Juan Gómez Gómez, cond Candelaria Hernández Guillén

Expediente 438/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
438/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Juan Gómez Gómez, cond Candelaria Hernández Guillén
  • Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de quien se ostenta como apoderado legal de BBVA Bancomer Sociedad Anónima de Capital Variable, con residencia en esta ciudad, mediante el cual manifiesta dar cumplimiento al requerimiento realizado el doce de diciembre del actual. En tales condiciones, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad vinculada, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, remita las constancias que acrediten su dicho. Con el apercibimiento que de no hacerlo así o de no informar el impedimento que tenga para ello, este Juzgado se pronunciará sobre el incumplimiento, le impondrá, una multa en lo individual por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, la que asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con el 238 de la Ley de Amparo1. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese al sumario la comunicación del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada del oficio de dos de diciembre del año en curso de la contestación dada por la institución bancaria ****, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que manifestó su imposibilidad de dar cumplimiento al requerimiento realizado. Ahora bien, cabe puntualizar que la protección constitucional solicitada por la quejosa, se concedió entre otros, para el efecto de que "la institución bancaria ****, Sociedad Anónima de Capital Variable, procediera a congelar o inmovilizar las cantidades liquidas que hubieran en las cuentas bancarias ****, aperturadas a nombre del instituto demandado, hasta donde bastara para garantizar el monto de lo embargado, poniéndolo a su disposición dentro de las veinticuatro horas siguientes". De lo anterior, se estima que el cumplimiento de la sentencia de amparo depende de los actos que ****, Sociedad Anónima de Capital Variable, realice, pues si bien no fue señalada como autoridad responsable, lo cierto es que tiene intervención en el cumplimiento del fallo protector, con el objeto de realizar los trámites administrativos conducentes. De manera que, efectivamente se encuentra obligada dentro del ámbito de su competencia, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, a realizar los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, y en caso de desacato, corresponde a este juzgado hacerle los apercibimientos que prevé la Ley de Amparo con relación a las responsabilidades que prevé el capítulo de cumplimiento de ejecución, de conformidad con el precepto 192 de la ley de la materia. En consecuencia, dada la naturaleza del acto reclamado y a las atribuciones de la institución bancaria ****, Sociedad Anónima de Capital Variable, téngase como autoridad vinculada a ésta para el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, considerando que en razón de sus funciones tiene intervención en este asunto para el cabal y pronto cumplimiento de la sentencia de amparo. Es aplicable jurisprudencia 57/2017, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del tenor siguiente: AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica. Así también, tiene aplicación la tesis que a continuación se cita: SENTENCIAS EJECUTORIADAS. PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL TIENEN FACULTADES PARA REQUERIR A AUTORIDADES DIVERSAS DE LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS A ESOS FALLOS. De la reforma al párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se advierte un nuevo diseño respecto del tratamiento que debe darse a los derechos humanos, atendiendo al contenido normativo ahí previsto y, en su caso, a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano sobre este rubro, en aras de beneficiar en cualquier momento a todas las personas y así poder proporcionarles una tutela mayor. Así, por imperativo constitucional, debe procurarse que la interpretación se haga conforme al principio pro persona, que también se encuentra contenido en el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial. En estas condiciones, se concluye que el derecho a la administración pronta y expedita de justicia es una prerrogativa fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales en forma no limitativa sino enunciativa, ya que no puede circunscribirse al simple significado del vocablo, pues es el continente de un sinnúmero de derechos y obligaciones tanto internos como externos, es decir, inter país y a nivel internacional. Consecuentemente, si se atiende al artículo 17 de la Carta Magna, en el que se consignan, entre otros derechos fundamentales, el relativo a la administración pronta y expedita de justicia, a fin de que se cumplan cabalmente las sentencias ejecutoriadas, se estima que los órganos de control constitucional tienen facultades, no sólo para precisar los alcances de esos fallos, sino también para requerir a autoridades diversas de las señaladas como responsables, que se encuentren vinculadas a éstos, y conseguir su eficaz, completo y pronto acatamiento. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, con copia de la ejecutoria dictada en el presente juicio, requiérase a la la institución bancaria ****, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, proceda a congelar e inmovilizar las cantidades líquidas que hubieran en las cuentas bancarias ****, aperturadas a nombre del instituto demandado, hasta por la cantidad de ****moneda nacional****, el cual deberá poner a disposición de la quejosa por conducto de la junta responsable dentro de las veinticuatro horas siguientes, SIN EXCUSA NI EXCEPCIÓN alguna para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientas cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) , en términos del ordinal 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que por razón de la materia corresponda, para continuar con el trámite ahí previsto para la inejecución. Lo anterior encuentra justificación en la jurisprudencia 54/2014 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del Décima Época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 19, registro electrónico 2007918, cuya sinopsis es: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa los actos que ha realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del plazo de diez días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, remita el acuse de recibo del requerimiento formulado a la institución bancaria ****, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como la contestación realizada por el mismo, relativo al bloqueo, trabar y/o congelar las cuentas que se le fueron señaladas. Con el apercibimiento que de no hacerlo así o de no informar el impedimento que tenga para ello, este Juzgado se pronunciará sobre el incumplimiento, le impondrá, una multa en lo individual por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, la que asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con el 238 de la Ley de Amparo1. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, en razón de que ninguna de las partes recurrió, dentro del plazo legal, la sentencia dictada en este asunto***se declara que ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes.***Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba el oficio que al efecto se envíe, remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, en la que se concedió el amparo a la parte quejosa, para los efectos siguientes: 1. Con libertad de jurisdicción y atendiendo las medidas necesarias en los términos precisados por la ley que rige su actuar, para lograr la eficaz ejecución del laudo emitido en el juicio laboral ***de manera fundada y motivada se pronuncie respecto de la petición de la parte quejosa presentada mediante escrito el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, por el que solicitó se girara oficio a la institución bancaria ***, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que procediera a congelar o inmovilizar las cantidades liquidas que hubieran en las cuentas bancarias ***, aperturadas a nombre del instituto demandado, hasta donde bastara para garantizar el monto de lo embargado, poniéndolo a su disposición dentro de las veinticuatro horas siguientes. Cabe destacar que el alcance de la concesión del amparo, incluye que se cumplan con los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo y con ello respetar el derecho fundamental de impartición y acceso a una justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido de que no deberá retardar ni suspender, de forma injustificada, la prosecución del juicio laboral. Por lo que, si la Ley Federal del Trabajo prevé plazos y términos para proveer respecto a las actuaciones dentro del juicio laboral, con fundamento en dicho precepto es posible determinar que la responsable se excedió del tiempo en el que pudo actuar, dada la dilación en que se encuentra el juicio de origen (pues hasta la presente fecha no obra constancia de que el juicio laboral se encuentre concluido), ello permite ponderar que la autoridad jurisdiccional no ajustó su proceder al derecho fundamental de justicia pronta, tutelado por el precepto 17 constitucional. [.] Lo anterior, no exime a la parte quejosa de la obligación de instar a la autoridad responsable provea el cumplimiento del laudo, pues si bien es cierto cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que se le administre justicia pronta y expedita en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, por encontrarse dentro de la etapa ejecutiva, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones; pues la actuación oficiosa de la autoridad, no lo releva de impulsar la ejecución del laudo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así o de no informar el impedimento que tenga para ello, este Juzgado se pronunciará sobre el incumplimiento, le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientas cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) , en términos de lo dispuesto en el artículo 238, en relación con el diverso 258, de la ley de la materia. No obstante lo anterior, en caso de que no cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, dado que la junta responsable no tiene superior inmediato a quién requerirle que la conmine a cumplir con la ejecutoria en comento, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, pues la omisión en que incurre se traduce en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia en comento; ello, dado que las ejecutorias, son de orden público y los alcances de exigir el cumplimiento de la sentencia tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la tesis jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro IV, tomo 4, página 3515, enero de 2012, registro electrónico 2000099, de contenido siguiente: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano