Juan Hernández Gallegos
Expediente 375/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 375/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Hernández Gallegos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, dictado en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2º de la ley en aplicación, se declara que dicho auto que decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el punto Décimo Primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a la partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Atento a lo ordenado en el Punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, SE HACE CONSTAR que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto, una vez que transcurra el término de cinco años contado a partir de esta fecha se procederá a su destrucción, además no existen documentos originales insustituibles, y este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse.
- Principal
Visto; téngase por recibido y glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual rinde informe justificado; toda vez que en acuerdo de nueve de mayo pasado, se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario. No obstante ello, con apoyo en el diverso numeral 9 de la ley de la materia, téngasele como delegados a las personas que designa para tales efectos.
- Principal
Visto, téngase por recibido y glósese a los autos sólo para que obre como corresponda el escrito firmado por la quejosa ****, por el que con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, informa que la Secretaria Actuaria del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, ya le notificó a ****, el acuerdo de nueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente****; toda vez que en proveído de nueve de mayo del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia este sumario.
- Principal
AVISO. SE NOTIFICA A LA QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DEL 9 DE MAYO DE 2019, QUE DICE: Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio firmado conjuntamente por el Juez, la Segunda Secretaria de Acuerdos y la Actuaria, todos adscritos al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinden informe justificado; por tanto, agréguense a los autos para que surta los efectos legales conducentes. Con fundamento en lo dispuesto en el arábigo 119 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se tienen como pruebas las documentales que exhiben, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. En este contexto, de las documentales que exhiben las autoridades responsables, se advierte que el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, la actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, notificó personalmente al actor Pablo Mario Cabañas González, el auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 564/2015-II, de su índice, cuya falta de notificación constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:" (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que la Actuaria responsable, con fecha posterior a la presentación de la demanda; es decir, el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, notificó personalmente al actor Pablo Mario Cabañas González, el auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 564/2015-II; lo que evidencia que dejó de existir el agravio que le fue causado a la aquí quejosa *****. Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que dicha causa de improcedencia se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte, que al rubro y texto reza: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Junio de 199 Tomo IX, página 38). Así como la diversa tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Noviembre de 1997, Tomo VI, página 71). Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad a la que se le atribuye deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión por parte de la Actuaria responsable de notificar el acuerdo de nueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente número 564/2015-II, y de las constancias exhibidas por las propias autoridades, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, se aprecia que el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, la fedataria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, notificó personalmente al actor Pablo Mario Cabañas González, el aludido proveído. Por lo que se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Sirve de sustento a esta determinación jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto rezan: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Marzo de 200e4, Tomo XVII, página 386). En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional programada para las diez horas con veinte minutos del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.
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