Juan Gonzalo Heredia Miron
Expediente 427/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Gonzalo Heredia Miron
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de marzo del año en curso, que sobreseyó en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en la materia, se declara que ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena que una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previo a generar por duplicado de los documentos a que se refiere el artículo 22 del citado acuerdo. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se inició incidente de suspensión, provéase lo relativo a su depuración o destrucción en los cuadernos respectivos, en razón de que los mismos obran por cuerda separada.
- Incidental
Visto el auto que se dictó en esta fecha en el cuaderno principal del que deriva el incidente en que se actúa, mediante el cual causó ejecutoria la resolución de nueve de marzo del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento; y, toda vez que no existe actuación pendiente de resolver, archívense los presentes autos incidentales como asunto concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cuanto a los autos del original del incidente de suspensión, en razón de que se negó tanto la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su destrucción, sin requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar estos en autos, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
Vista la circular SECNO/10/2021, de trece de febrero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que comunica que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021, en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en relación a diversos Circuitos, entre ellos este Segundo Circuito, entre las que destaca la marcada con el número 16, que indica: "16. A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020". Así, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica al expediente en que se actúa, se continúa con su procedimiento en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020 y 37/2020. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el escrito de cuenta suscrito por la licenciada Margarita Flores García en su carácter de defensora pública del quejoso Juan Gonzalo Heredia Mirón, mediante el cual informa y acredita haberse entrevistado en fecha quince de los corrientes con el quejoso de mérito a fin de bridarle asesoría e informarle su estado procesal en el juicio de amparo, agréguese a los autos, y ténganse por hechas sus manifestaciones que en dicho ocurso se contienen, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Vista la circular SECNO/10/2021, de trece de febrero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que comunica que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021, en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en relación a diversos Circuitos, entre ellos este Segundo Circuito, entre la que destacan las marcadas con los números 15 y 16, que indica: "15. Para efectos del personal jurisdiccional, el 16 y 17 de febrero de 2021 son días inhábiles pero laborales, por lo que la asistencia en los órganos jurisdiccionales se regirá conforme a las reglas del Capítulo IV del AG 21/020. 16. A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020". Así, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica al expediente en que se actúa, se continúa con su procedimiento en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020 y 37/2020. Por lo anterior, vista la notificación relativa al oficio 1443/2021 dirigido a la licenciada Margarita Flores García en su carácter de defensora pública del quejoso Juan Gonzalo Heredia Mirón, en la cual de su puño y letra asentó diversas manifestaciones en relación al requerimiento ahí formulado. En atención a su contenido, agréguese a los autos y ténganse por hechas las manifestaciones en el sentido de que anteriormente se entrevistó con el directo quejoso, de lo cual si bien es cierto que en proveído de veintinueve de octubre pasado se tuvo por recibida dicha información, también lo es que la propia defensora solicitó se le fijara fecha y hora para que pudiera imponerse de autos, razón por la cual en auto de dos de febrero del año en curso, se ordenó correrle traslado con las constancias respectivas; no obstante lo anterior y por así manifestarlo la defensora en el sentido de que ha otorgado la asesoría respectiva al directo agraviado, se tiene por cumplido el requerimiento inmerso en autos; en consecuencia, con las constancias que obran en autos, procédase a dictar la resolución correspondiente. No obstante lo anterior, hágase del conocimiento de la licenciada Margarita Flores García en su carácter de defensora pública del quejoso Juan Gonzalo Heredia Mirón, que al haber sido designada por este juzgado federal para asistir a dicho agraviado en la tramitación del presente juicio de amparo, se encuentra obligada a velar por que la tutela jurisdiccional del mismo, se haga de manera efectiva y no simplemente limitarse a aceptar y protestar el cargo conferido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a./J.43/2019 (10ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida a página 1301, Tomo II, Agosto de 2019, 10 Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja".
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