Juan Hermelio Gutiérrez Martinez
Expediente 1371/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1371/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Juan Hermelio Gutiérrez Martinez
- Juez Primero de Primera Instancia Familiar en el Quinto Distrito Judicial en el Estado, ciudad
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Ampro, se declara que dicho acuerdo que DESECHÓ de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. .... En consecuencia, ARCHÍVENSE las actuaciones como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de Juan Hermelio Gutiérrez Martínez, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cinco y diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, desahoga la prevención y exhibe las copias necesarias. A continuación, se procede a analizar en su integridad la demanda que nos ocupa y escrito aclaratorio, en virtud de ser un todo, por lo que así debe interpretarse para armonizar los datos que contiene y fijar un sentido congruente con los elementos que la conforman, a fin de alcanzar una interpretación completa de la voluntad del promovente; lo que se efectúa en términos de la tesis 169, publicada en la página 207, del Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del examen realizado al líbelo constitucional se advierte que la parte quejosa destaca como acto reclamado el siguiente: Acto reclamado: La ejecución del embargo por concepto de pensión alimenticia sobre el 30% de su sueldo y demás prestaciones, como trabajador pensionado de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX). Fijado lo anterior, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la lectura del numeral citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Respecto al concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS.". Esencialmente, la tesis en cuestión, explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Dicho lo anterior, de la demanda de amparo se obtiene, que Juan Hermelio Gutiérrez Martínez, reclama en esta instancia constitucional, la ejecución del embargo por concepto de pensión alimenticia sobre el 30% de su sueldo y demás prestaciones, como trabajador pensionado de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), decretada por el Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, desde el año dos mil cuatro, e inició ante dicho juez de origen, la cancelación de alimentos, admitiéndose a trámite el doce de diciembre de dos mil diecinueve, radicándose bajo el número 1419/2029, juicio que de acuerdo a la lectura de demanda de trato, no se ha sido resuelto en definitiva, en relación a la solicitud del aquí promovente. Partiendo de esa premisa, este juzgado federal advierte que en el caso en concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Por su parte, el artículo 17 de la ley de la materia, estatuye lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo antes apuntado, se obtiene que el juicio de garantías resulta improcedente cuando se promueve contra actos de autoridad que hayan sido consentidos tácitamente, esto es, aquellos en contra de los cuales no se inició el juicio constitucional dentro de los términos previstos por el artículo 17, en correlación con el numeral 18, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 17 transcrito establece como regla general, que la demanda debe presentarse dentro del plazo de quince días, salvo algunos casos de excepción, entre ellos, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea, supuesto en el que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. En ese contexto, como quedó precisado con antelación, de la demanda de amparo y en especial el escrito de desahogo se advierte que el acto reclamado por el quejoso, es la ejecución material del embargo trabado en su contra, respecto del 30% de su salario y demás prestaciones como pensionado de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), ya que aduce que dicha pensión fue dentro de un juicio voluntario promovido por él y su entonces esposa, en el año dos mil cuatro; ello con motivo, de su divorcio; posteriormente, hasta diciembre de dos mil diecinueve, inició juicio sumario sobre cancelación de alimentos, sin que a la fecha se haya resuelto dicho juicio, por los motivos que asienta en su demanda de amparo, el cual fue radicado bajo el número 1419/2019, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad. Por ende, a partir del momento en que el juez de lo familiar, llevó a cabo la ejecución material del embargo trabado en su contra, respecto del 30% de su salario y demás prestaciones como pensionado de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), lo que constituye el acto reclamado en este asunto, esto es, en el año de dos mil cuatro; tuvo conocimiento de mismo; sin que haya interpuesto el recurso procedente. Bajo esos argumentos, el presente juicio de amparo resulta improcedente en virtud de que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción de la demanda de garantías, empezó a correr a partir de la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, y que data desde el dos mil cuatro. De ahí, que resulta indudable que el plazo genérico de quince días que impone la ley para promover el juicio de amparo, transcurrió en exceso al momento en que la parte promovente presentó la demanda de amparo que nos ocupa, lo cual se traduce en el consentimiento tácito del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2010666, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva.". Motivo por el cual, al haberse presentado la demanda de amparo hasta el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es innegable que fue promovida de manera extemporánea, y por ende, en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se impone DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Juan Hermelio Gutiérrez Martínez.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito firmado por el quejoso Juan Hermelio Gutiérrez Martínez, por medio del cual pretende desahogar la prevención realizada en proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, precisando que el acto reclamado es: Acto reclamado: La ejecución del embargo por concepto de pensión alimenticia sobre el 30% de su sueldo y demás prestaciones, como trabajador pensionado de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX). Así también, señala como tercera interesada a Rocío Armandina Cantú Galindo, con domicilio en calle Ignacio Zaragoza, número seiscientos sesenta (660), sin entre calles (sic), Zona Centro, código postal 88500. No obstante lo anterior, no resulta factible tener al promovente desahogando en su totalidad la prevención de auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno; en virtud de que no exhibe las copias necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a la totalidad de las partes. ... En tal virtud, hágase del conocimiento de la parte quejosa que subsiste el apercibimiento decretado en auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, para subsanar la prevención realizada en el mismo; asimismo, dígasele que el plazo de cinco días concedido en el auto de referencia a efecto de que desahogara la prevención, se suspendió con la presentación del escrito de cuenta, y se reanudará al día siguiente de que surta efectos la notificación del presente proveído. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J.39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Tomo I, mayo de 2012, página 400, que dice lo siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a todo lo anterior, o de no exhibir las copias a que se hace alusión en este acuerdo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, conforme al segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Hermelio Gutiérrez Martínez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Familiar en el Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 1371/2021-VI, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda respecto a la demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso numeral 108, fracciones II, IV y V, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente: 1. Manifieste bajo protesta de decir verdad, en términos de la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo, cuál es el acto real y concreto que reclama de la autoridad que señala como responsable en su escrito de demanda, pues de la lectura del capítulo respectivo se advierte que solo vierte circunstancias del juicio de origen; mientras que en el apartado de antecedentes del acto reclamado señala que no se ha llevado a cabo el emplazamiento de los terceros interesados al mismo. 2. Señale como tercera interesada a Rocio Armandina Cantú Galindo, y proporcione el domicilio en el que deba ser emplazada al presente juicio, dado que de la demanda de amparo se advierte que le reviste tal carácter, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; lo anterior, tomando en consideración que conforme al artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo, es obligación del quejoso señalar el nombre y domicilio del tercero interesado. Es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 538, cuyo rubro es el siguiente "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados". En la inteligencia, que de conformidad con el artículo 110 de la ley de la materia, deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a la totalidad de las partes, y tramitar el incidente de suspensión que solicita. ... Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, conforme al penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Natividad Canales Villarreal y José Abdón Hernández Garza, quienes cuentan con cédulas profesionales números 2919311 y 3807757, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal Finalmente, atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales.
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