS, donde informan que al constituirse al lugar del hecho lograron saber que entre las personas que se encontraban entre otros ocupando el predio de la ofendida el imputado Juan Hernández González, sin que hasta el día de hoy tal circunstancia se encuentre desvirtuada por algún otro dato de prueba que nos lleve a establecer que el hoy imputado no sea una de las personas que ocupa el predio denominado Tlahuanapan, propiedad de Hipólita Vera Chávez, además de que sí se llegó a demostrar claramente que el predio es propiedad de Hipólita Vera Chávez con las documentales públicas ya anteriormente descritas, las cuales la avalan como la legítima propietaria, sin que hasta el día de hoy exista algún otro documento que demuestre lo contrario o algún dato de prueba que tales documentos carezcan de valor probatorio el cual ya les fue concedido, razón por la cual por cuanto hace a este punto a la defensa no le asiste la razón. Del mismo modo, el segundo punto expresado por la defensa consistente en que el informe policial homologado no tiene valor porque ahí solamente se menciona a Juan Hernández González como parte de un grupo de personas que se introdujeron al predio, sin embargo de las entrevistas vertidas por los testigos, en ningún momento señalan que hubieran visto al imputado comer el hecho que se le imputa; tampoco le asiste la razón de la defensa por cuanto hace a este punto ya que como se ha venido manifestado a lo largo de esta resolución, pues si bien es cierto que los testigos que deponen solo manifestaron que aproximadamente un grupo de trescientas personas se introdujeron al predio de la multicitada agraviada quienes además quienes además se introdujeron con machetes y palos en mano, cortando incluso los hilos de alambre que delimitaban el predio que además instalaron casas de nylon, para poderse establecer en el citado predio, lo que invariablemente pone de manifiesto que hicieron de una ocupación sin consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo a sabiendas que no les pertenecía el derecho de ocupar el mismo, además, es lógico que los testigos únicamente manifestaran que un grupo de personas se introdujo al predio, dado que como también lo refirieron esas personas no pertenecían a la localidad sino que venían de otros lugares y que no los conocían, en razón de ello fue que los elementos de la policía ministerial HECTOR LILA POSADAS Y JORGE FERNANDEZ CALLEJAS procedieron a la investigación de tales hechos, informando mediante oficio número 382/2019, que al constituirse al lugar del hecho lograron saber que entre las personas que se encontraban entre otros ocupando el predio de la ofendida lo era el imputado Juan Hernández González, es por todo ello que hasta el día de hoy se acredita que el imputado Juan Hernández González, es una de las personas que viene ocupando el predio denominado Tlahuanapan perteneciente a Papantla, Veracruz. El tercer punto expuesto por la defensa, consistente en que en el dictamen pericial de agrimensura rendido por el perito Miguel Olivares Méndez, no se establece si es de profesión ingeniero civil o topógrafo quienes serán las personas indicadas para rendir el dictamen en agrimensura; por cuanto hace a este punto tampoco le asiste la razón a la defensa, ya que como bien lo expone la fiscalía en sus manifestaciones la calidad del perito se encuentra acreditada con la cedula profesional que corre agregada en la carpeta de investigación y que corresponde al número 10392490, el cual señala que Miguel Olivares Méndez tiene la calidad de ingeniero, con lo cual para este tribunal es más que suficiente para emitir el dictamen señalado. Por cuanto hace al punto consistente en que no existe en la carpeta de investigación una identidad del inmueble materia del delito de despojo, en razón de que el dictamen 245 rendido por el perito Miguel Olivares Méndez, se basó para la identificación del predio únicamente en la escritura públicanúmero(sic) 7029 de fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y seis; experticia que no está concatenada con el diverso dictamen 4523, de siete de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por la licenciada Seydi Anais Almazán Ríos, el cual a su vez, se basa en la escritura pública número 48032, pasada ante la fe del notario público número 118 del distrito, relativa al cambio de régimen patrimonial del matrimonio y la aplicación de bienes que formalizan los señores Rodolfo Vera Vera e Hipolita Vera Chávez, y el contrato de donación que formaliza el señor Rodolfo Vera Vera a favor de su esposa Hipolita Vera Chávez y una secuencia fotográfica; de lo cual no se advierte que el imputado cometió el ilícito, empero, contrario a lo manifestado por la defensa y como bien lo expone la fiscalía el bien inmueble se encuentra plena debidamente identificado, ya que primeramente Vicente Vera Vera identifica plenamente el predio invadido, aunado a que también existe la documental consiente en el oficio número 307/DCM/2019 de fecha treinta de enero del dos mil diecinueve. Firmado por el LIC. Cristian Santes Melgoza encargada de Catastro en donde nos informa que con los datos proporcionados de la escritura se acudió al Registro Público de la Propiedad y se encontró el siguiente registro: CLAVE CATASTRAL: 02-127-156-00-001-707-00-000-8; NOMBRE: RODOLFO VERA VERA; UBICACIÓN DEL PREDIO: fracción parcela 10de(sic) Tlahuanapa; SUPERFICIE: 65.0519 Ha; ESCRITURA NUMERO: 7120 BAJO NUMERO 1903 tomo XXX de la sección primera de fecha 25 de junio de 1996.;(sic) DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: AZTECA 12 MORELOS MEXICO D.F.; Los datos proporcionados se encontraban en el padrón catastral hasta el año 2017 en el año 2018; CLAVE CATASTRAL: 02-127-156-00-001-707-00-000-8; NOMBRE: VERA CHAVEZ HIPOLITA; UBICACIÓN DEL PREDIO: fracción parcela 10 de Tlahuanapa; SUPERFICIE: 65.0519 Ha.; ESCRITURA NUMERO: 48032 de fecha 28 de junio de 2006, NOTARIA 118 México DF bajo número 587 TOMO 26, FECHA 04 DE ABRIL DEL 2012, así como el dictamen número 4523 y número de salida 3137 de fecha siete de diciembre del año dos mil dieciocho, emitido por la licenciada Seydi Anahi Almazan Ríos, el cual señala en su apartado de conclusiones los límites y colindancias del predio invadido, refiriendo además la fiscalía al momento de arrojar dicho dato de prueba que dentro de su carpeta de investigación corre agregada secuencia fotográfica, sin que hasta el día de hoy exista algún otro medio de prueba que nos lleve a establecer que el predio invadido y que ocupa el hoy imputado no es el mismo del que se duele Hipólita Vera Chavez, con lo que se insiste hasta el día de hoy no existe duda sobre la identidad del bien inmueble. El último de los argumentos vertidos por la defensa, consistente en que uno de los requisitos para demostrar que alguien está cometiendo un delito de despojo es la plena identificación del inmueble, al no estar concatenado el dictamen con el informe en criminalística y por ende no hay una plena identificación; máxime que los testigos no señalaron de manera precisa que el imputado lo haya cometido, sino que refirieron que un grupo de personas participaron pero no indicaron que este haya cometido en hecho que se le atribuye; por lo que al no existir un señalamiento en su contra, y no haber una plena identificación del predio solicita que el imputado no se le vincule a proceso, sin embargo, y como ya se ha venido indicando anteriormente el predio invadido se encuentra debidamente identificado, aunado de que hasta le(sic) día de hoy no existe probanza alguna que nos lleve a establecer que el predio que ocupa el imputado no sea el mismo del que se duele la denunciante, de igual manera como se ha estado estableciendo, que hasta el día de hoy si existen indicios suficientes para tener por demostrado que el hoy imputado es una de las personas que se introdujo al predio invadido, que si bien es cierto los testigos de cargo únicamente expusieron ante la fiscalía que vieron que un grupo de personas se introdujeron al rancho Tlahuanapan de Papantla, Veracruz, también lo es que los elementos ministeriales HECTOR LILA POSADAS Y JORGE FERNANDEZ CALLEJAS procedieron a la investigación de tales hechos, informando mediante oficio número 382/2019 (ilegible), que al constituirse al lugar del hecho lograron saber que entre las personas que se encontraban entre otros ocupando el predio de la ofendida lo era precisamente el imputado Juan Hernández González, es por todo ello que hasta el día de hoy se acredita que el imputado Juan Hernández González es una de las personas que viene ocupando el predio denominado Tlahuanapan perteneciente a Papantla, Veracruz. Así con todo el material anteriormente descrito y valorado, mismos que consisten primeramente en la denuncia presentada por Vicente Vera Vera; Entrevista de la agraviada Hipólita Vera Chávez; Documental consistente en la escritura pública número 31280, de fecha tres de diciembre del año dos mil dieciocho, pasado ante la fe de la notaría pública número ocho, Licenciado Arturo Hernández Gómez; Documental consistente en el instrumento público número 48032, de fecha veintiocho de junio del año dos mil seis, pasada ante la fe del notario público Licenciado Ramón Aguilera Soto, notario público número 118, del distrito Federal; Entrevista de Miguel Ruiz Abarca; Entrevista de Luis Enrique Hernández Pérez; Dictamen pericial con número de dictamen 45523 y número de salida 3137 de fecha siete de diciembre del año dos mil dieciocho, emitido por la perito Seydi Anahi Almazan Ríos; Entrevista de Miguel Ruiz Abarca; Entrevista de Luis Enrique Hernández Pérez; Dictamen pericial con número de dictamen 45523 y número de salida 3137 de fecha siete de diciembre del año dos mil dieciocho, emitido por la perito Seydi Anahí Almazan Ríos; Entrevista de Guadalupe Pérez Ortíz; Entrevista de Amalio Jesús Trueba Tongola; Entrevista de Evaristo García García; Entrevista de Eusebio García García; Oficio número 041/2018 (ilegible), de fecha vente(sic) de noviembre del año dos mil dieciocho, signado por Jorge Fernández Callejas y Héctor Lila Posadas, Dictamen pericial con número de dictamen 245 y número de salida 126 (ilegible) de fecha diez de enero del año dos mil diecinueve, emitido por el Ingeniero Miguel Olivares Méndez; Oficio número 307/DCM/2019, firmado por el encargado de Christian Santes Mergoza encargada de catastro; Oficio número 382/2019, signado por los policías ministeriales Héctor Lila Posadas y Jorge Fernández Callejas, el imputado Juan Hernández González, el día treinta de noviembre del año dos mil dieciocho, aproximadamente a las nueve horas, (circunstancia de tiempo), sin previa autorización de quien legalmente tenía la facultad de otorgarla, que en el presente caso lo era la agraviado Hipólita Vera Chávez a su representante legal Vicente Vera Vera, como se acredita con la escritura pública con la escritura pública número 31280, de fecha tres de diciembre del año dos mil dieciocho, pasado ante la fe de la notaría pública número ocho, Licenciado Arturo Hernández Gómez; Documental consistente en el instrumento público número 48032, de fecha veintiocho de junio del año dos mil seis, pasada ante la fe del notario público Licenciado Ramón Aguilera Soto, notario público número 118, del distrito Federal, pues el imputado se introdujo al predio ubicado en el terreno diez, carretera chote-Poza Rica, consistente en un predio rústico denominado Tlahuanapan de Papantla, Veracruz, (circunstancia de lugar), predio que cuenta con las siguientes medidas y colindancias al suroeste colinda con la carretera Poza Rica-San Andrés hacia el sureste colinda con la propiedad del C. Armando Papavano pulus, hacia el noreste con la propiedad del C. MARIO TRUEBA, hacia el Noreste con la carretera a camino real, que conduce al municipio de PAPANTLA DE Olarte, Veracruz, pues el imputado se introdujo junto con otras personas más con palos y machetes, tumbando los hilos de alambre que delimitaba el predio e instalando provisionalmente casas de naylon, siendo una superficie de 95 hectáreas, 89 áreas y 42 centiáreas, 15 milímetros cuadrados, sin que dejaran pasar a nadie, lo cual también se adminiculó con el dictamen de agrimensura, practicado por el perito ingeniero Miguel Olivares Méndez, quien asentó al momento de estar realizando su dictamen que en el lugar invadido se realizan trabajos de roza, tumba y quema como construcción de vivienda de forma rustica de madera y lamina de zinc y láminas petrolizadas, de lo que se desprende que resultan por lo menos para el momento procesal en que nos encontramos, datos suficientes para tener por demostrado que el imputado viene ocupando el citado predio en las condiciones y circunstancias ya expuestas(circunstancia de modo); quedando así acreditado el hecho con apariencia de delito de DESPOJO, previsto y sancionado por el artículo 222 fracción I del Código Penal Vigente en el Estado." De lo expuesto, se advierte que el juez responsable al emitir el acto de vinculación a proceso, se pronunció sobre las objeciones del imputado, al dar contestación a las manifestaciones vertidas por el abogado del imputado, consistentes en que: 1. La acusación de la Fiscal debe ir acreditada con material idóneo del que sea posible advertir la participación del imputado. 2. Que el informe policial homologado no tiene valor porque ahí solamente se menciona a Juan Hernández González como parte de un grupo de personas que se introdujeron al predio; sin embargo, de las entrevistas vertidas por los testigos, en ningún momento señalan que hubieran visto al quejoso cometer el hecho que se le imputa. 3. Que en el dictamen pericial de agrimensura rendido por el perito Miguel Olivares Méndez, no se establece si es de profesión ingeniero civil o topógrafo, quienes serían las personas indicadas para rendir el dictamen en agrimensura. 4. Que no existe en la carpeta de investigación una identidad del inmueble materia del delito de despojo, en razón de que el dictamen 245, rendido por el perito Miguel Olivares Méndez, se basó para la identificación del predio únicamente en la escritura pública número 7129 de fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y seis; experticia que no está concatenada con el diverso dictamen 4523, de siete de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por la licenciada Seydi Anahí Almazán Ríos, el cual a su vez se basó en la escritura pública número 48032, pasada ante la fe del Notario Público Número 118 del Distrito, relativa al cambio de régimen patrimonial del matrimonio y la aplicación de bienes que formalizan los señores Rodolfo Vera Vera e Hipolita Vera Chávez, y el contrato de donación que formaliza el señor Rodolfo Vera Vera a favor de su esposa Hipolita Vera Chávez y una secuencia fotográfica; de lo cual no se advierte que el imputado fue quien cometió el ilícito. 5. Que uno de los requisitos para demostrar que alguien está cometiendo el delito de despojo es la plena identificación del inmueble, al no estar concatenado el dictamen con el informe en criminalística y por ende, no hay una plena identificación; máxime que los testigos no señalaron de manera precisa que el imputado lo haya cometido, sino que refirieron que un grupo de personas participaron, pero no indicaron que éste haya cometido el hecho que se le atribuye; por lo que al no existir un señalamiento en su contra, y no haber una plena identificación del predio, solicita que al inculpado no se le vincule a proceso. Asimismo, expuso por qué los datos de prueba expresados por el Ministerio Publico, sirvieron para estimar que existe la probabilidad de que el imputado aquí quejoso haya cometido un hecho que la ley señala como el delito de despojo, y los motivos por los cuales permiten suponer razonablemente la probable responsabilidad del imputado. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional estima que por cuanto hace a los efectos de la concesión del amparo, éstos fueron acatados debidamente, como se expuso en líneas anteriores. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. En términos de lo dispuesto en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese el presente auto a la parte quejosa y tercera interesada; y, comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, y fiscal tercero interesado para su conocimiento y efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no se ha recibido en este Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente al oficio 12958/2019, dirigido a la autoridad responsable Fiscal Quinto adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Papantla, Veracruz, por el que se le notificó el auto de trece de noviembre de dos mil veinte. En tal virtud y en obvio de mayores dilaciones, gíresele atento oficio, vía telegrama, para que en el improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, contados a partir de que le sea notificado el presente proveído, tenga a bien informar por el mismo medio, la fecha en que recibió el oficio de mérito. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se hará acreedor de una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cincuenta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Lo anterior, a fin de estar en posibilidad de continuar con la secuela procesal del presente asunto. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diez de noviembre de dos mil veinte. Vistos los oficios 784 y 832 remitidos respectivamente por el Auxiliar de Sala y Juez de Control, ambos adscritos al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, mediante los cuales hacen del conocimiento que se fijaron las trece horas del veintiocho de octubre de este año, para que tenga lugar la audiencia en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; al respecto, agréguense al sumario únicamente para que obren como corresponda, en razón que dichos oficios se tuvieron por recibidos el quince de octubre y tres de noviembre pasado, proveyéndose lo conducente el treinta de octubre y cuatro de noviembre siguiente. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

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