Juan Gustavo Ruiz Diaz
Expediente 976/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 26 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 976/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 15/02/2023
Partes del expediente
- Juan Gustavo Ruiz Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Incidental
IX.....De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal...
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, cinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no se inconformó en contra del auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada de amparo; por tanto, conforme a lo establecido en los artículos 196, 201 y 202 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por consentido dicho fallo. En virtud de lo anterior, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, la resolución protectora ha sido cumplida; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, secretario adscrito al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme el ordinal 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario con quien actúa y da fe.
- Incidental
Matamoros, Tamaulipas, cinco de enero de dos mil veintitrés. Visto lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 976/2022-IX, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, enseguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridad señalada como responsable; además, a juicio de este tribunal, no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del seis de julio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Asimismo, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el original del incidente de suspensión al Centro Archivístico Judicial.**************************************** En otro aspecto, en relación al billete de depósito ********************, que ampara la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional)********************expedido por el Banco del Ahorro Nacional y de Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que exhibió el quejoso ******************** para que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida por este Tribunal, el cual se encuentra en la caja de valores de este juzgado, hágase saber al citado quejoso, que cuenta con un plazo de dos años para que se presente ante este tribunal con identificación oficial vigente, a recibir el aludido billete de depósito; apercibido que de no hacerlo así, se declarará su prescripción y se ordenará hacerlo efectivo a favor del erario federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, secretario adscrito al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme el ordinal 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, seis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado actual que guardan los autos del expediente en que se actúa, se desprende que mediante resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintidós (fojas 438 a 451), por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, respecto del acto reclamado del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Por lo que, al no ser recurrida por las partes, el once de noviembre de ese mismo año, causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento a tal determinación (fojas 455 y 456). Asimismo, en auto de dieciocho de noviembre del año en curso, se recibió el oficio 2318/2022, signado por la Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, a través del cual informó sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 460 a 473). Comunicado anterior, que se ordenó poner a la vista de las partes a fin de que manifestaran lo de su intención, sin que así lo hubieren hecho. Por tanto, este órgano jurisdiccional procede a analizar de oficio si se cumplió con el fallo de mérito. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Ahora bien, en lo que aquí interesa, en la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, en parte concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada por ********************, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente el auto de formal prisión decretado contra del agraviado el once de agosto de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abandono de obligaciones alimenticias; y, en su lugar determinara la prescripción de la acción penal. Así, analizadas las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora, se estima que se ha dado cumplimiento a la resolución de mérito, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, a través del oficio 2318/2022, recibido en este órgano jurisdiccional el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, la Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución de quince de noviembre del presente año, mediante la cual decretó el sobreseimiento de la causa penal por haber operado en favor del quejoso la prescripción de la acción; asimismo, dejó insubsistente el auto de formal prisión decretado en contra del quejoso el once de agosto del año en curso, y la orden de aprehensión librada el veintinueve de marzo de dos mil ocho, dentro de la causa penal ********************. Asimismo, hizo del conocimiento que por auto de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se ordenó la cancelación de la orden de aprehensión. Por tanto, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que ha quedado cumplida sin exceso ni defecto la sentencia protectora emitida dentro del presente juicio de garantías, desde el quince de noviembre de dos mil veintidós. En resumen, para efectos estadísticos, se precisa: 1. La sentencia protectora se dictó el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. 2. Dicho fallo causó ejecutoria el once de noviembre de dos mil veintidós. 3. La fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento lo es el quince de noviembre de dos mil veintidós. 4. El oficio relativo se recibió el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. 5. La data de la última notificación relativa a la vista del cumplimiento es veintinueve de noviembre de dos mil veintidós; y, 6. Finalmente, en esta propia fecha, que lo es seis de diciembre de dos mil veintidós, se tiene por cumplida la ejecutoria. En congruencia con lo que antecede, hágase saber a la partes que cuenta con el término de quince días para interponer recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
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