Juan Herminio Velasco Cárdenas

Expediente 1313/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1313/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Juan Herminio Velasco Cárdenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. OFICIO Intégrese el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 1313/2022-I-B, y oficio en el cual trascribe la ejecutoria emitida en el recurso de revisión 294/2022, en la cual se determinó: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión, NO AMPARA NI PROTEGE A HERMINIO VELASCO CÁRDENAS, contra el acto y autoridad indicadas en este veredicto constitucional." Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas. Glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado por motivo del recurso de revisión interpuesto. En ese orden, al haber confirmado la superioridad la sentencia emitida en el presente sumario, se declara que ésta ha causado ejecutoria por ministerio de ley. En virtud de lo anterior, en acatamiento al artículo 18, fracción I inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, los diversos numerales 7.1.1. inciso 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de ser depurable ya que se negó el amparo en el juicio. Asimismo, de conformidad con los numerales 21, fracción c) y 8.1.2 apartado 3, de los citados ordenamientos, el original del incidente de suspensión es destruible, ya que se negó la suspensión provisional y definitiva. Una vez que transcurran seis meses, de acuerdo con el artículo 20 fracción II, inciso a), del referido acuerdo, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, devuélvanse al Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, los ocho discos ópticos que remitió como anexos a su informe justificado; sin que sea necesario que requerir acuse de recibo, en razón de que, para tal efecto, se toma en consideración la notificación que se realice del presente proveído.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Intégrese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo del recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa e informa que lo admitió a trámite bajo el número de registro 294/2022. Por lo que se está en espera de que el Tribunal de Alzada resuelva el medio de impugnación intentado.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Recurso de revisión Intégrese el escrito signado electrónicamente por el autorizado del quejoso Juan ****, por medio del cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I inciso e) y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación, distribúyase entre las partes el mismo. Una vez integrado este expediente, remítase al Tribunal de Alzada, solicitando atentamente a la superioridad acuse recibo de no tener inconveniente. De igual manera, se comisiona al oficial judicial "A", para que realice la vinculación del expediente para que pueda ser visualizado por el Tribunal de Alzada.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; a ocho de noviembre de dos mil veintidós. S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 1313/2022-I-B, promovido por *****; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federal en el Estado de México; *****, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad responsable y el acto reclamado que a continuación se precisan: "C.- Autoridad responsable: a).- Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México. D.- Acto reclamado: Se reclama el inconstitucional auto de fecha 8 de Agosto de 2022 dictado en la causa penal ***** mediante el cual declaran infundados los agravios contenidos en el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso auto de fecha 3 de agosto de 2022 que declaró infundado el INCIDENTE DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS presentado por el aquí quejoso." Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20 del Pacto Federal. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 1313/2022-I-B; y, por auto de veinticuatro de agosto del año en curso, se admitió a trámite; dio al Agente del Ministerio Público adscrito, la intervención legal que le compete; se reconoció con el carácter de terceros interesados al fiscal que formuló imputación dentro de la carpeta administrativa ****, del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México [por conducto de la Coordinación General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México], así como a la víctima de identidad resguardada ***** Seguido el juicio por sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el juicio de conformidad con lo señalado en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una determinación emitida por una autoridad del orden penal con residencia en el ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para los cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis de rubro "ACTO RECLAMADO, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en lo anterior, se estima que la parte quejosa reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, la resolución emitida el ocho de agosto de dos mil veintidós, en la causa penal *****, mediante la que se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra de la determinación dictada el tres de agosto de dos mil veintidós, que declaró improcedente el incidente de violación de derechos humanos, promovido por el aquí quejoso en contra de la resolución que dictó sentencia condenatoria en el procedimiento abreviado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: ***** En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, que señala: ***** TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado del Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, toda vez que así lo reconoció expresamente al rendir su informe justificado. Es aplicable al caso, la tesis 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, página 830, que dice: ***** Lo anterior se corrobora con la documental consistente en ocho DVD que contienen el expediente electrónico y las audiencias desahogadas en la carpeta administrativa *****, entre lo que se destaca la determinación reclamada de ocho de agosto de dos mil veintidós; las que poseen el carácter de públicas y, por esto, merecen valor probatorio pleno para demostrar la existencia del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por cumplir los requisitos regulados en el precepto 129 de dicho ordenamiento legal. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMA´TICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSA´TIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURI´DICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PU´BLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia representa una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: **** No obstante lo anterior, es menester señalar que no existen causas de improcedencia propuestas por las partes o que este órgano jurisdiccional advierta de oficio; motivo por el cual, procede al análisis de la regularidad constitucional de los actos reclamados, al tenor de los conceptos de violación propuestos por las partes. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de los conceptos de violación, se estima necesario hacer una relación de los antecedentes del acto reclamado, a saber: ****** SEXTO. Conceptos de violación. No es necesaria la transcripción de las inconformidades hechas valer, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 58/2010, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ***** SÉPTIMO. Estudio de fondo. La parte quejosa aduce, en esencia, que la resolución reclamada trastoca las garantías de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, fundamentación y motivación, toda vez que el juez responsable no estudió los agravios expuestos en el recurso de revocación interpuesto contra la determinación por la que se declaró infundado el incidente de violación de derechos humanos tramitado en contra de la sentencia condenatoria dictada en el procedimiento abreviado contra el aquí quejoso. Los conceptos de violación son infundados. En efecto, el principio de legalidad se encuentra previsto en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, que señala: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." La porción normativa transcirta establece, que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado; por lo primero se entiende, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso. Por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, pues es necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas, para que se puedan aplicar las consecuencias jurídica previstas en las propias disposiciones legales invocadas como fundamento. El artículo transcrito parcialmente consagra el derecho de legalidad, consistente en la fundamentación y motivación, que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos, lo que significa, que el acto de autoridad se sustente en disposiciones legales de carácter general, que la ley prevea una situación concreta para autorizar determinado acto, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite y, que expresen las circunstancias y modalidades del caso particular por las que se considera que los hechos encuadran dentro del marco establecido por la ley. Para que una autoridad cumpla con los extremos del párrafo primero, del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables, que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata encuadra en los supuestos de la norma invocada. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 204, en la página 166, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que advierte: ***** Aunado a lo anterior, el dictado de una resolución, debidamente fundada y motivada, debe caracterizarse por su congruencia y exhaustividad, lo que exige, por una parte, resguardar una congruencia interna entre el sentido de las consideraciones y los puntos resolutivos de la misma, así como, congruencia externa que debe cuidarse y respetarse entre las peticiones expresas del justiciable, mismas que a su vez deben encontrar correspondencia con la litis dirimida ante la autoridad responsable; y, por otra, que se aprecien las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer. Ahora, la parte quejosa se duele de que la autoridad responsable, al resolver el recurso de revocación interpuesto contra la resolución que declaró improcedente el incidente no especificado por violación a derechos humanos que promovió contra la sentencia condenatoria emitida en su contra en el procedimiento abreviado, no respondió los agravios expuestos de manera puntual, congruente y exhaustiva, lo cuales, en esencia, radicaron en lo siguiente: I) No se fundó y motivó la resolución por la que se dictó sentencia condenatoria en contra del aquí quejoso, ya que, si bien aceptó su intervención en el hecho delictuoso que se le atribuyó, ello no implica una confesión, sino que dicha aceptación la realizó, únicamente, a fin de cubrir los requisitos de procedencia del procedimiento abreviado, para ser juzgado a partir de los medios de convicción en los que la fiscalía sustentó su acusación, mismos que no fueron valorados por el juez de control. II) Por consecuencia, dicha determinación fue realizada con violación a derechos fundamentales, por lo que, estima que puede ser nulificada de forma imprescriptible; razón por la que considera que se realizó una aplicación inexacta del artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues señala que una interpretación correcta de dicha disposición implica que cualquier acto realizado con violación a derechos humanos debe ser declarado nulo en cualquier momento, esto es, nulificado de forma imprescriptible. Al respecto, la autoridad responsable, el ocho de agosto de dos mil veintidós, al resolver dicho recurso, sostuvo lo siguiente: I) Eran infundados los agravios debido a que los datos de prueba sí fueron analizados conforme a las reglas establecidas por el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, máxime que no se expuso ningún dato de prueba que permitiera dubitar de aquellos en los que la fiscalía sustentó su acusación para afirmar que fueron obtenidos con violación a derechos fundamentales, aunado a que, el sentenciado aceptó su participación en los hechos que se le imputan, renunció a su derecho a un juicio oral, aceptó el procedimiento abreviado y aceptó ser sentenciado con base en los medios de convicción que expuso la fiscalía. II) Asimismo, señaló que la sentencia dictada para resolver la causa penal de origen, no fue dictada con violación a derechos fundamentales, debido a que se acreditaron todos los supuestos de procedencia del procedimiento abreviado; y, en su momento, una vez dictada la sentencia correspondiente, la parte aquí quejosa, renunció a su derecho a impugnar dicha determinación y solicitó se declarara firme el fallo condenatorio; por lo que, si el quejoso advirtió violaciones a derechos humanos, debió promover el recurso de apelación para combatir dichas violaciones por esa vía al impugnar la sentencia definitiva. Como se puede ver la autoridad responsable sí dio respuesta a los agravios formulados en el recurso de revocación que se combate de forma congruente y exhaustiva, ya que, en efecto las consideraciones emitidas estuvieron directamente relacionadas con el sentido de la resolución y, además, se dio respuesta a cada uno de los planteamientos que hizo valer el aquí quejoso. Así, por una parte, en respeto a la garantía de legalidad, la autoridad responsable señaló que la sentencia dictada en el procedimiento abreviado no violenta derechos humanos, debido a que las pruebas fueron valoradas conforme a lo establecido por el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por otra parte, refirió que no procedía un incidente de violación a derechos humanos debido a que, para combatir dichas violaciones, lo procedente era la promoción del recurso de apelación a fin de combatir la sentencia definitiva. Aunado a ello, se estima correcto lo resuelto por la responsable al confirmar la determinación por la que se declaró improcedente el incidente de violación a derechos humanos, por las razones que a continuación se exponen. El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." De la transcripción del artículo en cita, se advierte que el proceso da inicio con la audiencia inicial y termina con la sentencia definitiva; asimismo, que aquél comprende tres etapas, que son: a) la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el juez de control; b) la admisión y depuración probatoria por parte del juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral; y finalmente, c) la realización del juicio, donde un juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad del acusado. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 669/2015, sostuvo que el procedimiento acusatorio se encuentra dividido en etapas que se van sucediendo irreversiblemente, sin que exista posibilidad de reabrirlas o renovarlas, ello, en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, el cual dispone que el procedimiento debe desarrollarse de forma continua; esto es, de tal forma que los actos se sigan unos a otros en el tiempo. Partiendo de esa premisa, la Sala sostuvo que las partes se encuentran obligadas a combatir sus inconformidades en la etapa correspondiente, de lo contrario, se entenderá que se agotó la posibilidad de hacerlo. Así, si el imputado considera que se ha vulnerado alguno de sus derechos fundamentales en las etapas inicial -una vez judicializada la investigación- o intermedia, debe hacerlo valer en ese momento procesal, pues no podrá plantear en la etapa de juicio oral, de nueva cuenta, la violación de un derecho fundamental ocurrida en etapas previas. Asimismo, señala que el sistema penal acusatorio prevé diversas soluciones alternas de procedimiento o incluso formas de terminación anticipada. Al respecto los artículo 184 y 185 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: "Artículo 184. Soluciones alternas Son formas de solución alterna del procedimiento: El acuerdo reparatorio, y La suspensión condicional del proceso. Artículo 185. Formas de terminación anticipada del proceso El procedimiento abreviado será considerado una forma de terminación anticipada del proceso." De las disposiciones normativas transcritas, en el caso, destaca, en lo que interesa, el procedimiento abreviado, cuyos requisitos de procedencia se encuentran previstos en el diverso numeral 201 del código referido, que dispone: "Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos: I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño; II. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada, y III. Que el imputado: a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; b) Expresamente renuncie al juicio oral; c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado; d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación." En adición a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 56/2016, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 34/2018 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 59, octubre de 2018, tomo I, página 742, de rubro: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CUESTIONES QUE PUEDEN SER REVISABLES EN LA APELACIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL.", sostuvo que existe una diferencia sustancial entre el procedimiento ordinario que incluye al juicio oral y el procedimiento especial abreviado, debido a que, en este último no aplica el principio de contradicción probatoria aplicable al juicio oral. Lo anterior, porque en el procedimiento abreviado no existen las etapas de ofrecimiento y producción de prueba, sino que, deben darse ciertos requisitos de procedencia como son: El reconocimiento del indiciado en su participación en el delito, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias. La congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos de prueba en los que la fiscalía sustenta la acusación. Esta afirmación, la sustenta en el contenido del artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se reconoce al procedimiento abreviado como una forma anticipada de terminación del proceso en la que, como presupuesto de procedencia, es necesario que el imputado reconozca ante el juez de control, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito, lo que debe corroborarse con suficientes medios de convicción suficientes. En ese orden de ideas, sostuvo que el reconocimiento del imputado en su participación en el delito tiene como fundamento la aceptación de las partes en cuanto a la acusación sustentada en los datos de prueba suficientes que obren en la carpeta de investigación, lo que tiene como consecuencia que se excluya la posibilidad del principio de contradicción probatoria -propia del juicio oral-, pues ya no se debatirá a fin de demostrar la comisión de hecho delictivo ni la culpabilidad del acusado. Esta aceptación, la realiza el imputado al ponderar los elementos de prueba de la defensa en contraposición a los de la fiscalía y, al estimar -asesorado de su defensor jurídico- el probable dictado de una sentencia condenatoria, acepta su participación en los hechos que se le imputan, con la finalidad de obtener como beneficio sanciones de menor intensidad. En ese contexto, la Sala consideró que, el hecho de que se haga alusión a la suficiencia de los medios de convicción para sustentar la acusación, no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador deba valorarlos para tener por demostrada la acusación, sino que únicamente debe limitarse a analizar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos de prueba que presenta el fiscal, pues, de lo contrario, el procedimiento abreviado se tornaría en un juicio oral simplificado, otorgando al juzgador la misma carga de valorar elementos de prueba y al imputado el beneficio de disminución de penas. Por tanto, concluyó que el juez de control, únicamente, debe verificar la actualización de los requisitos de procedencia para terminación anticipada del proceso, esto es, debe analizar la correlación lógica entre los medios de prueba en los que la fiscalía sustenta la acusación en congruencia con los hechos delictivos respecto de los cuales el imputado acepta su participación, es decir, que la acusación no se sustente únicamente en la declaración del imputado, sino que se encuentre relacionada con diversos datos de prueba. En ese sentido, al tratarse de una resolución que pone fin al proceso, el artículo 467, fracción X, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que contra dicha determinación procede el recurso de apelación, como se advierte de la transcripción de dicho numeral: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado." Ahora, de las constancias del juicio de origen se advierte que la parte quejosa, debidamente asesorada por su defensora privada, reconoció su participación -voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias- respecto de los hechos constitutivos del delito de abuso sexual, previsto y sancionado en el artículo 270, fracción II, del Código Penal del Estado de México, externando su voluntad para renunciar a un juicio oral y acceder al procedimiento abreviado, por resultarle convenientes las penas ofertadas por la fiscalía. Por lo que, el Juez responsable, una vez analizada la correlación lógica entre los medios de prueba en los que la fiscalía sustentó la acusación en congruencia con los hechos delictivos respecto de los cuales el imputado aceptó su participación, el veintidós de junio de dos mil veintidós, dictó sentencia condenatoria en contra del aquí quejoso en el procedimiento abreviado. Asimismo, el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, el sentenciado, por conducto de su defensora privada, presentó escrito ante la autoridad responsable en el que manifestó su renuncia al término para interponer recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en el procedimiento abreviado, solicitando que la misma se declarara firme. Pese a ello, el treinta de junio siguiente, una vez transcurrido el plazo para interponer el recurso de apelación, el Juez de control declaró firme la sentencia condenatoria, debido a que las partes no ejercieron su derecho a recurrir dicha determinación, por lo que estimó se consintió tácitamente esa resolución, así como, cualquier violación que, en su caso, se hubiera cometido en su contra, ya que, no se intentó el recurso ordinario correspondiente, esto es, la apelación. No obstante lo anterior, el tres de agosto del año en curso, el quejoso promovió el incidente no especificado por violación a derechos humanos, previsto en el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el cual pretendió combatir la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, argumentando, esencialmente, que el juez responsable no valoró las pruebas a fin de acreditar el delito y su participación en los hechos delictivos por los que se le condenó. Sin embargo, el Juez de control declaró improcedente la incidencia, al considerar que el sentenciado consintió tácitamente la resolución dictada en su contra al no haber interpuesto contra dicha determinación el recurso correspondiente -apelación-. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revocación contra la resolución por la que se declaró improcedente la incidencia no especificada de violación a derechos humanos. Dicho recurso fue resuelto, de manera fundada y motivada, el ocho de agosto de dos mil veintidós en donde el juez responsable sostuvo lo siguiente: En suma a lo anterior, la suscrita destaca, lo plasmado por mi homólogo en la sentencia de condena dictada en procedimiento abreviado el veintidós de junio de dos mil veintidós, procediendo a citar: "2. Prueba de hechos. En criterio de este juzgador, como ya se expuso, los medios de convicción que fueron invocados por el Ministerio Público, son congruentes, idóneos, pertinentes y suficientes para formular su acusación, en razón de ser un procedimiento abreviado, acorde a las reglas del artículo 201 de la ley procesal citada, no es necesario ahondar en valoración exhaustiva de cada dato de prueba, caso contrario, se convertiría en un juicio oral simplificado, contraviniendo la génesis del mismo, que en el asunto en particular es dar un viso de legalidad, al fungir como intermediario para que se respete el debido proceso y no se violen los derechos fundamentales de las partes. Por lo que, bajo esta perspectiva es posible acreditar tanto el delito como la plena responsabilidad, sin analizar a detalle los extremos de valoración sobre medios probatorios bajo la óptica de la dogmática penal, por tratarse de un procedimiento especial abreviado donde el justiciable acepto ser sentenciado con los medios de convicción que existen en la investigación." Criterio que esta juzgadora comparte y como se le dijo en el auto que por esta vía reclama la promovente, los datos de prueba si fueron analizados en la propia exposición, reiterándole que el auto de vinculación a proceso, que dio origen a una investigación complementaria y que en el particular caso no se expuso algún dato de prueba que hubiera permitido dubitar que ellos fueran contrarios a la pretensión formulada por la fiscalía y que fueran obtenidos con violación a derechos fundamentales, máxime, que el ahora sentenciado debidamente asistido de su defensora particular, al ser cuestionado sobre si admitía su responsabilidad por el delito que se le imputaba, él mismo manifestó de manera libre espontánea: estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; renuncio al juicio oral; consintió la aplicación del y de los alcances del procedimiento abreviado; admitió su responsabilidad por el delito que se le imputó; y, aceptó ser sentenciado con base en los medios de convicción que expuso el ministerio público al formular la acusación; sumando a lo anterior, el señalamiento de la víctima no fue desvirtuado de forma alguna con ningún dato de prueba aportado por la fiscalía o la defensa particular. Respecto a lo referido que no existe la debida valoración en la sentencia que por esta vía se reclama, debe decirse que si se realizó una valoración la cual se constriñe a las reglas establecidas en el artículo 201 de la ley procesal citada, sin que la misma fuera necesaria de manera exhaustiva, caso contrario, se hubiese convertido en un juicio oral simplificado. En ese orden de ideas, la recurrente refiere en su escrito que, la sentencia que por esta vía reclama, fue dictada violentado derechos humanos de su representado, situación contraria a lo manifestado por la propia promovente el veinticuatro de junio del año en curso, pues mediante promoción de dicha data, de manera textual refirió: "Que mediante el presente escrito, con fundamento en el numeral 95 del Código Nacional de Procedimientos Penales, renunció al plazo concedido para interponer recurso de apelación en contra de la sentencia emitida en fecha veintidós de junio de la presente anualidad, solicitando firme la resolución." Si la promovente con la preparación y conocedora del derecho, en el caso de que hubiera advertido violación a derechos humanos, es claro, que lo habría hecho valer mediante el recurso de apelación, tal como se le refirió en auto que pretende impugnar, asimismo, su representado fue omiso en pronunciarse respecto al recurso de apelación, de lo que se colige se encontraba conforme con el contenido de la sentencia que fue emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca. Estas consideraciones son ajustadas a derecho pues, como lo sostuvo la responsable, el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la posibilidad de nulificar actos procesales realizados con violación a derechos humanos en cualquier momento, en el entendido de que se realice durante la tramitación del proceso; esto es, desde la judicialización de la investigación hasta el dictado de la resolución por la que se dé por concluido el juicio. Sin embargo, como lo sostuvo la autoridad responsable, la legislación procesal penal reconoce el procedimiento abreviado como una forma anticipada de terminación del procedimiento, por lo que, con la emisión de la resolución correspondiente, se entiende que el juicio ha concluido y por ende consumada cualquier violación acaecida con anterioridad a ella; de ahí que el recurso para combatir dicha determinación sea el de apelación y no la tramitación de una incidencia no especificada para alegar violación a derechos humanos, una vez que el proceso ha concluido. Así, si el procedimiento abreviado tiene como requisito de procedencia, que el imputado reconozca ante el juez de control, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito, lo que debe corroborarse con suficientes medios de convicción suficientes; y, dada su naturaleza, tiene como consecuencia que, en la revisión de la apelación que en su caso se haga valer contra la sentencia que se dicte en el procedimiento abreviado, se encuentre circunscrita al análisis de la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos de prueba en los que el fiscal sustenta su acusación. En ese orden de ideas, debe desestimarse lo manifestado por la parte quejosa en cuanto a la posibilidad de alegar violaciones a derechos humanos por la vía incidental, pues esta se circunscribe al proceso; de ahí que, con el dictado de la resolución que resuelve el procedimiento abreviado, se da por concluido el juicio y, en su caso, el medio de impugnación idóneo para combatir dicha determinación, es el recurso de apelación, en el que puede alegar las violaciones que estime se realizaron durante la etapa correspondiente. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por el impetrante de amparo y no advertirse motivo para suplir la deficiencia de la queja, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción III de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo antes expuesto y con apoyo además en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74 y 107, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *****, en contra del acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, consistente en la resolución emitida el ocho de agosto de dos mil veintidós, en la causa penal *****, por los motivos y razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano