Juan Gómez Aguilar y Otros.
Expediente 1320/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1320/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/09/2023
Partes del expediente
- Juan Gómez Aguilar y Otros.
- Mario Vázquez Velázquez y Otros.
- Mario Vázquez Velázquez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de queja contra del proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo, de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés dictado en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, inciso IV), Título Segundo, Capitulo Sexto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda promovida por el Mario Vázquez Velázquez, Juan Gómez Aguilar, Rafaela Villatoro Villatoro, Nicolás Esquivel Román, Alberto Vázquez Santizo, María López Pérez, Jorge Espinoza Hernández, Antonio Cardona Castillo, Humberto Morales Pérez, Pedro Bautista Pérez, Pánfilo Pérez Susun, José Ángel Ruiz Ramírez, Jorge Hernández Pérez, Pedro Ruiz Camilo, Guadalupe Domínguez Ordóñez, Leonardo Morales y Fuentes, Miguel Pérez Pérez, Pedro Ruiz Ruiz, Gustavo Pérez Molina, Ovidio Ávila Villatoro, Martimiano Roblero Vázquez, contra actos del Delegado y Jefa de la Residencia, ambos de la Procuraduría Agraria en el Estado de Chiapas, residentes en esta ciudad. Al efecto, regístrese con expediente 1320/2023-VI, por ser el consecutivo correspondiente. Ahora, conforme lo reconoce el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligación del órgano jurisduccional examinar el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del análisis integral a la demanda de amparo y anexos acompañados, se desprende que, en términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, la cuestión efectivamente planteada en esta instancia lo es: La omisión de convocar la Asamblea General de Ejidatarios para elegir al órgano de representación ejidal, del núcleo El Ámbar de Echeverría en La Concordia, Chiapas. Acto omisivo que atribuye a la Procuraduría Agraria a través del Delegado Estatal en Chiapas y la Jefa de Residencia. Es menester destacar lo que reconocen los artículos 24, 135, 136 fracción I, 138 y 163 de la Ley Agraria: "Artículo 24.- La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea." "Artículo 135.- La Procuraduría tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de esta ley. Artículo 136.- Son atribuciones de la Procuraduría Agraria las siguientes: I. Coadyuvar y en su caso representar a las personas a que se refiere el artículo anterior, en asuntos y ante autoridades agrarias;" "Artículo 138.- Las controversias en las que la Procuraduría sea directamente parte, serán competencia de los tribunales federales." "TITULO DECIMO DE LA JUSTICIA AGRARIA Capítulo I Disposiciones Preliminares Artículo 163.- Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley." Así como el numeral 5º fracción XV del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria: "Artículo 5.- La Procuraduría, para el logro de sus objetivos, tiene las atribuciones siguientes: (.) XV. Convocar a asambleas de los ejidos y comunidades, en los supuestos establecidos en la Ley y a petición de los Sujetos Agrarios o de las autoridades facultadas para ello; (.)." De lo inserto es viable apreciar en un primer aspecto, que cuando el comisariado ejidal o el consejo de vigilancia no convoque a asamblea general dentro del plazo establecido, la solicitud se podrá realizar ante la Procuraduría Agraria, para que por su conducto realice la convocatoria; pues ese órgano tiene como atribución la de coadyuvar en la defensa de los derechos de los núcleos ejidales, y de forma destacada convocar a las asambleas ejidales a petición de los sujetos agrarios. Por su parte, cuando exista una controversia que emane de la aplicación de lo regulado por la Ley Agraria, se resolverá a través del Juicio agrario, en los términos de la propia legislación. De igual manera, es patente que se reconoce como parte del procedimiento en dicho juicio a la Procuraduría Agraria, en virtud que el ordenamiento indicado la contempla como sujeto procesal y resalta que cuando se vea involucrada deberán ser los tribunales federales quienes resuelvan el contencioso. En ese sentido, es preciso enfatizar que el artículo 18, fracción IX de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, reconoce de forma expresa que los Tribunales Unitarios Agrarios conocerán de las controversias en donde se reclamen omisiones de la Procuraduría Agraria, como se aprecia del siguiente inserto: "Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. (.) IX.- De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas; (.)." En virtud de lo reseñado, es patente establecer que, contra las omisiones de la Procuraduría Agraria procede el juicio agrario del que conocerán los Tribunales Unitarios. Luego, si en el caso concreto la parte quejosa atribuye a la Procuraduría Agraria a través del Delegado Estatal en Chiapas y la Jefa de Residencia, la omisión de convocar la Asamblea General de Ejidatarios para elegir a órgano de representación ejidal, es inconcuso que su reclamo debió ventilarlo a través del juicio agrario en un tribunal de esa naturaleza. A partir de esa premisa, este órgano de control constitucional, advierte la actualización de forma manifiesta e indudable de la causa de improcedencia que surge de interpretar el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Ello es así, pues la parte quejosa soslayó el principio de definitividad rector en el juicio de amparo, en virtud de no haber agotado el juicio agrario previsto por el artículo 163 de la Ley Agraria en concordancia con el diverso 18, fracción IX de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Al respecto, el numeral que contempla la improcedencia en estudio, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Del dispositivo legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la propia ley. Lo anterior no implica otra cosa, que la tutela al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a través del cual se pretende que éste sea el último medio de defensa al alcance de los gobernados, esto es, que se acuda a la vía constitucional cuando ya no exista otro instrumento jurídico a través del cual se puedan reparar las violaciones cometidas en contra de los particulares, de ahí que la inobservancia de este principio se sanciona con la improcedencia del amparo. Así, para que la improcedencia que protege el principio de definitividad, conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, prospere, es necesario que: a) el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; b) que éste deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; c) que a través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; d) que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; y, e) que para conceder la suspensión del acto no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro en el IUS 193142, de rubro y texto siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Luego, como quedó de relieve en consideraciones anteriores, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de la Procuraduría Agraria de convocar a la asamblea general de ejidatarios, procede el juicio agrario, previo a instar la vía de amparo. En ese sentido, resulta evidente que previamente a ejercer la acción de amparo, la parte quejosa se encontraba constreñida a promover el juicio de referencia, que en su caso tendría por efecto, confirmar, revocar y/o modificar el acto recurrido. Luego, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada, en el entendido que en la especie, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad. Se estima lo anterior, pues en contra del acto aquí reclamado es procedente un medio ordinario de defensa por el cual es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado, en la especie, el juicio agrario. En estas condiciones, se reitera, el acto reclamado previo al juicio de amparo indirecto, debía impugnarse con el juicio agrario previsto por el artículo 163 de la Ley Agraria en concordancia con el diverso 18, fracción IX de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, ya que a través de este medio de defensa, se podría determinar si se ajustó o no al principio de legalidad que es potestad del Tribunal Agrario determinar. Por tanto, al haberse actualizado la causal de improcedencia previamente analizada, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 113, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en esta ciudad y, como autorizado en los términos precisados a Roger Zea Hernández, por así haberlo solicitado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Mario Vázquez Velázquez..
- Principal
Vista, la certificación que antecede y de los presentes autos, se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 202, de la Ley de Amparo, para las partes legitimadas, sin que haya sido recurrido el proveído deuno de junio de dos mil veintitrés, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo citado, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es conservable...
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