Juan Gonzalo Pulido Navarrete

Expediente 525/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
525/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
21/10/2019

Partes del expediente

  • Juan Gonzalo Pulido Navarrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en la Ley de Amparo para que las partes en este juicio constitucional interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Pues bien, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como la fracción II, del numeral Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que, por resolución de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se sobreseyó el presente juicio de amparo. En ese contexto, regístrese en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del numeral noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto 1/2009. De igual modo, glósese a los autos el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración conforme a la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, motivo por el que deberá conservarse el auto en el cual se concedió la suspensión provisional y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, en forma separada, una vez transcurridos más de tres años de ordenado su archivo, donde se deberán resguardar y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión respectivo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Por otra parte, del análisis de este asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este juzgado federal el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda de amparo y el auto en el cual se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, que obra en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado.

  2. Principal

    ÚNICO. SE SOBRESEE EL JUICIO PROMOVIDO POR JUAN GONZALO PULIDO NAVARRETE, CONTRA ACTOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, POR LOS MOTIVOS PLASMADOS EN EL CONSIDERANDO TERCERO DE ESTA RESOLUCIÓN.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en auto de once de septiembre de dos mil diecinueve, se otorgó vista a la parte quejosa en relación con la denominación correcta de la autoridad que señaló como responsable "Agentes Investigadores del Estado de Sinaloa, Zona Norte", con residencia en esta ciudad, y toda vez que no obra en autos manifestación alguna al respecto; sin mayor trámite se tiene por inexistente la autoridad responsable denominada por el quejoso como "Agentes Investigadores del Estado de Sinaloa, Zona Norte", con domicilio en esta ciudad, se suspende toda comunicación con la misma, al considerar que le corresponde a la parte parte quejosa estar el pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedida, y al principio de celeridad procesal, asimismo, con la obligación que al efecto impone la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta firmado por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado, designa delegados, señala domicilio y solicita autorización para para efectuar el uso de medios electrónicos en el presente juicio de amparo. De conformidad con los artículos 9 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad responsable en comento, por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y como delegados a los profesionistas que se indican. Dese vista con dicho informe a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo, con apoyo en los numerales 14 y 17 Constitucionales, en relación con el 71 y 331, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se permite a la citada autoridad responsable, el uso del lector óptico, fotográfico o scanner para copiar constancias o reproducir el contenido de las actuaciones que obran en el expediente, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos; en la inteligencia que no podrán reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Orienta el criterio, la Tesis I.3o.C.725 C., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época de los siguientes rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga.".

Quedan 5 actuaciones en este expediente

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