Juan Hernández De los Santos

Expediente 656/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
656/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
23/03/2021

Partes del expediente

  • Juan Hernández De los Santos

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del catorce al veinte de octubre de dos mil veinte, transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa recurriera el proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda con que se formó el presente expediente, no se presentó promoción alguna en que se haya hecho uso del recurso de queja a que se alude en el artículo 97 de la ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el 98 y 99 de la Ley de dela materia y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos civiles de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Devolución de constancias. Por lo anterior, devuélvanse al Juez Segundo Mercantil en esta ciudad, el cuaderno de pruebas que remitió como justificación de sus actos al juicio de amparo 556/2020-II del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado. Archivo. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el Libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes. De conformidad con el Artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En consecuencia, en la carátula del expediente anótese la circunstancia de que es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Centro Archivístico. Una vez transcurrido el plazo de tres años remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Notifíquese.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veinte. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Recepción oficio Téngase por recibido el oficio 12675/2020 del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, al que acompaña copia certificada de constancias deducidas del juicio de amparo 556/2020-II, promovido por Juan Hernández de los Santos, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil en esta ciudad y otras autoridades; copia certificada de constancias deducidas del incidente de suspensión relativo al mencionado juicio en el que se encuentran señaladas las nueve horas con diez minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia incidental; y, un tomo de constancias relativo al juicio ejecutivo mercantil 118/2013 que el Juez Segundo Mercantil en esta ciudad, adjuntó a su informe justificado. Lo anterior, en virtud de que por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en los autos del juicio de amparo 556/2020-II, promovido por Juan Hernández de los Santos, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil en esta ciudad y otras autoridades, ordenó de oficio separar los autos del juicio de amparo a que antes se hizo referencia, respecto de los actos que Juan Hernández de los Santos, reclama del Juez Segundo Mercantil en esta ciudad, consistentes en: "[.] El auto de radicación y/o auto de exequendo en el que se ordena el ilegal, arbitrario e inconstitucional embargo y/o desocupación de lo que puedo ser objeto y por los cuales promuevo el presente escrito de garantías. [.]." En el propio acuerdo, ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, copia debidamente certificada de constancias deducidas del juicio de amparo 556/2020-II, para que por medio del Sistema Computarizado, procediera a su registro como una nueva demanda de amparo y la turnara al Juzgado de Distrito que correspondiera por razón de turno, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Puntos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo que promueve Juan Hernández de los Santos, reclama del Juez Segundo Mercantil en esta ciudad, precisados en párrafos precedentes. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Demanda En consecuencia, vista la demanda de amparo que promueve Juan Hernández de los Santos, reclama del Juez Segundo Mercantil en esta ciudad; fórmese expediente, registrada el libro de gobierno bajo el número 656/2020-10. Desechamiento Previo a cualquier determinación respecto a la admisión de la demanda, procede analizarla en su integridad, en virtud de ser un todo, por lo que así debe interpretarse para armonizar los datos que contiene y fijar un sentido congruente con los elementos que la conforman; lo que se efectúa en términos de la tesis 169, publicada en la página 207, del tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". La integridad de la demanda y anexos que la conforman, revelan motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desecharla de plano, acorde con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, respecto de la demanda de amparo con la que se ha dado cuenta, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI, a contrario sentido, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, ya que se estima que al quejoso no le resulta el carácter de tercero extraño por equiparación al juicio de origen, como enseguida se explica. En principio, debe apuntarse que el análisis del escrito inicial de demanda, revela que el quejoso insta la acción de control constitucional señalando como actos reclamados el emplazamiento, embargo, desocupación y auto de exequendo dictado en su contra. Además, refiere el quejoso que el diecinueve de agosto de dos mil veinte, se presentaron en su domicilio que se ubica en Segunda Paseo de Jacarandas número 515, Colonia Jacarandas de esta ciudad, unas personas como actuarios y servidores públicos del Poder Judicial del Estado, informando al hijo del quejoso, que tenían una orden judicial y que querían entrar al domicilio, sin conseguirlo, manifestando que regresarían al día siguiente; por lo que en la citada data tuvo conocimiento de los actos reclamados. De acuerdo con lo anterior, la posibilidad legal de procedencia del juicio de amparo se circunscribe en la fracción VI del precepto 107 de la Ley de Amparo, esto es, como actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, en este caso, como persona extraña por equiparación al tener formalmente el quejoso el carácter de parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 118/2013 promovido por Juan Ocegueda Martínez, apoderado legal de VEHÍCULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS, sociedad anónima de capital variable; sin embargo, la hipótesis de procedencia exige que precisamente el gobernado tenga el carácter de tercero extraño, esto es, que se encuentre en la posición fáctica de no haber tenido conocimiento de la existencia del juicio de origen y, por ende, de la correspondiente a poder incorporarse al mismo a fin de enderezar su defensa y ejercer su derecho de audiencia frente a la litis del correspondiente proceso judicial de origen, lo que en la especie no se surte, de donde se estima que la hipótesis de procedencia no se surte, lo que produce su efecto inverso, esto es, que se traduzca en una causa de improcedencia al no reunirse por el quejoso el carácter de tercero extraño al juicio de donde derivan los actos reclamados. Para demostrar lo anterior conviene dejar asentadas algunas consideraciones que giran en torno a la figura del tercero extraño para efecto del juicio de amparo, y para ello es prudente traer a glosa primeramente el contenido de la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]". La porción normativa transcrita pone de manifiesto que -acorde con la interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- el concepto de persona extraña a juicio implica que lo es aquel gobernado que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento de origen como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones ahí emitidas sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido de igual forma en dicho concepto aquel gobernado que no obstante sea parte en el procedimiento de origen de modo formal, pero que materialmente no haya sido emplazado o que si lo fue ello se hizo ilegalmente, corrobora lo dicho la Jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56 del tomo VII, Enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE". La procedencia constitucional y legal del juicio de amparo en la hipótesis comentada encuentra su razón de ser en la medida en que a todo gobernado se le debe satisfacer el derecho fundamental de audiencia y defensa previa al acto privativo, como lo establece el artículo 14 de la Carta Magna, lo que de igual modo encuentra su relación también con el derecho fundamental de debido proceso que se fija en el artículo 16 de la propia Constitución Federal, que impone a las autoridades la tramitación de procedimientos en forma de juicio en los que para estar en condiciones de realizar un acto afectatorio en contra del particular debe proporcionarse a éste todas las condiciones del debido proceso, como son el manifestar su defensa, ofrecer pruebas, alegar, etc., todo lo cual tiene como condición suprema la obligación para las autoridades de llamar correctamente al gobernado para que comparezca al procedimiento de origen, esto es, realizar el acto de llamamiento o también conocido como emplazamiento, conforme a las formalidades que para tal efecto señale la ley adjetiva respectiva; ilustra a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 133 del tomo II, Diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO". En tal sentido, de no cumplirse con exacta precisión legal el acto del emplazamiento, todo el desarrollo del procedimiento estará afectado de ilegalidad porque el encausado no tuvo la oportunidad de defenderse, violando con ello la garantía prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apoya lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 74/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209 del tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL". En armonía con lo anterior, igualmente debe precisarse que el emplazamiento constituye una figura procesal que tiene la mayor relevancia a efecto de que se pueda proseguir un juicio con las formalidades esenciales del procedimiento, respecto del que nuestro más alto tribunal ha sustentado de forma reiterada que cuando se acuda a la vía constitucional reclamado un acto de autoridad que particularmente hubiese afectado la figura procesal del emplazamiento, al impetrante de amparo se le debe suplir la queja deficiente, tal y como así se estableció en la Jurisprudencia P./J. 149/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22 del tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL", salvo cuando se trate de que el quejoso tenga la calidad de patrón en el procedimiento de origen, tal y como se estableció en la diversa Jurisprudencia 2a./J. 42/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 305 del tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA". De todo lo expuesto puede inferirse que la posibilidad constitucional y legal de instar el juicio de amparo ostentándose el gobernado como tercero extraño lleva implícito que el juicio de amparo constituye para quien no fue tomado en cuenta para la tramitación del procedimiento de origen el último recurso, la última y suprema posibilidad que tiene de defenderse frente a los actos que se realizaron a su espalda; en ese sentido, tal oportunidad igualmente implica la razón de que el gobernado haya desconocido materialmente la existencia del juicio o procedimiento en donde no se le tomó en cuenta, pues el juicio de amparo constituye una posibilidad extraordinaria de defensa. En tal virtud, la posibilidad de acción constitucional que se dispone en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, exige los siguientes extremos: a). Que el gobernado no haya tenido conocimiento formal ni material de la controversia de origen respecto de la que se ostenta extraño; b). Que no se hubiese integrado a la relación procesal por ningún motivo; y, c). Que de la prosecución procesal de que se duele se hubiese culminado la misma con un acto jurídico que concretamente afecte su esfera jurídica. A fin de explicar con mayor amplitud lo que debe entenderse por tercero extraño al juicio de origen, se hace necesario traer a glosa algunas consideraciones que al respecto sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 12/2000-PL, en que precisó lo siguiente: "si el gobernado que se hizo sabedor del juicio compareciendo a él, opta por intentar la vía indirecta en la que tendrá la oportunidad de ofrecer pruebas en relación con el emplazamiento defectuoso o de su omisión, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo. --- En efecto, si el promovente se hizo sabedor del procedimiento incoado en su contra, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento, pues tal apersonamiento le ha permitido el conocimiento de las prestaciones que se le reclaman; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución interlocutoria favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva. --- Lo anterior no implica que el promovente del amparo indirecto quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, en virtud de que como quedó precisado previamente, en sentido estricto, la comparecencia al procedimiento trae la consecuencia jurídica de que el promovente no pueda reputarse como persona extraña al procedimiento en términos del multicitado artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." La ejecutoria de contradicción sirvió de génesis a la Jurisprudencia P./J.39/2001, que es aplicable en la especie por analogía, visible en la página 93 del tomo XIII, abril de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." En torno al punto relativo al tipo de conocimiento que tuviere quien se ostenta como tercero extraño respecto de la existencia del juicio de origen, debe destacarse lo que precisó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 379/2011, que al momento de analizar la ejecutoria de la diversa resolución de contradicción de tesis número 12/2000 que dio lugar a la formación de la Jurisprudencia P./.J.39/2001, ya citada con antelación, señaló lo siguiente: "37. En lo así transcrito, se advierte que en esa ejecutoria se examinó el caso específico en que el quejoso (demandado en el juicio de origen) alega omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio. La conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio e incluso se afirmó expresamente: "En efecto, si el promovente se hizo sabedor del procedimiento incoado en su contra, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento". --- 38. Entonces, se advierte que no ha habido cambio en el criterio sostenido por este Alto Tribunal, lo que se constata con el hecho de que, posteriormente, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 169/2008 analizó un asunto en el que se discutió si la condición de persona extraña a juicio por equiparación se pierde con la sola circunstancia de que la parte se haga sabedora del procedimiento laboral iniciado en su contra antes del dictado del laudo y después del cierre de la instrucción, o bien, si tal condición se pierde si se hace sabedora al comparecer al juicio natural o interviniendo en él, apoyándose o sometiéndose de manera formal a la jurisdicción de la autoridad mediante un acto procesal. Al respecto, se llegó a la conclusión siguiente:" (.) --- 39. En lo así relacionado se advierte que, en todos y cada uno de los criterios invocados subyace la misma razón en torno a la pérdida del carácter de tercero extraño a juicio del demandado cuando éste conoce de la existencia del juicio y de sus datos de identificación, y es que basta ese conocimiento para dar por sentado que está en aptitud de acudir al juicio a hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios que la ley prevé, pues es desde el momento mismo de la falta de llamamiento a juicio que se ocasiona una afectación a su esfera jurídica." Ejecutoria que dio origen a la diversa Jurisprudencia 1ª./J.9/2012 (10ª), que igualmente es aplicable en la especie por analogía, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 681 del libro VII, abril de 2012, tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Criterio el anterior que de igual forma sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 401/2011, de cuya ejecutoria se lee lo siguiente: "En efecto, si de autos se advierte que el promovente tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra, antes del dictado de la sentencia respectiva, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento por equiparación, pues tal conocimiento le permite imponerse de los autos para saber cuáles son las prestaciones que se le reclaman; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución interlocutoria favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva. --- En las condiciones apuntadas, a juicio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si de las constancias que obran en el expediente existe prueba de que el quejoso tuvo conocimiento del juicio de origen seguido en su contra, el amparo en la vía indirecta es improcedente, fundamentalmente porque deja de ser persona extraña al juicio por equiparación, ya que no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impida imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sino que, como se ha indicado en forma reiterada, se trata de sujetos que tuvieron conocimiento del juicio natural y que tuvieron la oportunidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa y, por tanto, no se da la hipótesis de procedencia del juicio de garantías que establece el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Y de la cual derivó la Jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) visible en la página 1627 del libro V, febrero de dos mil doce, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Tomando en consideración el marco legal e interpretativo que precede, el cual sirve a la vez de premisa esencial que fundamenta la razón por la que se estima que la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, es improcedente. Resulta conveniente reiterar que en la especie el quejoso en el escrito inicial de demanda, refiere que a través de su hijo tuvo conocimiento de los actos reclamados, pues éste, con fecha diecinueve de agosto de dos mil veinte en su domicilio que se ubica en Segunda Paseo de Jacarandas número 515, Colonia Jacarandas de esta ciudad, atendió a unas personas que dijeron ser actuarios y servidores públicos del Poder Judicial del Estado, y que tenían una orden judicial y que querían entrar a dicho. No obstante, el estudio y análisis de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 118/2013 promovido por Juan Ocegueda Martínez, apoderado legal de VEHÍCULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS, sociedad anónima de capital variable, de la estadística del Juzgado Segundo Mercantil en esta ciudad, que se acompañan en copia certificada al oficio con el que se ha dado cuenta, que tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicables supletoria a la Ley de Amparo, al estar expedidas por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones, ponen de relieve que al quejoso no le resulta el carácter de tercero extraño al existir evidencia que tenía conocimiento del controvertido de origen, cuando menos, desde el veinticuatro de agosto de dos mil doce; fecha en la que presentó escrito ante el Juzgado Octavo del Ramo Civil en esta ciudad, quien inicialmente conoció del juicio ejecutivo mercantil de donde derivan los actos reclamados, pues a través del referido ocurso dio contestación a la demanda entablada en su contra e hizo valer las excepciones y defensas que a sus intereses convino; señaló domicilio y personas en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Además, a través de su diverso autorizado para oír y recibir notificaciones Juan Paulo Romero Lozoya promovió incidente de nulidad de actuaciones, tal como aparece del ocurso presentado el cuatro de enero de dos mil trece, ante el Juez que inicialmente conoció del sumario de origen; incluso, promovió juicio de amparo directo en contra de la resolución de nueve de abril de dos mil trece, que recayó al mencionado incidente, del que conoció el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito bajo el amparo directo civil 65/2014, quien mediante ejecutoria de cinco de marzo de dos mil catorce, negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Así, con motivo de tal conocimiento, esta Juzgadora estima que el quejoso no es tercero extraño al juicio ejecutivo mercantil de origen; circunstancia la anterior que conlleva a estimar que la demanda de amparo que ahora promueve es improcedente, ya que conforme a la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, se requiere como presupuesto tener la calidad de tercero extraño, en este caso por equiparación cuando se trata de una persona que formalmente tiene el carácter de parte pero materialmente no, característica que en la especie, por lo precisado no se surte, lo cual produce la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción VI, interpretada a contrario sentido, del numeral 107, en relación con la fracción XXIII del diverso precepto 61, ambos de la Ley de Amparo. En esas condiciones, el hecho de que el quejoso haya comparecido al juicio ejecutivo mercantil de origen, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de tercero extraño a juicio en términos del artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo, toda vez que como se puntualizó con anterioridad, con ese carácter, en el supuesto en estudio, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento y en el caso, quedó demostrado, que la parte quejosa compareció al citado procedimiento antes de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, con lo que se demuestra que ya tenía conocimiento del mencionado controvertido con anterioridad a la fecha en la que se presentó la demanda de amparo. Máxime que las personas que intervienen en un procedimiento se encuentran constreñidas, en defensa de sus propios intereses, a vigilar la debida prosecución de aquél, con independencia del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, a fin de encontrarse en aptitud de impugnar oportunamente, al través de los medios legales de defensa correspondientes, las actuaciones que pudieran perjudicarles. Se cita como apoyo a lo anterior, en lo que interesa, la jurisprudencia VI.2o.C. J/259 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1654, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, número de registro 175974, que dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo.". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia al principio invocada, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda que promueve Juan Hernández de los Santos, reclama del Juez Segundo Mercantil en esta ciudad. Domicilio y autorizados Por otra parte, con base en el artículo 27, fracción I, de la Ley de amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en calle Sierra Ventana número 419, Lomas Tercera Sección en esta ciudad, y como autorizados para recibirlas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Oscar David Pérez Vázquez, toda vez que tiene cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco y en términos restringidos a las restantes personas por así haberlo solicitado. Exhortación a las partes para seguir la tramitación del presente juicio en línea. En ese contexto, con fundamento en el artículo 2° del citado Acuerdo General, toda vez que el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del asunto mediante el esquema de "juicio en línea". De ser así, a efecto de llevar actuaciones "en línea" a través del Portal de Servicios en Línea, las partes deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las determinaciones dictadas en el juicio en que se actúa, para lo cual deberán proporcionar el usuario respectivo a efecto que este órgano jurisdiccional lleve a cabo la autorización correspondiente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el entendido que la actuación por dicho medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, lo anterior con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo General en mención. Sin perjuicio de lo anterior, hágase notar a las partes que a fin de dar seguimiento a las determinaciones que se emitan en el presente juicio, se encuentran en aptitud de consultar a través de la lista de acuerdos electrónica que aparece publicada en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal, en el apartado de Servicios y trámites, rubro consultas, en donde se encuentran disponibles por fechas, las listas de acuerdos generadas en los diferentes órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación. Uso de aparatos electrónicos Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, una vez que se esté en condiciones de hacerse, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Notificaciones De conformidad con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que de ser necesario, las diligencias derivadas del presente asunto las puedan llevar a cabo en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, con el propósito de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." En la inteligencia que las notificaciones a las autoridades responsables mediante la entrega de los oficios respectivos, será de la exclusiva responsabilidad del actuario que por el número le corresponda el manejo del presente expediente, en términos de los artículos 24, 25, 26, fracción II, y 28 de la Ley de Amparo. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígasele a las partes que las resoluciones que se dicten en el presente asunto y las constancias que lo integren estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, y que tienen el derecho para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición, presume su consentimiento a ella. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Cuenta con escrito Téngase recibido el escrito de Maximiliano Valles Moncada, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de la garantía exhibida en el incidente de suspensión. En atención a lo anterior, se advierte que en proveído de once de marzo y reiterado en diecinueve de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento a lo determinado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en la queja 10/2020, se dio vista a la parte tercero interesada Patricia Miranda Santana, a fin de que dentro del término de tres días manifestara: 1. Sí es conforme con la devolución de dicha garantía; 2. Que con el otorgamiento de la suspensión no resintió daños y perjuicios. 3. O bien manifieste si es su deseo promover el incidente a que alude el numeral 129 de la Ley de Amparo, es decir, el incidente de responsabilidad proveniente de las garantías otorgada con motivo de la suspensión provisional; con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado, procederá a pronunciarse respecto de devolución." Sin que a la fecha haya hecho pronunciamiento al respecto, no obstante de encontrarse debidamente notificada para ello, por tanto, este Juzgado procede a determinar sobre la devolución de la garantía exhibida en los autos del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo. Sirviendo de base lo determinado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal, aunado al silencio de la parte tercero interesada respecto de la procedencia de la devolución de la garantía otorgada para garantizar los daños y perjuicio que le pudieron ocasionar con la interposición del presente juicio de amparo o bien haber promovido el incidente que menciona el numeral 156 de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que a partir de hoy, queda a su disposición el billete.... que sirvió para garantizar la suspensión provisional decretada mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, por un plazo de dos años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que en caso de no acudir a su recepción dentro de la temporalidad indicada a fin de que el mismo le sea entregado, se declarará de oficio la prescripción del citado billete de depósito, ordenándose enviar a la Tesorería de la Federación para que su importe sea ingresado a favor del erario federal; ello con fundamento en los artículos 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Servicio de Tesorería de la Federación, así como en el punto primero de la Circular aprobada por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, el uno de febrero de dos mil. Para lo anterior, deberá coordinarse con la Secretaria encargada de la caja de valores del Juzgado al teléfono 444-803-82-21, a efecto de concretar fecha y hora para la entrega y recepción del referido billete. Código QR Y una vez hecho lo anterior, deberá de agotar el procedimiento de activación de atención al público, que a partir del tres de agosto del dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en el cual además de encontrar el sistema de "Agenda OJ" en la cual aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional para la generación de cita para consultar expedientes, en la cual se generara un Código QR, que permitirá su acceso al órgano, en los términos previstos por los artículos 3 a 8, Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Además, la persona citada, deberá respetar las medidas de sana distancia implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), así como, evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito, además, de usar cubrebocas en todo momento. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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