Juan Heriberto Delgado Larios
Expediente 353/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Juan Heriberto Delgado Larios
Actuaciones
- Principal
. De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, con sede en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 constitucional; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 353/2022-VI. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juzgador de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, este juzgado advierte que se materializa el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, ambos de la ley de amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". De la interpretación de estos preceptos se obtiene que el amparo es improcedente cuando así lo establezca la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de pronunciar laudo en el juicio laboral 898/2018, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima. Asimismo, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el promovente en su escrito de demanda se advierte que, en lo que interesa, el quejoso es parte actora en el juicio laboral de origen, en el cual se emitió acuerdo el cuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que se proveyó sobre los alegatos rendidos por las partes y se procedió a certificar que no queda pendiente ningún medio de prueba por desahogar, por lo que se declaró concluido el procedimiento y se turnaron los autos a la Presidencia de dicho Tribunal para que pronuncie el proyecto de laudo correspondiente. Al respecto, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en criterio jurisprudencial relativo a cuando un particular se duele de la omisión de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, por lo que el juicio de amparo indirecto es improcedente en su contra. Dicho criterio obra inmerso en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, página 1086, que indica: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Asimismo, la Sala del Alto Tribunal en diversa jurisprudencia determinó que, tratándose de la materia laboral, y respecto de la promoción del juicio de amparo contra dilaciones en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, procederá cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Sirve de sustento, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida la Sala anteriormente referida en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. La anterior jurisprudencia aplicada por identidad de razón, permite considerar que la omisión atribuida por la parte quejosa a la autoridad responsable no constituye una abierta dilación del procedimiento ni implica su paralización. Para demostrar este aserto, se traen a colación los artículos 885, 886, 887 y 888 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en términos del artículo 15, fracción II, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, los cuales disponen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. [.]. Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. De los preceptos legales transcritos, se advierte que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, una vez cerrada la instrucción, formulará por escrito dentro de los diez días siguientes el proyecto del laudo, el cual se entregará a cada uno de sus integrantes para que, en un término de cinco días hábiles, soliciten o no la práctica de diligencias para mejor proveer. Transcurrido dicho plazo o desahogadas las diligencias respectivas, dentro de los diez días siguientes, el presidente del tribunal citará a los miembros de la misma a la celebración de la audiencia de discusión y votación del proyecto. De ser aprobado se elevará a la categoría de laudo y se firmará en ese momento y, de tener modificaciones, se redactará de inmediato lo conducente a fin de ser aprobado. En ese sentido, si la parte quejosa reclama la omisión del Tribunal responsable de dictar el laudo en el expediente laboral 898/2018, y refirió que mediante auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, notificado el nueve del mismo mes y año, se turnaron los autos para su dictado, es de concluirse que no existe dilación procesal, pues la legislación laboral establece plazos específicos para que la autoridad laboral elabore el proyecto de laudo, en su caso, desahogue diligencias para mejor proveer, se someta a discusión y se apruebe, lo que ocurrirá, al menos, en un plazo de veinticinco días hábiles según los artículos antes transcritos. Así las cosas y en contexto de las jurisprudencias en cita, la dilación excesiva del Tribunal en el dictado del laudo se actualizará cuando transcurran más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en que concluyeron los plazos que para el efecto señala la ley de la materia; lo que en el caso no acontece. De lo anterior se distinguen dos momentos en que deben ser computados los plazos para determinar que existió una abierta dilación: 1. cuando concluyen los plazos legales, a saber: veinticinco días hábiles y 2. Que una vez concluidos los plazos legales, transcurran cuarenta y cinco días naturales. En la especie, aún no se actualiza la dilación reclamada, tal como se ilustra en la siguiente tabla: Fecha del acuerdo en el que se cerró la instrucción en el juicio laboral Término legal para emitir el laudo (veinticinco días hábiles) Plazo de 45 días naturales Presentación de la demanda de amparo Cuatro de marzo de dos mil veintidós. Del ocho de marzo al doce de abril de dos mil veintidós. Del trece de abril al veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Ocho de abril de dos mil veintidós. Luego, si la demanda se presentó el ocho de abril de dos mil veintidós, es inconcuso que, a dicha data, el Tribunal señalado como responsable no ha incurrido en dilación en virtud del cómputo precisado en la tabla que antecede, de ahí que la demanda de amparo resulta manifiesta y notoriamente improcedente en términos del artículo 107, fracciones V, de la ley de la materia, interpretadas en sentido contrario. En tales condiciones, no se vulneran los derechos sustantivos de la aquí quejosa, por tanto, resulta improcedente este juicio de amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 en relación con la diversa 2a./J. 48/2016, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 113 y 217 de la ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio procesal. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda y como autorizado a quien señala para esos mismos efectos de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhorto a las partes. Finalmente, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo.
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