Juan Hernandez Cruz

Expediente 1338/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1338/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
14/11/2017

Partes del expediente

  • Juan Hernandez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "Pachuca de Soto, Hidalgo, a siete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda signado por Juan Hernández Cruz, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Subprocurador de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad y Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Uno Investigadora Determinadora y Especializada en Justicia para Adolescentes de Huejutla de Reyes, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1338/2017-3, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, son: 1. La determinación de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, emitida en la averiguación previa V/CAVI/HUE/102/2015 emitido por la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicio a la Comunidad, mediante la cual no autorizó el archivo definitivo de la indagatoria de mérito en la que previamente el fiscal determinó no ejercer acción penal contra el aquí quejoso. En efecto, en el caso se estima se actualiza la causa de improcedencia de la demanda de derechos, contenida en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (...)". En relación con los diversos numerales 107 fracción III inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 107, fracción V y 172 fracción III, estos dos últimos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Al respecto, es importante destacar que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Atento a lo antes expuesto, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, los actos de imposible reparación, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación anterior, se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo anterior, es claro que la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", dejó de tener vigencia, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo. Para llegar a la anterior conclusión, se tiene en cuenta que el acto reclamado en esencia consiste en la negativa de ordenar el archivo definitivo de la averiguación previa V/CAVI/HUE/102/2015, no obstante que el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Uno Investigadora Determinadora y Especializada en Justicia para Adolescentes de Huejutla de Reyes, Hidalgo, determinó el no ejercicio de la acción penal contra el aquí quejoso. Lo anterior, así se advierte de la resolución de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, emitida en la averiguación previa V/CAVI/HUE/102/2015 por el Subprocurador de Derechos Humanos y Servicio a la Comunidad dependiente de la Procuraduría General de Justicia, mediante la cual no autorizó el archivo definitivo de la indagatoria de mérito en la que previamente el fiscal determinó no ejercer acción penal contra el aquí quejoso, atendiendo a que aún existen pruebas pendientes por desahogar en la averiguación de mérito. De lo anterior se deduce, que los efectos y consecuencias del acto reclamado, en su caso, podrían traducirse en una violación puramente adjetiva que únicamente repercute en el procedimiento correspondiente y no genera a los involucrados una afectación material, habida cuenta que sus efectos lesivos habrán de concretarse hasta el momento en que el agente del Ministerio Público del conocimiento en su caso, realice la consignación de la averiguación previa de origen, al juez competente, lo cual evidentemente sería adverso a los intereses de la parte quejosa. En otras palabras, los efectos lesivos del acto reclamado, se actualizarán hasta que la representación social correspondiente considere que existen elementos de prueba suficientes para realizar en su caso, la consignación de la Averiguación Previa relativa, ante el Juez competente para conocer de la misma, pues será hasta ese momento cuando se podrá apreciar si con motivo de tal determinación se vulneraron las defensas del quejoso y se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado del fallo, lo que hace evidente que por ahora, la negativa de no autorizar el archivo definitivo de la averiguación previa 12/DAP/R/306/2015 y como consecuencia su devolución para su debida integración, no tienen en la esfera jurídica del promovente una ejecución de imposible reparación. Pues se reitera, la afectación que en todo caso pudiera sufrir la parte quejosa, podrá subsanarse con la obtención de un fallo benéfico a sus intereses, esto es, con un fallo que culmine con la resolución de no ejercicio de la acción penal en la averiguación de que se trata y como consecuencia su archivo definitivo, pero de no ser así, sólo le afectarían en la medida en que esas violaciones trascendieran al sentido de un fallo adverso, al momento en el que el fiscal consigne la indagatoria ante el juez competente. Sin embargo, dicha violación podrá ser motivo de análisis en el amparo indirecto que se promueva contra la misma, toda vez que la protección del derecho humano al debido proceso se vincula con la observación de los parámetros que la Constitución establece para todas las etapas procedimentales en el procedimiento penal, por lo que en la en el amparo biinstancial, es posible analizar las violaciones al procedimiento cometidas en la fase de averiguación previa. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 7/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de justiciable la Nación , cuyo rubro y texto dicen: "VIOLACIONES COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN AMPARO INDIRECTO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 121/2009)." Así como la diversa tesis III.2o.P.234 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito , de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO." En consecuencia, respecto del acto reclamado consistente la determinación del veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, emitida en la previa V/CAVI/HUE/102/2015 emitido por la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicio a la Comunidad, en el sentido de no autorizar ek archivo definitivo., se acredita la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V de la propia ley, interpretado este a contrario sentido. Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente señalada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la presente de demanda promovida por Juan Hernández Cruz, contra las autoridades que señaló como responsables. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere por no tener registradas su cédula en el Modulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente. ". NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a siete de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 12078/2017 signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual informa que se desechó de plano por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto, circunstancia de lo cual queda enterado este juzgado. Notifíquese.

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