Juan Gonzalez Vigueras

Expediente 859/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
859/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
25/07/2017

Partes del expediente

  • Juan Gonzalez Vigueras
  • Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió el auto dictado el cinco de julio de dos mil diecisiete, por el que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto de referencia). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto obra una constancia original (foja 28), en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 citado, hágase del conocimiento del quejoso que cuenta con un plazo de noventa días, con la finalidad de comparecer a este órgano jurisdiccional a recoger el documento adjuntado, debiéndose dejar copia simple del mismo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, éste podrá ser destruido junto con el expediente. Además, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para constancia legal debida. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, si la autoridad destinataria del oficio que se expide se encuentra en período vacacional, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción para que, precisamente en el día en que ésta reanude sus labores lo envíe sin necesidad de ulterior acuerdo, mismo que deberá quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; cinco de julio de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintisiete de junio del dos mil diecisiete, y remite copia certificada del auto de veintitrés de junio del presente año, mediante el cual la responsable admite a trámite la demanda laboral, así como la notificación y emplazamiento del tercero interesado del expediente laboral 359/2017. Ahora, el estado procesal de autos revela que en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que el acto reclamado por Efesto Febo González Gómez, quien se ostenta apoderado legal de Juan González Vigueras, se hace consistir en: La dilación injustificada del procedimiento, toda vez que desde el día cuatro de enero de dos mil diecisiete, fecha de la presentación de la demanda ante la responsable, el procedimiento se encuentra suspendido por virtud de que el día de hoy no se ha pronunciado sobre la admisión de la misma. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, incluyendo la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo Ahora, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, se emitió el proveído correspondiente a la petición inserta en el ocurso de cuatro de enero de este año, en el expediente laboral 359/2017, mediante el cual admitió a trámite la demanda laboral y ordeno notificar al tercero interesado. A dichas constancias se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso aduce que la autoridad ha sido omisa de pronunciarse respecto al escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en el expediente laboral 359/2017; sin embargo, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias del citado expediente, de las cuales se observa que mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, se emitió determinación en el sentido de dar trámite a su petición. Lo antes evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la autoridad responsable emitió un proveído en el expediente laboral citado en párrafos anteriores, en el cual admitió a trámite la demanda laboral. En esa medida, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues el acto reclamado ha cesado. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la diversa jurisprudencia 415, publicada en la página 356, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así las cosas, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil diecisiete, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido, el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Toluca, Estado de México, a través del cual rinde informe justificado. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de la Amparo, a las partes dése vista para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; hágase nueva relación de las constancias de referencia, en la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, atento a su contenido es necesario indicar que el acto reclamado en este juicio deriva del hecho consistente en que el diez de marzo del dos mil diecisiete, el quejoso presentó en la oficialía de partes de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Toluca, Estado de México, demanda en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la cual correspondió el número de folio 3325, sin que a la fecha se exista pronunciamiento sobre la misma. Ahora, como en el informe de cuenta dicha responsable hace referencia a la abstención a notificar el laudo, es que debe aclarar dicha circunstancia. Por tanto, se requiere a la autoridad para que aclare el acto reclamado respecto de la dilación que ha tenido sobre el auto correspondiente al escrito de demanda presentado ante ella el diez de marzo del dos mil diecisiete; al efecto, remítasele copia simple del escrito presentado ante dicha responsable. Notifíquese.

  4. Principal

    VI.- La certificación de cuenta evidencia que el quejoso no compareció a recoger el billete de depósito N 313089 por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional), registrado con el número de orden 5/2012-B dentro del plazo de dos años establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación; por ende, con apoyo en el artículo precitado y en el diverso 882 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince, se decreta que ha operado la prescripción del depósito de referencia en favor del fisco federal. En su oportunidad, con copia certificada del auto a través del cual quede firme la determinación dictada en este asunto, remítase el certificado de depósito precitado, a la Tesorería de la Federación.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano