Juan Gustavo Ruvalcaba Rodríguez
Expediente 1522/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1522/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Juan Gustavo Ruvalcaba Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la autoridad responsable en proveído de veinticuatro de octubre dos mil diecinueve, para que rinda su informe justificado. En consecuencia, a fin de que el citado plazo transcurra en su integridad, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, para su celebración.
- Incidental
ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por... en términos de lo dispuesto en el considerando segundo de esta interlocutoria.(VI
- Principal
Visto el escrito de cuenta, se tiene al promovente Juan Gustavo Ruvalcaba Rodríguez, cumpliendo con el requerimiento... se admite la demanda de amparo contra actos del Director de Reglamentos del Municipio de Aguascalientes. Tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión. -Análisis preliminar del acto reclamado- La parte quejosa señala como acto reclamado: "El acto positivo de CANCELACIÓN del permiso provisional de funcionamiento de 20 juegos mecánicos para realizarse el día 17 de octubre de 2019, al 02 de noviembre de 2019, en el predio sobre el que se tiene la legal posesión y disposición ubicado en Av (sic) de la Convención de 1914 poniente, s/n esquina con arroyo los Arellano (donde se ubican los denominados "muertitos"), toda vez que es un acto que limita y afecta los derechos humanos del quejoso de libre disposición de la propiedad privada, así como libertad comercial, sin cumplir con los mínimos requisitos constitucionales de la fundamentación y motivación, lo que viola gravemente los artículos 5, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Del que formula conceptos de violación, aduciendo le causa perjuicio por carecer de fundamentación y motivación, solicitando se proceda conforme al artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo, al ser un acto materialmente administrativo, por tanto, es necesario realizar un estudio del acto reclamado para determinar si es o no materialmente administrativo, para estar en condiciones de actuar conforme a los lineamientos de los artículos 117, último párrafo, y 124, último párrafo, de la Ley de Amparo. -Actos materialmente administrativos- Previo a abordar el estudio que nos ocupa, resulta importante mencionar que con motivo de la incorporación de la figura de la "ampliación de la demanda" a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el legislador advirtió la necesidad de armonizar y dar coherencia al ordenamiento jurídico, por ello -entre otras cuestiones-, en el capítulo relativo al informe justificado, precisamente en el artículo 117, se contempló la posibilidad de que la autoridad responsable, al rendirlo, complementara el acto reclamado (como una excepción al principio de inmutabilidad), cuando a éste se le hubieren atribuido vicios de fundamentación y motivación, ello con el fin de que el gobernado estuviera en posibilidad de formular una defensa integral contra el acto de reproche, impidiendo así la promoción de juicios sucesivos una vez que se hubiere otorgado la protección constitucional ante la presencia de la referida falta o insuficiente fundamentación y motivación. Por su parte, atendiendo a la actitud procesal asumida por la responsable, también se previó, en el artículo 124, que en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que como complemento hubiera propuesto la responsable y que, ante la conducta contumaz de aquélla, se estimara que el acto presentaba un vicio de fondo que impedía a la autoridad su reiteración. A este respecto, como lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar una interpretación legislativa de dichos preceptos legales, al resolver la Contradicción de Tesis 327/2014, se puede afirmar válidamente: que "el propósito de la norma consiste básicamente en hacer del amparo un instrumento más eficiente y económico de restauración de violaciones sustantivas a derechos humanos, en lugar de postergar dicha reparación ante la existencia probada de violaciones de índole formal. Lo cual justifica la necesidad de un mecanismo excepcional que permita complementar la fundamentación y motivación del acto reclamado (para analizar en la sentencia el acto de reproche de manera integral) y, a su vez, sancionar procesalmente a la autoridad responsable ante su reiterado incumplimiento." Del mismo modo, al particular, este Juzgado considera necesario explicar la función que desarrolla el Estado en el ámbito de sus respectivas competencias, a efecto de identificar los actos materialmente administrativos, por los motivos citados. En principio, a cada uno de los poderes corresponde una función propia, la legislativa al congreso; la jurisdiccional a los jueces y tribunales, la administrativa al poder ejecutivo. Esta distinción no es absoluta, ya que los tres poderes y ahora los órganos constitucionales autónomos, no ejercen exclusivamente la función que se les atribuye. Esta eventualidad dio origen a la distinción entre funciones formales y materiales. Procesalmente, un criterio que permite distinguir claramente las funciones administrativas y jurisdiccionales, consiste en que, en la última, el estado obra por cuenta ajena, substituyéndose a los particulares para la declaración y tutela del derecho controvertido; en tanto que, al desempeñar la primera, obra por cuenta propia. Así pues, el acto materialmente jurisdiccional, se caracteriza por la intervención del gobernado dentro de un procedimiento cuyo resultado no es discrecional de la autoridad, sino el resultado de derecho ejercido y con las formalidades establecidas para tal efecto, como por ejemplo, el hecho de comparecer en sede administrativa a responder una reclamación y a ofrecer pruebas para desvirtuar el origen de ella. En esta necesariamente debe existir una contestación y una resolución que dirima la situación jurídica en particular. El acto materialmente administrativo, en cambio, se define como aquella declaración de voluntad unilateral y concreta, dictada por un órgano de la administración pública en ejercicio de su competencia administrativa, cuyos efectos son directos e inmediatos y en los que, por consecuencia, no interviene el particular. Ahora, para estar en condiciones de analizar los alcances de las normas jurídicas establecidas en los artículos 117, último párrafo, y 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, objeto de análisis, conviene verificar su contenido en la parte que aquí interesa: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. . Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional." "Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. ... "En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquellas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración." En ese tenor, el acto materialmente administrativo a que alude el artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo, no debe entenderse referido a cualquier tipo de asunto, sino únicamente respecto de aquellos actos emitidos de forma unilateral por un órgano de la administración pública (en los que no tiene intervención el gobernado y, por tanto, son discrecionales), por corresponder, precisamente, a la naturaleza de la acción administrativa; es decir, porque configuran la voluntad unilateral y concreta emitida por la autoridad administrativa, cuyos efectos son directos e inmediatos. Resulta aplicable el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, ahora ciudad de México, y jurisdicción en toda la república, cuya sinopsis a continuación se transcribe: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, CONFORME A LA CUAL, CUANDO EN LA DEMANDA SE ADUZCA SU FALTA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EN SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN LA AUTORIDAD DEBERÁ COMPLEMENTARLOS EN ESOS ASPECTOS, SÓLO ES APLICABLE A AQUELLOS DICTADOS UNILATERALMENTE, SIN INTERVENCIÓN DE LOS GOBERNADOS.- La regla contenida en el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe con justificación la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado, sólo es aplicable a aquellos dictados unilateralmente, sin intervención de los gobernados, es decir, emitidos en ejercicio de una potestad por la que libremente la autoridad pueda actuar o no, elegir entre varias medidas posibles, susceptibles de resolver cuándo ha de proceder, o determinar el contenido de su actuación. Así, la característica fundamental de este tipo de actos consiste en que las autoridades concretan una facultad decisoria, con la que se les dota de herramientas y recursos que les permiten desplegar su función y cumplir con los fines y objetivos para los cuales fueron instituidas, por lo que su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de elegir entre dos o más opciones, sin que ello signifique arbitrariedad pues, en todo caso, deben cumplir con las exigencias de fundamentación y motivación establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual permite verificar la legalidad de su actuación. De ahí que las autoridades responsables, al rendir sus informes, podrán expresar la justificación o, incluso, modificar la decisión y su fundamentación y motivación, siempre y cuando en el amparo se impugne un acto con las características descritas. Como se puede observar, de las referidas disposiciones se desprenden dos aspectos importantes que, a juicio de este juzgador, deben ser analizados como parte de un sistema, con la finalidad de determinar si en el caso que se trate debe seguirse el procedimiento determinado en la segunda y tercera hipótesis normativas del último párrafo del artículo 117, a fin de generar la consecuencia procesal prescrita en la parte final del último párrafo del diverso numeral 124, a saber: Identificar si los actos reclamados son efectivamente materialmente administrativos; y, Analizar el contenido de la demanda, a efecto de identificar la materia de la inconformidad del quejoso, respecto de los actos reclamados. En cuanto al primero de los presupuestos de estudio anteriores, tenemos que la parte quejosa de duele del escrito de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual, en seguimiento a la solicitud número 41163 para permiso provisional de funcionamiento de veinte juegos mecánicos para realizarse a partir del diecisiete de octubre al dos de noviembre del presente año, quedó cancelado al existir documento de queja ciudadana de inconformidad para el funcionamiento de dicho permiso, quedando estrictamente prohibido la realización de dicho evento. En el caso, la cancelación realizada por la Dirección de Reglamentos en seguimiento a la solicitud con número 41163 para permiso provisional de funcionamiento de veinte juegos mecánicos, es de naturaleza formalmente administrativa; sin embargo no es materialmente administrativo, para los efectos indicados previstos en la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa intervino en el procedimiento de solicitud para obtener el permiso provisional que le fue cancelado al existir documento de queja ciudadana de inconformidad para el funcionamiento de los juegos mecánicos; de ahí que la intervención administrativa de la autoridad, no reviste la característica de unilateralidad que se exige para considerarlo como tal, pues en su emisión intervino la participación del promovente del amparo, al haber efectuado previamente la solicitud para el otorgamiento del permiso provisional de funcionamiento. En consecuencia, este órgano jurisdiccional no está obligado a seguir el procedimiento previsto en el artículo 117, último párrafo de la Ley de amparo, como lo solicita la parte quejosa en su escrito de demanda, por falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, en virtud de que no es un acto materialmente administrativo, al haber intervenido la parte quejosa en la solicitud del permiso provisional. Siendo aplicable por identidad de razón la tesis jurisprudencial 2ª./J. 28/2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 2015, tomo II, Décima Época, de rubro y texto: "PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA.... -Informe justificado- Pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días improrrogables, de conformidad con el último precepto citado, en la inteligencia de que deberá exhibir copias certificadas legibles, completas y ordenadas del acto reclamado y sus antecedentes. Apercibida que, en caso de ser omisa a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 117 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización...En caso de no rendir el informe solicitado, además, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los Derechos Humanos y garantías a que se refiere el artículo 1°., de la Ley de Amparo. -Fecha audiencia constitucional- Se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. -Intervención a Ministerio Público- Dése intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos del artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, corriéndole traslado con la copia de la demanda de amparo. -Causas de improcedencia- Según lo dispuesto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que tengan conocimiento de alguna causal de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; apercibidas que, en caso de no hacerlo, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de... -Pruebas- En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas que relaciona en la demanda de amparo, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. -Vista por inexistencia de autoridades- Dese vista a la parte quejosa para que si la autoridad que señaló como responsables no existe con la denominación que se indica en la demanda, manifieste lo que a su legal interés convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que de no hacerlo así, al celebrar dicha audiencia se tendrá por inexistente a tal autoridad, mientras tanto suspéndase toda comunicación con ella. Sin perjuicio de que durante la tramitación de este juicio rectifique el señalamiento en su correcta denominación. Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios de este juicio de amparo.(VI)
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso. (VI)
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