Juan Guadalupe Espinosa Zamudio

Expediente 1500/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1500/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Guadalupe Espinosa Zamudio

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve ****** por propio derecho, contra los actos y las autoridades que en seguida se señalan: Autoridades Responsables: Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tlalnepantla. Actos Reclamados: La medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada dictada en contra del quejoso en la audiencia de control de detención de dos de noviembre de dos mil veintitrés, dentro de la causa de control 3040/2023. El auto de vinculación a proceso de seis de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en contra del quejoso en la carpeta administrativa de origen por el delito de violación. Radicación y registro de la demanda Fórmese expediente impreso y electrónico. Regístrese bajo el número de expediente 1500/2023-IV. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. Admisión de demanda Por tanto, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 2, 6, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Incidente de suspensión En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, tramítese por cuerda separada cuaderno único del incidente relativo. Intervención del agente del ministerio público federal adscrito Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, emplácese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y córrase traslado con copia de la demanda y del presente proveído, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Solicitud de informe justificado Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación: a) Que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes a la legal notificación del presente proveído. b) Al que deberán acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. c) En su caso, los legajos de pruebas que hayan rendido las partes en el procedimiento natural. Los cuales deberán enviar debidamente ordenados en tomos, con la respectiva carátula que los identifique, foliados, sellados, rubricados, completos y legibles. d) Asimismo, deberán remitir cualquier dispositivo de almacenamiento magnético u óptico que contenga íntegra la trascripción del acto reclamado. Apercibidas que de no remitirlo; o bien, rendir su informe sin anexar los documentos que sean necesarios para fundarlo y con los requisitos antes apuntados sin debida justificación para ello, se les impondrá a la omisa en sentencia una multa de cien unidades de medida y actualización. Lo anterior, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Remisión de la versión escrita del auto de vinculación a proceso En la contradicción de tesis 2/2020 el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, en sesión ordinaria virtual de uno de diciembre de dos mil veinte, emitió el siguiente criterio jurisprudencial: CRITERIO JURÍDICO: El Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, atendiendo al derecho al debido proceso, a la naturaleza del proceso penal acusatorio y oral, así como a los instrumentos a través de los cuales deben desahogarse las actuaciones judiciales que conforman sus etapas procesales, delimitados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de Tesis 506/2019, considera que conforme al artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto de vinculación a proceso debe emitirse de manera oral y por escrito (pieza papel) dentro de las veinticuatro horas siguientes. Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame como acto, la vinculación a proceso y ésta solo se emitió oralmente y no por escrito; entonces, analizará ésta última versión y de no advertir trasgresión a derechos fundamentales, concederá la protección constitucional solicitada para el único efecto de que sin dejar insubsistente el auto de plazo constitucional emitido oralmente, no implique se realice una nueva audiencia, sino únicamente el juez de Control deberá emitir la versión escrita de aquél la cual no podrá exceder los alcances de la pronunciada oralmente. Asimismo, el propio Pleno estableció como justificación del citado criterio lo siguiente: JUSTIFICACIÓN: Lo anterior, porque el dispositivo procesal contiene una regla que por contradictoria que parezca con la esencia del sistema oral, debe ser cumplida por el juez de Control, para que el justiciable pueda ejercer una adecuada defensa en contra de las resoluciones dictadas en audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio y oral, esto es, debe tener acceso a la totalidad de las constancias que exige la norma, como son las videograbaciones y constancias escritas excepcionales que se hayan tomado en consideración para emitirlas. En consecuencia, en atención al citado criterio jurisprudencial y su justificación, requiérase al juez de control responsable para que al momento de rendir su informe justificado remita la versión escrita del auto de vinculación a proceso, dictado dentro de la carpeta administrativa de origen. Audiencia constitucional Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de enero de dos mil veinticuatro, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Obligación de informar respecto de alguna causa de improcedencia del juicio. Con apoyo en lo estipulado en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que comuniquen cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de improcedencia; asimismo, informen si en relación con los actos reclamados se ha promovido diverso juicio de amparo, debiendo indicar el número de expediente y el órgano jurisdiccional que conoce o conoció de dicho juicio. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 251, en relación con el diverso numeral 238, primer párrafo, todos de la ley de la materia, con relación al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Terceros interesados Se reserva a proveer lo conducente respecto al tercero interesado señalado en la demanda de amparo hasta en tanto obren en autos la totalidad de las constancias, a efecto de verificar si le asiste tal carácter. Domicilio para oír y recibir notificaciones personales Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la parte relativa de la demanda de amparo; esto es, las lista que se fijan en los estrados del local que ocupa este juzgado, por así manifestarlo de manera expresa. Autorizados En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas únicamente en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues al efectuarse la búsqueda respectiva se advierte que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis. Acceso al expediente electrónico En relación a la solicitud de que se le permita la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, vía internet, a través del usuario "********************", se tiene por autorizada su solicitud, siempre y cuando se encuentre registrado en la página relativa al "sistema de consulta de expediente electrónico". Por consiguiente, se ordena a la oficial judicial "A" efectuar el registro interno de los usuarios que proporciona el promovente para que consulte el expediente electrónico del presente juicio. Autorización de medios tecnológicos De conformidad con la circular 12/2009, de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza para que se tomen las fotografías de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, con los medios tecnológicos que indica la circular referida. Oposición a la publicación de datos personales Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a las autoridades responsables; por lista a las demás partes.

  2. Incidental

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta y atento a lo ordenado en el cuaderno principal de donde deriva la presente incidencia, procédase a proveer lo atinente a la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo 1500/2023-lV, promovido por Juan Guadalupe Espinosa Zamudio, por su propio derecho, contra las autoridades y actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Director el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tlalnepantla. Actos reclamados La medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada dictada en contra del quejoso en la audiencia de control de detención de dos de noviembre de dos mil veintitrés, dentro de la causa de control 3040/2023. El auto de vinculación a proceso de seis de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en contra del quejoso en la carpeta administrativa de origen por el delito de violación. Solicitud de informe previo Con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 140, 142 y 143 de la ley de la materia, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al en que queden notificadas del presente acuerdo, remitiéndole para ello copia simple de la demanda y anexos que se estimen pertinentes. En el mencionado informe previo las autoridades responsables se concretarán a expresar si es o no cierto el acto reclamado que se le atribuye, podrán expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes, ello de conformidad al artículo 140 de la Ley de Amparo. Apercibimiento Es menester señalar que, la falta de informe previo tiene por consecuencia que se presuma cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario, para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, y si incurren en tal omisión se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización; lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Audiencia incidental Se hace del conocimiento de las partes que se señalan las nueve horas con veintisiete minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Procedencia de la suspensión provisional Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. En principio debe decirse que para otorgar la medida cautelar solicitada, debe partirse de la premisa de que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse, pues, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, no existiría materia que preservar. Es así, pues, por regla general, la naturaleza de dicha medida cautelar es conservativa, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. En ese sentido, para establecer si el acto reclamado es o no suspendible, debe analizarse el caso concreto y la naturaleza del acto. Si éste tiene un principio de ejecución, será posible decretar su suspensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y efectividad previstos por la ley de la materia. b) Que exista la solicitud del quejoso. c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme a lo previsto en el artículo 157, en relación con el diverso 146, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, resulta necesario, en principio, establecer los actos reclamados respecto de los cuales se solicita la medida cautelar que, en esencia, consisten en los siguientes: La medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada dictada en contra del quejoso en la audiencia de control de detención de dos de noviembre de dos mil veintitrés, dentro de la causa de control 3040/2023. El auto de vinculación a proceso de seis de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en contra del quejoso en la carpeta administrativa de origen por el delito de violación. Sentado lo anterior, se procede al estudio de la procedencia de la suspensión provisional respecto de los actos reclamados consistentes en el auto de vinculación a proceso dictado por la responsable en contra del quejoso y de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada. Fijados los actos reclamados, se procede al análisis de los requisitos precisados en líneas que anteceden, a efecto de determinar si se actualizan en el caso de que se trata, que por su orden son: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. De acuerdo a la naturaleza de los actos reclamados, tienen el carácter de positivos. En principio, debe precisarse que de acuerdo a sus características, el auto que determina la medida cautelar de prisión preventiva justificada, es susceptible de suspenderse, ello es así, pues se advierte que, a partir de su emisión, se actualiza una afectación temporal a la libertad del imputado, pues provoca que se le sujete a la jurisdicción del Juez de Control, bajo los efectos de la medida cautelar determinada, lo que se considera afecta la libertad personal. b) Que exista solicitud del quejoso. Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar, examinado en el inciso que antecede, se continúa con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Este precepto establece en su fracción I, que la suspensión se decretará: "cuando la solicite el quejoso". Lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realicen las personas que vean afectado su interés por el acto reclamado. En el caso, existe petición de suspensión y además la solicita quien resulta directamente agraviado con el acto reclamado, pues según lo expuesto en la demanda de amparo, el juez responsable impuso al directo quejoso una medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual debe derivar forzosamente de un auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso por el delito de violación, por lo que sus efectos consistentes en mantener privado de la libertad al quejoso, se postergarán. Por tanto, se trata de la persona que resentirá la afectación en su órbita de derechos. c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." Sobre el particular se entiende que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor, ya sea privándolo de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. Este requisito se estima cumplido, dado que con la suspensión del acto reclamado no se lesiona el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues la sola concesión de la medida no genera impunidad ni evita el sometimiento de la parte quejosa al procedimiento del que emana el acto reclamado. En consecuencia, al haberse satisfecho los requisitos de la medida cautelar, se concede la suspensión provisional, respecto de los actos reclamados: auto de vinculación a proceso dictado por la responsable en contra del quejoso y de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada. Efectos de la suspensión provisional Toda vez que el quejoso manifiesta que se encuentra recluido, en virtud de la medida precautoria impuesta por el juez responsable consistente en la prisión preventiva justificada por el delito violación, con fundamento en el artículo 166, fracción I de la Ley de Amparo, la suspensión provisional se concede para los siguientes efectos: Por lo que hace al auto que provee respecto a la medida cautelar de prisión preventiva justificada, para que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar en que se encuentra recluido, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. En lo que respecta al auto de vinculación a proceso, para que la autoridad responsable que conozca del proceso penal suspenda el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución definitiva que se dicte en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que informa, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J.25/2023 (11a.), con número de registro 2026437 de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU CONCESIÓN EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. Hechos: Un Tribunal Colegiado y un Pleno de Circuito se pronunciaron respecto a la procedencia de la suspensión; provisional en el caso del primer órgano jurisdiccional y definitiva respecto del segundo, cuando el acto reclamado en el amparo indirecto consistía en el auto de vinculación a proceso. Y en sus respectivas resoluciones, sobre la base de las consideraciones que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 414/2011, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), el primero de ellos sostuvo que no era procedente conceder la suspensión provisional porque se trataba de un acto que no generaba en automático la privación total de la libertad personal del imputado; mientras que el segundo consideró que el auto de vinculación a proceso generaba una perturbación que, aunque indirecta, incidía en la libertad personal del imputado y, por ello, era susceptible de otorgarse la suspensión definitiva. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el auto de vinculación a proceso no genera efecto alguno sobre la libertad de la persona imputada. Sin embargo, en respeto al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, una vez reunidos los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, procede su suspensión, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la propia ley, cuando la parte quejosa solicita esa medida cautelar en el juicio de amparo indirecto que promueve contra esa determinación procesal que define su situación jurídica. Justificación: El criterio reflejado en la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", con relación a los alcances y efectos del auto de vinculación a proceso sobre el derecho fundamental a la libertad personal de los imputados, no resulta acorde con las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, a partir del tres de abril de dos mil trece; y en consecuencia, no es aplicable a supuestos regidos por ésta. Ello, porque tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales como de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se desprende que el auto de vinculación a proceso no tiene incidencia alguna sobre el derecho fundamental a la libertad de la persona imputada; pues del código mencionado se colige que sus efectos se limitan a establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, o bien, respecto de los que se determinarán las formas anticipadas de su terminación, la apertura al juicio o el sobreseimiento, lo que pone en evidencia que su objetivo se constriñe a definir la situación jurídica de la persona imputada y no privarla de su libertad para asegurar su presencia en el procedimiento, ya que para tales efectos se prevén otras medidas legales; y en la Ley de Amparo, a pesar de que el auto de vinculación a proceso constituye una resolución que para los efectos de la procedencia del juicio constitucional, excepciona el principio de definitividad, se le desvincula por completo de aquellos actos que afectan la libertad personal. Y precisamente porque el auto de vinculación a proceso no afecta ese derecho fundamental de los imputados de un delito, es por lo que no figura en la parte especial dedicada a la procedencia y efectos de la suspensión de actos en materia penal, que se regula en los artículos 159 a 169 de la Ley de Amparo. Sin embargo, ello no implica que dicha medida cautelar no proceda respecto de esa resolución procesal porque la Primera Sala, en la contradicción de tesis 397/2016, estableció que el hecho de que un acto de la materia penal no se encuentre contemplado dentro de los supuestos de procedencia de la suspensión del acto reclamado que precisó el legislador en la parte especial de la Ley de Amparo, no es suficiente para determinar que la medida cautelar sea improcedente porque, en principio, todo acto reclamable es susceptible de ser suspendido, como consecuencia directa del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. En ese orden de ideas, tratándose de la suspensión del auto de vinculación a proceso, se debe atender a las reglas generales que regulan los tipos de suspensión de oficio y a petición de parte, aplicables a todas las materias, previstas en la Ley de Amparo; y una vez constatado que se reúnen los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de ese ordenamiento legal, procederá la medida cautelar, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la misma ley, es decir, para que la autoridad jurisdiccional de control suspenda el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Así como la diversa, emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con Residencia en la Ciudad De México, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO." Tomando en cuenta el peligro inminente de que se lleven los actos reclamados con perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, conforme a lo previsto en el artículo 139 de la Ley de Amparo, el primero de los efectos de la suspensión provisional decretada subsistirá hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución incidental que decida sobre la suspensión definitiva. La medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados provienen de autoridades diversas a las señaladas. Se hace saber a las autoridades responsables que el incumplimiento de la medida cautelar implica el delito previsto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que cualquier violación a la misma dará lugar a que se dé vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos conducentes. Garantía Con fundamento en el artículo 168, último párrafo, de la Ley de Amparo, en la especie no es factible establecer garantía económica alguna, dado los efectos para los cuales se concedió la suspensión provisional. Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen y para que entreguen los oficios que deriven de este incidente. Copias Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2º, una vez que las labores del juzgado lo permitan, expídanse a su costa las copias certificadas por triplicado que solicitan, previa toma de razón que por su recibo se deje asentada en autos para su debida constancia legal; en la inteligencia que, si dicha constancia no obra en original, no será posible expedir copia certificada de dicho documento. Notifíquese: por lista al quejoso y por oficio a la autoridad responsable.

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