Juan Hernández de los Santos

Expediente 665/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
665/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
29/04/2021

Partes del expediente

  • Juan Hernández de los Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE VEINTINUEVE DE MARZODE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que trascurrió el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa en el auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, para que compareciera ante este juzgado a recoger los edictos a fin de emplazar al tercero interesado *************, sin que lo hubiese hecho, ni tampoco acreditó la publicación de los mismos. Al respecto, por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte se tuvo como tercero interesado al citado ***********, ordenándose su emplazamiento en un domicilio. Sin embargo, el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional no lo pudo emplazar en dicha dirección, por los motivos expuestos en la razón levantada el siete de octubre de dos mil veinte; por lo que en el auto de ocho de octubre del mismo año se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto del nombrado tercero interesado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría la investigación del mismo y en caso de no encontrar dirección alguna para emplazar a ****************, se ordenaría dicho emplazamiento por edictos. Ante la circunstancia de que la parte quejosa omitió dar cumplimiento al requerimiento que le fue formulado, en el auto de tres de noviembre de dos mil veinte se giraron oficios a diversas dependencias para que informaran el domicilio de la parte tercero interesada; sin que se hubiese podido emplazar a Juan José Razo Monsiváis en las direcciones proporcionadas por las autoridades correspondientes. Tomando en cuenta lo anterior, en el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, con fundamento en la fracción III, inciso b), segundo párrafo, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordenó realizar el emplazamiento del aludido tercero interesado por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriendo a esta última para que compareciera ante este juzgado a recoger los edictos a fin de realizar el emplazamiento de que se trata, sin que hasta la fecha haya dado cumplimiento o hubiese manifestado algo al respecto. Interpretación del marco normativo. En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si el domicilio del tercero interesado resulta inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado. Caso concreto. En esta hipótesis, se advierte que en el presente asunto se han realizado las gestiones necesarias a fin de emplazar al tercero interesado Juan José Razo Monsiváis. Resulta evidente que el emplazamiento de la parte tercero interesada, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que el quejoso acudiera a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento del tercero interesado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo que, en atención a la contumacia en que incurrió la parte quejosa al no recoger los edictos a efecto de realizar el emplazamiento del tercero interesado Juan José Razo Monsiváis, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza tal causa de sobreseimiento. Decisión. Por todo lo expuesto, en el caso opera la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, así como en el precepto 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las nueve horas con veinte minutos del veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente."

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que trascurrió el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa en el auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, para que compareciera ante este juzgado a recoger los edictos a fin de emplazar al tercero interesado *************, sin que lo hubiese hecho, ni tampoco acreditó la publicación de los mismos. Al respecto, por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte se tuvo como tercero interesado al citado ***********, ordenándose su emplazamiento en un domicilio. Sin embargo, el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional no lo pudo emplazar en dicha dirección, por los motivos expuestos en la razón levantada el siete de octubre de dos mil veinte; por lo que en el auto de ocho de octubre del mismo año se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto del nombrado tercero interesado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría la investigación del mismo y en caso de no encontrar dirección alguna para emplazar a ****************, se ordenaría dicho emplazamiento por edictos. Ante la circunstancia de que la parte quejosa omitió dar cumplimiento al requerimiento que le fue formulado, en el auto de tres de noviembre de dos mil veinte se giraron oficios a diversas dependencias para que informaran el domicilio de la parte tercero interesada; sin que se hubiese podido emplazar a Juan José Razo Monsiváis en las direcciones proporcionadas por las autoridades correspondientes. Tomando en cuenta lo anterior, en el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, con fundamento en la fracción III, inciso b), segundo párrafo, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordenó realizar el emplazamiento del aludido tercero interesado por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriendo a esta última para que compareciera ante este juzgado a recoger los edictos a fin de realizar el emplazamiento de que se trata, sin que hasta la fecha haya dado cumplimiento o hubiese manifestado algo al respecto. Interpretación del marco normativo. En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si el domicilio del tercero interesado resulta inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado. Caso concreto. En esta hipótesis, se advierte que en el presente asunto se han realizado las gestiones necesarias a fin de emplazar al tercero interesado Juan José Razo Monsiváis. Resulta evidente que el emplazamiento de la parte tercero interesada, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que el quejoso acudiera a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento del tercero interesado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo que, en atención a la contumacia en que incurrió la parte quejosa al no recoger los edictos a efecto de realizar el emplazamiento del tercero interesado Juan José Razo Monsiváis, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza tal causa de sobreseimiento. Decisión. Por todo lo expuesto, en el caso opera la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, así como en el precepto 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las nueve horas con veinte minutos del veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante diversos Acuerdos Generales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, dicho órgano colegiado reactivó en su totalidad el funcionamiento de los citados órganos. Posteriormente, se emitió la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. En las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, de uno y ocho de febrero de dos mil veintiuno, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del uno al quince de febrero dos mil veintiuno. Instrumentos de observancia general relatados en el párrafo anterior que indican que una vez transcurrido el plazo previsto en el punto 2, se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del AG 21/2020 -reactivación-. Continuación que para la presente Entidad Federativa -San Luis Potosí- no se contempló como excluida acorde a lo dispuesto por la Circular SECNO/10/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en trece de febrero de dos mil veintiuno. Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite en este asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Regularización del procedimiento. Visto el estado que guarda este asunto, con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Se agregan oficios para que obre como corresponda. Agréguense únicamente para que obren como correspondan los oficios signados por el Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad; mediante los cuales pretende cumplir con el requerimiento contenido en proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, respecto al domicilio en el cual puede ser emplazado el tercero interesado Juan José Razo Monsiváis e informa que no cuenta con los datos requeridos. Lo anterior en virtud de que mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintiuno se acordó lo conducente. Notificación a las partes. Finalmente, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, en aras del principio de justicia pronta y expedita, garantizado en el numeral 17 constitucional, se ordena que el presente proveído sea notificado a las partes por lista de acuerdos.

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