Juan Gomez Lobato
Expediente 1443/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1443/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Juan Gomez Lobato
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de fecha veintiocho de noviembre del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Juan Gómez Lobato; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.
- Principal
Durango, Durango, a primero de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. De autos y de la certificación de cuenta, se advierte que se ordenó archivar el expediente como concluido y se valoró su destino en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito. Regulariza procedimiento. En atención a lo expuesto, toda vez que el presente amparo se valoró como depurable, pero no fue valorado el incidente, debiendo ser lo correcto, que el original de dicho cuadernillo es depurable y el duplicado destruible, con fundamento en lo establecido por el precepto 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento, para el efecto anotado. En el entendido que la referida regularización sólo comprende la valoración de este expediente y sus cuadernos incidentales; de ahí que el plazo para su destrucción empezó a transcurrir a partir de la fecha en que se ordenó archivar. Finalmente, de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3º. de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales", el presente acuerdo será firmado mediante el certificado digital de firma electrónica, dejando evidencia criptográfica. Cúmplase. Así acordó y firma la licenciada Ruth Haggi Huerta García, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Durango, ante el licenciado Rafael Antonio Jara Nevárez, Secretario quien autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por ***, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Durango y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1443/2022. III. Decisión sobre la instancia. 1. Desechamiento. Del análisis del ocurso de cuenta, se advierte que es improcedente y debe desecharse. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. Por motivo "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; lo que deriva de la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En esa tesitura, se advierte que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6, todos de la citada normatividad. De tales numerales, se obtiene que el juicio constitucional solo puede promoverse por la persona física o moral que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica con motivo del acto que considera violatorio de sus derechos fundamentales, lo que puede realizar, por sí, por su representante legal o por Dicha promoción, salvo el supuesto en que se autoriza hacerse por medio de comparecencia -que no es el caso-, debe promoverse mediante escrito que deberá contener la firma correspondiente (autógrafa o electrónica), en la medida que se erige como signo, rúbrica o carácter de autoría de alguien que al estar contenido en determinado documento o acto, se entiende vinculado con sus efectos jurídicos inherentes. De manera que la carencia de firma autógrafa o electrónica en un escrito, impide tener certeza de que en éste se refleje realmente la intención del suscribiente, poniendo en duda la autenticidad del documento, lo que torna inviable la acción de tutela constitucional, esto, ante la ausencia de voluntad del promovente. En la especie, en la demanda de amparo que se provee no obra la firma de Juan Gómez Lobato, sino que en el apartado correspondiente puede advertirse la firma de Gerardo Ledesma Gutiérrez, es decir, diversa persona al promovente de amparo, por lo que dicha situación implica que el quejoso fue omiso en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Robustece lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata". Además, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que al ser la firma lo que da autenticidad a la demanda con todas sus consecuencias legales, si la demanda de amparo no se suscribe por quien aparece como promovente en su texto, debe desecharse la misma. Consideraciones que se encuentran plasmadas en el criterio de rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. El primer párrafo de la fracción VII del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación faculta al presidente del más Alto Tribunal a desechar o admitir la demanda de amparo, en virtud de que esa norma legal le atribuye la facultad de: "tramitar todos los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, hasta ponerlos en estado de resolución...", facultad que igualmente le conceden los artículos 177 y 179 de la Ley de Amparo, dentro de la que está comprendida la de examinar si la demanda de amparo está calzada con la firma del promovente, formalidad indispensable para que pueda ponerse, el asunto que motiva la demanda de garantías, en estado de resolución, por ser la firma lo que da autenticidad a la demanda con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe por quien aparece como promovente en su texto, debe resolverse que no ha lugar a tener por promovido el juicio de amparo". En esas condiciones, al no contener la firma autógrafa del interesado, lo cual, es un requisito esencial para acreditar la voluntad de la suscribiente, no se cumple con el presupuesto relativo a que el juicio de amparo se siga a instancia de parte agraviada, lo que lleva a la convicción de que no puede considerarse ejercida la acción constitucional por la ausencia de voluntad de quien ha sido afectado por el acto de autoridad. Cuenta habida que además del contenido de la demanda de amparo presentada en todo momento el ocursante refiere que promueve la misma "por propio derecho", y, del análisis de la misma, resulta evidente que no se promovió en términos del artículo 15 de la Ley de la Materia, ya que no versa sobre actos actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de las personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del citado artículo 15 de la Ley de Amparo; de ahí que necesariamente debía contener la firma de la parte quejosa. Consecuentemente al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: Juan Gómez Lobato. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Dolores del Río número 362 norte zona centro, de esta ciudad. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VII. Firma del presente acuerdo. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.
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