Juan Gerardo Ramos Castañeda

Expediente 463/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
463/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
31/10/2017

Partes del expediente

  • Juan Gerardo Ramos Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por Juan Gerardo Ramos Castañeda y anexo, mediante el cual hace diversas manifestaciones respecto al auto de veinte de octubre del año en curso; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por auto de veintisiete de octubre del año en curso, se desechó la demanda en el presente asunto, en virtud de que la información fue solicitada al Juez Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, quien dio cumplimiento el veintiséis de octubre del actual. Notifíquese.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinte de octubre de dos mil diecisiete, remite copia certificada de las constancias relativas a la calidad con que cuenta el promovente del amparo Juan Gerardo Ramos Castañeda, en relación con el quejoso Fidel Sánchez López. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número de juicio de amparo 463/2017-I-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional, que en su orden señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada [.]". Los dos últimos numerales transcritos, establecen que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien el acto o la ley que se reclame le ocasiona un agravio personal y directo, pues es lo que le otorga legitimación para promover la instancia constitucional, cuya promoción puede hacerse por sí o a través de su representante y, por medio del defensor cuando el acto corresponda a una causa penal. Asimismo, debe señalarse que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, que tiene por objeto salvaguardar los derechos humanos de los individuos, conforme a los artículos 1°, 103, 107 y 29 Constitucionales y 1° de la Ley de Amparo. En el particular, Juan Gerardo Ramos Castañeda, aduce que promueve la demanda de amparo en representación del quejoso Fidencio Sánchez López, personalidad que afirma tener reconocida en los autos del juicio 331/2017-D, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad (procedimiento del cual deriva el acto reclamado); sin embargo, de las constancias que remitió dicha autoridad, se desprende que el promovente es abogado patrono del quejoso; esto es, autorizado en términos del artículo 46 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, el cual establece que los abogados patronos y procuradores, podrán realizar todos los actos procesales que correspondan a la parte que los designe, con excepción de los actos que conforme a la ley, estén reservados personalmente a los interesados, dentro de los cuales se encuentra el de promover el juicio de amparo. Ello es así, porque el mencionado numeral 46 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, debe interpretarse en el sentido de que se circunscribe a las actuaciones que tengan lugar únicamente en primera y segunda instancia, ya que fuera de esos hipótesis cesan sus efectos, como en el caso que nos ocupa, pues el juicio de amparo debe promoverse por quien dice ser titular de un derecho controvertido, es decir, a solicitud de la parte agraviada, por lo que los actos vinculados directamente con la pretensión inicial, son exigibles por el titular del derecho de acción o de su representante legal o apoderado. Esto implica, que la petición en la demanda debe provenir de quien figure como quejoso, al ser el éste, el titular de la acción, y el único legitimado para manifestar que actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus derechos humanos conforme al principio de parte agraviada, principio que rige el juicio de amparo, acorde con los numerales antes transcritos. En ese tenor, y dado que quien promovió el juicio de amparo como ya se precisó, no se encuentra el alguna de las excepciones previstas en el artículo 6° de la Ley de Amparo, pues únicamente es autorizado en primera instancia, conforme al artículo 46 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, se concluye en atención a los razonamientos expuestos en párrafos precedentes, que carece de personalidad para acudir a esta instancia constitucional. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia XXIII. J/2 (10ª.), emitida por los Tribunales Colegiados del Vigésimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 31, tomo IV, junio de 2016, página 2471, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ABOGADO PATRONO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE SU PATROCINADO SI NO CUENTA EXPRESAMENTE CON LA AMPLIACIÓN DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDAN, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS). De los artículos 71 y 72 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, se advierte que el abogado patrono no puede llevar a cabo los actos que impliquen disposición del derecho de litigio, los enumerados en el artículo 2540 del Código Civil de dicha entidad (actualmente abrogado), ni los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados, a menos que el que haga la designación amplíe las facultades propias del cargo, para lo cual se requiere un escrito dirigido al Juez en el que se fijen las atribuciones, que será admitido sin necesidad de ratificación, o bien otorgar el poder apud-acta en el expediente respectivo. De lo anterior se sigue que la sola designación como abogado patrono conferida en los términos del citado numeral, es insuficiente para que aquél esté facultado para promover el juicio de amparo a nombre de su autorizante, pues conforme al nuevo modelo constitucional y legal que surgieron con motivo de las reformas constitucionales del 6 de junio de 2011, la acción de amparo implica no sólo la disposición de un derecho litigioso, sino también un derecho personalísimo del quejoso, al ser el único que puede decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus derechos humanos, lo cual es acorde con el principio de instancia de parte agraviada, previsto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo. En consecuencia, la demanda de amparo debe provenir directamente de quien figura como quejoso o su representante legal o apoderado, calidad que no se surte respecto del abogado patrono designado en términos de los invocados artículos 71 y 72 del referido código. TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO." En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Por otra parte, dígasele a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, veinte de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por Juan Gerardo Ramos Castañeda; en atención a lo que manifiesta y a fin de proveer respecto a la admisión de la demanda de amparo promovida en favor de Fidel Sánchez López, requiérase al Juez Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, remita copia certificada de las constancias con las que se acredite la personalidad que ostenta el licenciado Juan Gerardo Ramos Catañeda, misma que dice tener reconocida en el juicio 331/2017 de su índice, o en su caso, manifieste el impedimento legal que le asiste para ello; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en el artículo 237 fracción I de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I.11º.C.27 K, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia(s): Común, página: 1807, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. CORRESPONDE AL QUEJOSO LA CARGA DE INFORMAR, DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO, QUE NO SE LE HAN EXPEDIDO LAS COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A FIN DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO PROVEA LO CONDUCENTE PARA LOGRAR LA EXPEDICIÓN DE DICHAS CONSTANCIAS PARA ACREDITARLA Y NO DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN. Conforme al artículo 13 de la Ley de Amparo, la personalidad del quejoso podrá ser admitida, cuando la tenga reconocida ante la autoridad responsable; pero, dicha circunstancia en términos del diverso artículo 4o. del mismo ordenamiento legal citado, debe acreditarse al momento de promover la demanda de garantías; además, de que así lo sustentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 43/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 48, con rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.". Ahora bien, en el caso de que el quejoso al promover su demanda de garantías manifieste ante el Juez de Distrito que no cuenta con las constancias necesarias para acreditar su personalidad en términos del citado artículo 13, en virtud de que solicitó copias certificadas ante la autoridad responsable de esas constancias, acreditándolo con el acuse respectivo; y, por ello, el juzgador previene al quejoso, con apoyo en el diverso artículo 149 de la propia ley, para que en el término de tres días acredite su personalidad, se concluye, que corresponde al quejoso la carga de informar, dentro del término concedido (incluso en el último día), que no se le han expedido las copias certificadas a fin de que el Juez de Distrito provea lo conducente para lograr la expedición de dichas constancias; y, así no declarar el incumplimiento a la prevención realizada." Notifíquese.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, cinco de octubre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **** quien se ostenta como representante de **********, contra actos de la siguiente autoridad: 1.- Juez Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de esta ciudad de Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 463/2017-I-B. PREVENCIÓN Con fundamento en los artículos 108 fracción I, 114 fracción III, 110 y 112 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente Juan Gerardo Ramos Castañeda, quien se ostenta como representante de Fidel Sánchez López, para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con el número de copias para cada una de las partes, realice lo siguiente: a).-De conformidad con los artículos 10 y 11 del citado ordenamiento, con las constancias respectivas acredite la personalidad con la que se ostenta. Ello, toda vez que no basta la simple manifestación del promovente de tener reconocido el carácter con el que se ostenta en el juicio de origen, sino que tal hecho debe acreditarse en esta instancia constitucional con los documentos respectivos, y la documental que exhibe en copia simple es insuficiente para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: P./J. 23/2009, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Materia(s): Común, página: 7, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." [El énfasis es propio] APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y por autorizados en los términos que indica a las personas mencionadas en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

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