Juan Gonzalez Herrera
Expediente 1527/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1527/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 02/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Gonzalez Herrera
- Junta Especial Numero 34 de la Federal de Conciliacion Y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. Antecedentes. El diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la Junta Especial número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado: "(.) Deje insubsistente el acto reclamado, únicamente por lo que respecta al requerimiento realizado a la parte actora, de apersonarse ante la Unidad de Peritajes Médicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y apercibimiento correspondiente; y con plenitud de jurisdicción dicte uno nuevo, proveyendo lo necesario para el desahogo total de la pericial tomando las medidas necesarias para que ésta se lleve a cabo, sin erogación alguna con cargo al trabajador, ello en los términos a que alude el artículo 17 Constitucional (.)." Ejecutoria. Por proveído de ocho de febrero de dos mil veintitrés causó ejecutoria dicho fallo constitucional. Requerimiento y recibo de informe sobre cumplimiento. En acatamiento a la ejecutoria de amparo y previos requerimientos, el Presidente de la Junta responsable, remitió copia certificada de la determinación de catorce de febrero de dos mil veintitrés, dictada en los autos del expediente de origen, de la que se desprende que dejó insubsistente el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, únicamente en cuanto a la determinación de que se apersone el aquí quejoso en la Ciudad de México a su valoración médica, y en su lugar, ordenó la designación de perito médico tercero en discordia a la parte aquí quejosa, para efecto de que sea valorado en esta ciudad de San Luis Potosí, sin erogación alguna con cargo a la parte quejosa, como se desprende de la constancia que la responsable acompañó a su oficio registrado con el progresivo de correspondencia interna 2220. Por cumplida ejecutoria. En ese orden de ideas, si la autoridad responsable dejó insubsistente el acuerdo reclamado y en su lugar dictó otro en el que ordenó la designación de perito médico tercero en discordia a la parte aquí quejosa, para efecto de que sea valorado en esta ciudad de San Luis Potosí, sin erogación alguna con cargo a la parte quejosa, es indiscutible que con ello se cumplió en sus términos la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Expediente depurable. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Se agrega original de incidente, calificado como depurable. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, toda vez que se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original de dicho incidente también es susceptible de depuración, por lo que deberá glosarse al cuaderno principal, sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Valoración. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa y por oficio a la parte tercero interesada.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. Antecedentes. El diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la Junta Especial número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado: "(.) Deje insubsistente el acto reclamado, únicamente por lo que respecta al requerimiento realizado a la parte actora, de apersonarse ante la Unidad de Peritajes Médicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y apercibimiento correspondiente; y con plenitud de jurisdicción dicte uno nuevo, proveyendo lo necesario para el desahogo total de la pericial tomando las medidas necesarias para que ésta se lleve a cabo, sin erogación alguna con cargo al trabajador, ello en los términos a que alude el artículo 17 Constitucional (.)." Ejecutoria. Por proveído de ocho de febrero de dos mil veintitrés causó ejecutoria dicho fallo constitucional. Requerimiento y recibo de informe sobre cumplimiento. En acatamiento a la ejecutoria de amparo y previos requerimientos, el Presidente de la Junta responsable, remitió copia certificada de la determinación de catorce de febrero de dos mil veintitrés, dictada en los autos del expediente de origen, de la que se desprende que dejó insubsistente el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, únicamente en cuanto a la determinación de que se apersone el aquí quejoso en la Ciudad de México a su valoración médica, y en su lugar, ordenó la designación de perito médico tercero en discordia a la parte aquí quejosa, para efecto de que sea valorado en esta ciudad de San Luis Potosí, sin erogación alguna con cargo a la parte quejosa, como se desprende de la constancia que la responsable acompañó a su oficio registrado con el progresivo de correspondencia interna 2220. Por cumplida ejecutoria. En ese orden de ideas, si la autoridad responsable dejó insubsistente el acuerdo reclamado y en su lugar dictó otro en el que ordenó la designación de perito médico tercero en discordia a la parte aquí quejosa, para efecto de que sea valorado en esta ciudad de San Luis Potosí, sin erogación alguna con cargo a la parte quejosa, es indiscutible que con ello se cumplió en sus términos la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Expediente depurable. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Se agrega original de incidente, calificado como depurable. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, toda vez que se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original de dicho incidente también es susceptible de depuración, por lo que deberá glosarse al cuaderno principal, sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Valoración. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa y por oficio a la parte tercero interesada.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de febrero de dos mil veintitrés. Adscripción de Secretario en funciones de Juez de Distrito. Se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/557/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó a Rodolfo Jiménez Silva, para desempeñarse como Secretario en funciones de Juez de Distrito de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Determinación. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexo dese vista a las partes por el plazo de tres días, corriéndoles traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; hágase personalmente a las partes quejosa y mediante oficio al tercero interesado.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de febrero de dos mil veintitrés. Adscripción de Secretario en funciones de Juez de Distrito. Se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/557/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó a Rodolfo Jiménez Silva, para desempeñarse como Secretario en funciones de Juez de Distrito de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Determinación. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexo dese vista a las partes por el plazo de tres días, corriéndoles traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; hágase personalmente a las partes quejosa y mediante oficio al tercero interesado.
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