Juan Hennessy Soto Davila
Expediente 144/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 144/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Hennessy Soto Davila
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el comunicado de cuenta, a través del cual, el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, transcribe el acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo directo número DT. 309/2023 de su índice, del que se desprende que dicho tribunal se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho; circunstancia de la cual, se toma conocimiento; en consecuencia, tomando en consideración que no obra pendiente por acordar, archívese como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se considera que este expediente es susceptible de ser destruido, en términos del artículo 20, inciso a), de dicho acuerdo.
- Principal
Radicación. Vista la demanda de amparo presentada por ********************, por propio derecho, contra un acto del Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, con residencia en Cuautitlán Izcalli; regístrese bajo el número ********************. Incompetencia. En ese sentido, el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de cuenta, por las siguientes consideraciones. En primer lugar, conviene precisar que, en términos comunes, la competencia alude a incumbencia y aptitud, y se utiliza en el ámbito jurídico para referirse a la atribución legítima de un juez o una autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto. Ahora, por virtud del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.", la competencia es parte de las garantías de legalidad, por lo que debe estar señalada en la ley, constituyendo así la suma de facultades que la ley da a determinada autoridad para ejercer ciertas atribuciones. Tomando en cuenta lo anterior y trasladándolo al derecho procesal, la competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, de manera que el juez por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente. Luego, de acuerdo a la doctrina, la ley y la jurisprudencia, la competencia, al igual que la legitimación, la temporalidad y las causas de improcedencia, son temas de estudio previo y oficioso, pues en el momento en que el órgano jurisdiccional antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el acto reclamado es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible, partiendo en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del asunto. En ese tenor, la primera parte del artículo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según prevé su artículo 2o., señala "Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente.", de lo cual se infiere que el propio juzgador debe verificar, en cada litigio que se le plantee, si tiene o no competencia para conocer de él, y si considera que no, debe negarse a conocerlo, puesto que de conformidad con el artículo 17 del citado código adjetivo: "Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente...". Bajo esas premisas, la competencia es un presupuesto de validez del proceso. Ahora, la competencia se divide en objetiva, que se refiere al órgano jurisdiccional, y subjetiva, que alude al titular o persona física encargada de desempeñar las funciones que competen al órgano respectivo. De entre los criterios para determinar la competencia objetiva (materia, cuantía, etcétera), está la competencia por grado. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; De los artículos transcritos, en términos generales, se advierten los supuestos de procedencia del amparo directo y la forma en que se debe actuar cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo. En ese tenor, en el caso, el acto reclamado es la resolución de trece de enero de dos mil veintitrés, dictada por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, con residencia en Cuautitlán Izcalli, en el expediente J.8/07/2021, a través del cual declaró la caducidad del procedimiento laboral, en el cual aún no se dicta laudo. Así, tomando en cuenta lo expuesto en los párrafos que anteceden, se estima que el estudio de la demanda de amparo firmada por ********************, por propio derecho, compete al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en turno, porque el acto reclamado resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, el suscrito declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de cuenta. Consecuentemente, remítase el juicio de amparo indirecto ******************** al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en turno, para lo que tengan a bien determinar sus integrantes. Solicítese de manera atenta que, de no tener inconveniente legal alguno, se sirvan informar a este órgano jurisdiccional si aceptan o no la competencia y, en su caso, acusen el recibo de estilo correspondiente. Domicilio y autorizados. De conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la multicitada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, la lista de acuerdos que se publica en internet, por así solicitarlo expresamente.
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