Juan German Bulle Andrade
Expediente 567/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 567/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan German Bulle Andrade
- Juez de Partido de Primera Instancia En Materia Civil, de la Ciudad de León, Guanajuato
Actuaciones
- Principal
Se reanudan plazos y términos. Del estado de autos, y conforme a las circulares CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021 y SECNO/12/2021 de ocho, dieciséis y veintitrés de enero, así como seis, trece, y veinte de febrero de do mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó suspender los plazos y términos del periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del doce al dieciocho y del diecinueve al veinticinco, todos de enero de dos mil veintiuno, del veintiséis de enero al nueve de febrero, del diez al quince, del dieciséis al veintidós, todos de febrero del año en curso, así como del veintitrés de febrero al uno de marzo de la presente anualidad, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Conejo de la Judicatura Federal, en atención a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus. Posteriormente, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal emitió la circular SECNO/13/2021, de veintisiete de febrero pasado, que establece un breve régimen de transición para los órganos jurisdiccionales ubicados en los Circuitos Judiciales de Guerrero y Guanajuato, consistente en que los días dos y tres de marzo de dos mil veintiuno, será aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I a IV del Acuerdo General 13/2020, periodo durante el cual se suspenden plazos y términos. La referida circular SECNO/13/2021 estableció que a partir del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante el Acuerdo General 1/2021, con relación al periodo de vigencia; por tanto, lo procedente es reanudar los plazos y términos en el presente asunto. Tribunal Colegiado acepta competencia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir el presente cuaderno de antecedentes, toda vez que: Este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. Y en su oportunidad archívese este expediente.
- Principal
Tribunal Colegiado informa. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, e informa que previo a realizar pronunciamiento relativo a la competencia declinada por este órgano jurisdiccional realizó requerimiento a la autoridad responsable en los términos que ahí indica. Se tiene por recibida la información proporcionada por la superioridad de la que se toma el debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 19/10/2020, QUE REZA; I. Parte quejosa. ----------------------------. II. Autoridad responsable. Juez de Partido de primera Instancia en Materia Civil de la Ciudad de León, Estado de Guanajuato. III. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo y de los anexos que se acompañan a la misma, se advierte que en la presente instancia constitucional el quejoso reclama de la mencionada potestad, lo siguiente: El auto de uno de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil -------M, mediante el cual declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda instaurada por el aquí quejoso, ordenando devolver el documento base de la acción y el archivo del expediente como asunto concluido. IV. Incompetencia. Ahora, resulta necesario analizar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y preferentes. En ese sentido, al tratarse el acto reclamado de un auto que por su especial naturaleza y los efectos que produce constituye una resolución que pone fin al juicio de origen, se llega a la convicción que en contra de éste procede el juicio de amparo directo, en términos de lo establecido por el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales 34, 47, 48 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ello, pues el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean estos federales, del orden común o militares; b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y d). En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado; Asimismo, los numerales 34, 47, 48 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, en su orden, disponen (subrayado es propio): "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.) Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.) Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. (.) Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" Por su parte, el diverso 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone: "CAPITULO III DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SECCIÓN 2a. DE SUS ATRIBUCIONES ARTICULO 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y (.)" De los preceptos transcritos, se obtiene que cuando se reclaman actos de tribunales judiciales, administrativos y de trabajo, el juicio de amparo directo sólo procederá contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, según lo dispuesto el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Federal. Asimismo, el segundo párrafo del numerario 170, fracción I de la Ley de Amparo, define que por sentencias definitivas o laudos se entenderán aquéllas que decidan el juicio en lo principal y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y en su párrafo tercero dispone que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias, definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Por su parte, el numeral 34, primer párrafo, de la ley de la materia, establece que los Tribunales Colegiados de circuito son los competentes para conocer del juicio de amparo directo. Como se ve, la competencia atribuida a los Tribunales Colegiados de Circuito, en juicios de amparo directo, exige que se reclamen sentencias definitivas, lo que se entiende las que deciden el juicio en lo principal y en cuanto a la resolución que pone fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Así, en contra del acto reclamado por el quejoso en este asunto consistente en el auto de uno de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 98/2020 M, del índice del Juzgado Partido de Primera Instancia en Materia Civil de la Ciudad de León, Estado de Guanajuato, mediante el cual declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda instaurada por el aquí quejoso, ordenando devolver el documento base de la acción y el archivo del expediente como asunto concluido; de conformidad con los artículos 34, 47 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, procede el juicio de amparo directo, y no el indirecto, pues técnicamente constituye una resolución que pone fin a un juicio, para efectos de la procedencia del amparo directo; debido a que se da por terminado el juicio sin decir el fondo de la instancia, con independencia de los motivos que sostuvo al emitir dicha resolución. Apoya lo anterior, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J.97/2017 (10a.) sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, página 241, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad.". También, sirve de apoyo a las consideraciones, la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Octava Época, Página 32, Tesis: 50, con número de registro 394006, que a la letra dice (énfasis agregado): "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero, de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas." De igual manera, por identidad de razón es aplicable al caso la Tesis Aislada IX.2o.C.A.3 C (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, con registro 2018393, materia Común, Civil, página 2215, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA PRESENTADA EN LA VÍA ORAL MERCANTIL. CONTRA EL ACUERDO QUE LA DESECHA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. El segundo párrafo del artículo 1390 Bis del Código de Comercio establece que contra las determinaciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno (encuadrándose dentro de éstas los decretos, autos y resoluciones); de ahí que por disposición expresa de la ley, el acuerdo que desecha la demanda intentada en la vía oral mercantil, no admite recurso alguno y al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, en su contra procede el juicio de amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo." En tales condiciones, la competencia para conocer del juicio de amparo en el presento asunto corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito, y no a un Juez Federal, por carecer éste de competencia legal, por tanto, quien resuelve se encuentra imposibilitada para analizar la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, toda vez que el auto de uno de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 98/2020 M, del índice del Juzgado Partido de Primera Instancia en Materia Civil de la Ciudad de León, Estado de Guanajuato, puso fin al juicio de origen, con independencia de que proceda o no recurso ordinario contra esa determinación en términos del Código de Comercio, dado que dicha cuestión debe ser materia de análisis por parte del órgano colegiado que conozca del asunto. En consecuencia, con fundamento en los numerales 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47, 48 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado de Distrito, declara la legal incompetente para conocer de la demanda de amparo, por lo que procede su remisión al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato Capital; solicitándole de la manera más atenta y de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Amparo, que una vez que resuelva lo relativo a la presente incompetencia, lo haga del conocimiento de esta autoridad. V. Se ordena formar cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuadernillo de incompetencia respectivo, para debida constancia legal, ordenándose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. VII. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en ------------------------------- de esta ciudad, y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Victoria Eugenia López Jiménez, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos de la parte final del citado numeral a Manuel Belmonte Salceda, limitación que subsistirá hasta en tanto acredite contar con el citado registro, y en los mismos términos al pasante de derecho que refiere. VIII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Asimismo, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. X. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
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