Juan Gilberto Walter Canterbury Elías

Expediente 206/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 35 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
206/2019
Año
2019
Actuaciones
35
Última actuación
10/05/2022

Partes del expediente

  • Juan Gilberto Walter Canterbury Elías
  • María del Carmen Elías Mendoza
  • JUAN GILBERTO WALTER CANTERBURY ELÍAS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    V-Vistas las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a la parte quejosa y tercera interesada a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. De conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos de expediente impreso y del electrónico. Asimismo, en cumplimiento artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse concedido la protección constitucional, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Por otra parte, toda vez que mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se ordenó el resguardo de tres tomos de pruebas remitidos por la autoridad responsable magistrado de la Tercera Sala Especializada en Materia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia esta ciudad, en apoyo a su informe justificado; en consecuencia, devuélvanse a la citada autoridad responsable las constancias remitidas, sin que sea el caso solicitar acuse de recibo correspondiente, toda vez que únicamente se trata de copias certificadas. Finalmente, por lo que hace a los autos incidentales que derivan del presente juicio de amparo provéase a lo que corresponda, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto de que se trata. Notifíquese personalmente.

  2. Incidental

    V-Visto el estado procesal que guardan los presente autos incidentales, toda vez que con esta propia fecha, se ordenó el archivo del expediente principal por haberse declarado cumplida la sentencia pronunciada en juicio de amparo de donde deriva el presente incidente, ordenándose el archivo del mismo y que en los presentes autos se concedió la suspensión provisional y se concedió la suspensión definitiva solicitada; en tal virtud, de conformidad con el artículo 20 del capítulo octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el duplicado de este incidente de suspensión es susceptible de destrucción después de los seis meses siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que existe el cuaderno original. Ahora bien, por lo que ve al expediente original de este incidente de suspensión, el mismo es susceptible de depurarse, por lo cual, deberá conservarse por el término de tres años, tal como lo establece el párrafo segundo, del referido acuerdo general, posteriormente, deberá realizarse su depuración conservando la demanda y las resoluciones relativas al otorgamiento o violación a la suspensión solicitada. En cuanto al valor jurídico, no lo tienen los presentes cuadernos incidentales. De conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos de expediente impreso y del electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa, el acuerdo dictado el diez de mayo de dos mil veintidós, el cual en lo conducente dice: V-Vistas las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a la parte quejosa y tercera interesada a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. De conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos de expediente impreso y del electrónico. Asimismo, en cumplimiento artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse concedido la protección constitucional, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Por otra parte, toda vez que mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se ordenó el resguardo de tres tomos de pruebas remitidos por la autoridad responsable magistrado de la Tercera Sala Especializada en Materia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia esta ciudad, en apoyo a su informe justificado; en consecuencia, devuélvanse a la citada autoridad responsable las constancias remitidas, sin que sea el caso solicitar acuse de recibo correspondiente, toda vez que únicamente se trata de copias certificadas. Finalmente, por lo que hace a los autos incidentales que derivan del presente juicio de amparo provéase a lo que corresponda, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto de que se trata. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    V-Visto el estado que guardan los presentes autos, conforme así lo permiten las cargas de trabajo debido a las condiciones de limitación de recursos humanos disponibles y la restricción de horario, con las que funcionan actualmente los órganos jurisdiccionales federales, de los que se advierte que transcurrió el término concedido a las partes mediante proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno, por consiguiente; este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en autos. Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, en ejecutoria emitida en el amparo en revisión 505/2019 el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, fue concedido el amparo de la Justicia Federal, a la parte quejosa María del Carmen Elías Mendoza, el cual fue el siguiente: "(.) Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, debe otorgarse la protección de la justicia federal a la recurrente para efecto de que la responsable, Tercera Sala Especializada en Materia Penal Tradicional, del Tribunal Superior de Justicia de Estado, con sede en Chetumal, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 59/2015. b) Dicte otra resolución en el que cumpla con el requisito de motivación; y con plenitud de jurisdicción analice nuevamente los hechos materia de consignación, defina cuáles son los términos o linderos del predio controvertido y la forma en que fueron alterados, a que se refiere el artículo 159, fracción III, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo. c) o bien, con plenitud de jurisdicción, de estimarlo procedente, reclasifique la conducta atribuida a la persona inculpada, en la inteligencia que en el supuesto de así proceder, no podrá variar los hechos materia de la consignación. d) Valore la escritura pública 18703, donde el Notario Púbico hizo constar la fe de hechos que realizó el veinticuatro de julio de dos mil doce; y precise si el resultado que arrojó se contrapone a la versión de cargo. e) Analice el tema relativo al acreditamiento, o no, de la probable responsabilidad de la quejosa en la comisión del ilícito en comento, de manera fundada y motivada, precisando cuál fue su participación en el hecho que se le atribuye y en su caso explique con qué medios probatorios tiene por acreditada la misma.". (.)." Por auto de seis de agosto de dos mil veintiuno, se recibió la ejecutoria de mérito, motivo por el cual, se requirió a las autoridades responsables correspondientes para que informaran sobre el cumplimiento dado al fallo protector. En acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió el oficio 785/2021 suscrito por el Magistrado Titular de la Tercera Sala Especializada en Materia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución emitida el treinta de agosto de dos mil veintiuno en el Toca Penal 59/2015. Documental a la que se le otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, por lo que constituye documento oficial al estar debidamente firmado por el funcionario con facultades para ello, la cual tiene eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Mediante dicho acuerdo, se dio vista a las partes, con las documentales remitidas por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que hayan realizado manifestación alguna. En este contexto, de la constancia remitida, se advierte que la autoridad responsable en acatamiento a la ejecutoria: Dejó insubsistente la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 59/2015. Dictó otra resolución de la que se advierte que cumplió con el requisito de motivación; ya que analizó nuevamente los hechos materia de consignación, a cuyo efecto definió los términos o linderos del predio controvertido (fojas 45 de la resolución) y describió la forma en que fueron alterados (fojas 47 y 48 de la resolución). No se advierte que haya estimado la necesidad de reclasificar la conducta atribuida a la persona inculpada. Además valoró la escritura pública 18703, donde el Notario Púbico hizo constar la fe de hechos que realizó el veinticuatro de julio de dos mil doce; y precisó que adolece de inconsistencias, es contradictoria con la versión de la denunciada y oferente de tal medio, la descripción que hace el fedatario es incongruente, por lo que concluyó negarle valor a esa diligencia de fe de hechos tomando en cuenta las irregularidades advertidas (fojas 49 y 50 de la resolución). Analizó el tema relativo al acreditamiento, de la probable responsabilidad de la quejosa María del Carmen Elías Mendoza, en la comisión del ilícito de despojo, de manera fundada (cita los artículos 158, fracción lll, en relación con el 14 párrafo segundo, y 16 fracción lll, del Código Penal del Estado de Quintana Roo y el 254 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo) y motivada, precisó cuál fue su participación (sirviéndose de otros, artículo 16 fracción lll, del código punitivo local) en el hecho que se le atribuye y explicó los medios probatorios del que realizó el ejercicio de valoración. Para lo cual consideró la declaración ministerial de la inculpada, que valora la declaración de la indiciada como confesión calificada divisible invocando como sustento los artículos 232 y 236 del código adjetivo (fojas 64-70 de la resolución). La querella del ofendido Eduardo José Torres Maldonado y su ampliación de declaración a las que otorgó valor probatorio de conformidad con el artículo 254 en relación al 250 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado (fojas 72-74). A esos medios relacionó las documentales públicas consistentes en escritura pública cuatro mil quinientos uno, pasada ante el Notario Público número 31 del Estado de Quintana Roo inscrita bajo el folio real 112295 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado; oficio de rectificación de trece de abril de dos mil doce, expedida por la Dirección del Catastro Municipal; cédula catastral de veintinueve de noviembre de dos mil doce, expedida por la Dirección de Ingresos Tesorería Municipal del Municipio de Othón P. Blanco; boleta de registro de veintisiete de abril de dos mil catorce expedida por la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo; cédula catastral de treinta de noviembre de dos mil doce, expedida por la Dirección de Catastro Tesorería Municipal del Municipio de Othón P. Blanco; y las documentales privadas consistentes en dos escritos originales de fechas treinta de julio y veinticuatro de agosto de dos mil doce, con sellos de recibidos por el H Ayuntamiento de Othón P. Blanco y la Dirección de Catastro Municipal. A las citadas documentales en términos de los artículos 229, 240 y 242 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado les concedió valor probatorio pleno (fojas 75-76). Igualmente consideró en su análisis el informe de investigación del agente investigador de la policía judicial del Estado que contiene las entrevistas relacionadas a cuatro testigos; así como la ampliación del informe de investigación del agente policial. Medios a los que concedió el valor probatorio indiciario de conformidad con el artículo 254 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado (77-78). Asumió que para robustecer la querella obra la declaración testimonial a cargo de Jorge Antonio Solís Martín y de Francisco Koh Hoy, del diecisiete de enero de dos mil trece y la ampliación de este testigo, manifestaciones a las cuales concedió el valor probatorio de indicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 254 en relación con el 250 del Código de Procedimientos Penales para el Estado (78 vuelta y 79). También tomó en cuenta la declaración de Venancio Cristino García de doce de abril de dos mil doce; a la que concedió el valor de indicio; y apunta que esas pruebas se concatenan con el informe de criminalística de fecha cinco de diciembre de dos mil doce; practicado por un perito criminalista respecto del inmueble ubicado en Avenida Insurgentes número diecinueve, con Boulevard Bahía; medio al cual le concede valor indicial, en términos de lo previsto en el artículo 254 del Código de Procedimientos Penales para el Estado (fojas 80-81). De igual manera recurre para ese efecto a la pericial en planimetría y valuación de veintitrés de mayo de dos mil trece, a cargo del perito oficial en criminalística y agrimensura respecto del inmueble ubicado en Avenida Insurgentes número diecinueve, esquina con Boulevard Bahía, en curva con la calle Isla Contoy, a la que le otorgó valor pleno de conformidad 247 en relación al 164 del ordenamiento legal en cita por haber sido por perito oficial (fojas 81-83). A lo anterior adminiculó la fe ministerial del lugar de los hechos de cuatro de diciembre de dos mil doce; Avenida Insurgente, con Avenida Boulevard Bahía, en curva con la calle Isla Contoy, al cual le concedió valor probatorio de conformidad a lo previsto en el numeral 245 del Código Procesal Penal en el Estado, por haberse practicado por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones. (fojas 83) Asimismo, consideró el indicio que se obtiene de la declaración a cargo de Enrique Cañizares Gamboa de trece de mayo de dos mil trece le otorga el valor de indicio, en términos del artículo 254 del Código de Procedimientos Penales para el Estado (fojas 83-85). Concluyendo que los indicios probatorios de cargo, los estima legalmente idóneos y jurídicamente conducentes, hasta ese momento procesal analizado, para tener por acreditado, tanto el cuerpo del delito imputado, así como la probable responsabilidad de la ahí inculpada, aquí quejosa María del Carmen Elías Mendoza, precisando que los medios regulares de prueba que gravitan en contra de la inculpada resultan eficaces y suficientes para arribar al sentido de la orden de aprehensión solicitada en su contra ya que del conjunto de datos probatorios existentes en el sumario relacionados y concatenados entre sí, mediante un enlace lógico y natural más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, cuyo valor ha quedado expuesto, para generar convicción y con ello integrar la prueba indiciaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 254 del código procesal en vigor en la entidad, estableciendo que la quejosa sirviéndose, a través de una empresa constructora ordenó cercar un predio ajeno, lo que se traduce en alterar los lindes que son del dominio privado del tercero, en este caso, sin el consentimiento de este, que las pruebas demostraron que ella tomó la determinación de cercar el predio, en virtud de que la serie de probanzas existentes, como las declaraciones testimoniales, documentales públicas y privadas, inspección ocular, pericial en planimetría, avalúo de daños, demostraron la acción de desplegada por la inculpada María del Carmen Elías Mendoza. Por lo que llegó a la convicción de que María del Carmen Elías Mendoza, es probablemente la persona que incurrió en la conducta antijurídica, dolosa y punible, que atentó contra el bien jurídico tutelado que es el patrimonio de las personas. En consecuencia se tuvo por acreditada la probable responsabilidad de la inculpada en la comisión del delito de despojo, sin que exista causa que excluya su responsabilidad, que su conducta resultó típica, antijurídica y punible por lo que encontrando satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 16, de la Constitución Federal, y los artículos 102,103, 104 y 105 del Código de Procedimientos Penales, determinó procedente obsequiar la orden de aprehensión solicitada en contra de la inculpada aquí quejosa María del Carmen Elías Mendoza, por el delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 158, fracción lll, en relación con los diversos 14, párrafo segundo, y 16 fraccion lll, todos del Código Penal vigente en el Estado (fojas 86-91 de la resolución). Por ende, es inconcuso que la responsable acató los lineamientos del fallo constitucional y al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el treinta de agosto de dos mil veintiuno. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación infórmese a las partes, que tienen un plazo de quince días para impugnar esta determinación, si así lo estiman pertinente, a través del recurso de inconformidad, previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Una vez que cause estado este proveído, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la legislación de la materia. Notifíquese personalmente.

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