Juan Guillermo Navarro Medina

Expediente 493/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
493/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Juan Guillermo Navarro Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de junio de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Incidente de suspensión. Acuérdese lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Devolución de dicto compacto. Visto el estado de los autos de los cuales se advierte que mediante resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se glosó un disco compacto remitido por la autoridad responsable juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; por lo que al ser innecesaria su retención se ordena su desglose y la devolución de éste. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. LFEP/RamiroRJ

  2. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, trece de junio de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que el juicio del cual deriva el presente incidente se encuentra como asunto totalmente concluido y archivado; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negó la medida cautelar definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. LFEP/RamiroRJ

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora a las once horas con cincuenta y tres minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en audiencia pública, Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario Abraham Moraga Amaya, con quien actúa y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da cuenta con la demanda, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como con un oficio y anexos remitidos por el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, registrados con el folio 7608; asimismo, hace constar que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa en auto de veintiséis de abril del año en curso, respecto de la imposibilidad de notificar a la autoridad denominada como Departamento de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Por otra parte, se hace constar que transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido de las constancias recibidas en el párrafo que antecede; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero interesado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado o constancias remitidas por la autoridad con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que solo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. El juez acuerda: se tiene por formulada la certificación de cuenta para los efectos legales conducentes; respecto del oficio y anexos recibidos se ordena agregarlos al expediente para los efectos legales conducentes; asimismo, se tiene por inexistente a la autoridad referida y se suspende comunicación con ella. Abierto el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con la documental ofrecida por la juez del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitida y desahogada la probanza de mérito por su especial naturaleza. Cerrada la fase de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para realizar manifestaciones, por lo que se cierra esta etapa y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 493/2022; y, I. Trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de este año, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y recibida el día hábil siguiente en este órgano, Juan Guillermo Navarro Medina solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Juzgado Oral de lo Penal Uno, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Admisión y trámite. El diecinueve de abril siguiente este juzgador admitió a trámite la demanda de amparo; requirió a las autoridades responsables informe justificado; dio intervención al agente del Ministerio Público y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. II. Competencia Este juzgado es competente para conocer del presente juicio de amparo, conforme a lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo primero y 107 de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en razón de que se reclaman actos con ejecución dentro del territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción. III. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama de las autoridades responsables la orden de aprehensión, comparecencia o detención dictada en su contra, así como su ejecución. IV. Inexistencia de actos -sobreseimiento- No son ciertos los actos reclamados de la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, así como del agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal encargado del Departamento de Órdenes de Aprehensión y Comparecencias, toda vez que así lo manifestaron al rendir informe justificado: Así, toda vez que la parte quejosa no desvirtuó la negativa de las autoridades responsables, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, se sobresee en el presente juicio. Finalmente, de las constancias recibidas en la audiencia se advierte la existencia de citación al quejoso para la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación, dentro de la causa penal 778/2021, seguida al quejoso por el delito de acoso sexual. Sin embargo, tal acto no le causa perjuicio pues no afecta su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Sirve de apoyo la jurisprudencia con registro electrónico 2018828, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado: V. Se resuelve Único. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Juan Guillermo Navarro Medina, respecto de los actos reclamados de las autoridades precisadas en el apartado IV de esta sentencia por las razones expuestas. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Abraham Moraga Amaya, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que mediante auto de veintiocho de abril de la presente anualidad, se ordenó la comparecencia de la parte quejosa ante dicho órgano jurisdiccional para la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Abraham Moraga Amaya, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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