Juan Gerardo González Valles
Expediente 2160/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2160/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan Gerardo González Valles
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos vulnerados en términos de la sentencia dictada en el presente PARTE NOTIFICACIÓN DE AUTO FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA NOTIFICACIÓN PLAZO DE TRES DÍAS DÍAS INHÁBILES QUEJOSO. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2023 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2023 juicio; lo anterior en atención a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. ANTECEDENTE EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO. El dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo a Juana de Dios Cerino, contra actos atribuidos a la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas del Centro de Procuración de Justicia de Jalpa, de Tabasco, para el efecto siguiente: "Expida a su favor copia de la carpeta de investigación CI- JDM-56/2022, pues solo así se le podrá restituir en el pleno goce y disfrute del derecho humano vulnerado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Acuerde el escrito de cinco de junio de dos mil veintidós, presentado por la quejosa dentro de la carpeta de investigación CI-JDM-56/2022 de su índice y notifique la determinación recaída dentro del plazo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales." La sentencia dictada en el presente juicio, causó ejecutoria el catorce de febrero de dos mil veintitrés. ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO. La Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas del Centro de Procuración de Justicia de Jalpa de Méndez, remitió el oficio UTM-1976/2023 de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, relativo a la carpeta de investigación CI-JDM-56/2022 de su índice, del que se desprende que se le entregaron las copias fotostáticas de dicha carpeta a la aquí quejosa. Posteriormente, la mencionada Fiscal, mediante oficio UTM- 2133/2023 de uno de septiembre de dos mil veintitrés, remitió copia certificada de diversas constancias que de las que se advierte que mediante oficio UTM-659/2022 de siete de abril de dos mil veintidós, la autoridad responsable se pronunció respecto al escrito de cinco de abril de dos mil veintidós, presentado por la quejosa dentro de la citada carpeta. Finalmente, dicha autoridad mediante oficio UTM-2305/2023 de diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del oficio UTM-2304/2023 de catorce de septiembre de dos mil veintitrés, lo anterior relativo a la carpeta de investigación CI-JDM-56/2022 de su índice, de la que se advierte que se le notificó a la parte quejosa el contenido de la diversa misiva UTM-659/2022 de siete de abril de dos mil veintidós, en la que se proveyó su escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós. Dichas constancias tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral, al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. ANÁLISIS EVALUATIVO Así, del análisis de la constancia remitida por la responsable, se advierte que en el caso la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en razón a que la autoridad responsable realizó lo siguiente: Expidió a la quejosa copia de la carpeta de investigación CI-JDM-56/2022, Acordó el escrito de cinco de abril de dos mil veintidós, presentado por la quejosa dentro de la carpeta de investigación CI-JDM-56/2022 de su índice y lo notificó. Sin que dicha determinación implique decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." ANOTACIONES Por otra parte, de autos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado en sesión plenaria de diez de mayo de dos mil veintitrés y publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio siguiente, se ordena: 1.- CONSERVABLE el expediente principal ya que se actualiza la hipótesis del numérico 17, fracción III, inciso a) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez transcurra los tres años a partir de la presente data, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 y 29, segundo párrafo del citado acuerdo. En ese orden de ideas, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del expediente en que se actúa, para que a la brevedad integre al expediente electrónico que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por la Jueza de Distrito adscrita al Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, y actuario judicial adscrito, mediante los cuales rinden su informe justificado y al efecto remiten, en lo que interesa, copia certificada del proveído del auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, así como la cedula de emplazamiento de diez de noviembre del presente año, realizada a la parte demandada Transportes Laurita, Sociedad Anónima de Capital Variable, dentro del procedimiento ordinario laboral 264/2023, antes 743/2022. Documentales que se agregan para que obren como corresponda y que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, párrafo segundo, en razón de tratarse de documento público expedido por funcionario en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, del análisis de las constancias que remitieron como apoyo a su informe justificado, este órgano federal advierte que en el caso, se actualiza una causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que entre otras cosas, establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En efecto, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora, en el caso, el acto reclamado por el quejoso consiste en la omisión del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, y actuario judicial adscrito, de emplazar a la parte demandada, dentro del procedimiento ordinario laboral 264/2023, antes 743/2022. De ahí que, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que de acuerdo al análisis realizado a las constancias que en esta data se proveen, se advierte que el diez de noviembre de dos mil veintitrés, realizaron el emplazamiento a la parte demandada en el juicio laboral de origen, concediéndole el termino de quince días hábiles para que diera contestación a la demanda instaurada en su contra, así como ofrecieran las pruebas que consideren pertinente y de ser el caso reconvenga. Es decir, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (seis de octubre de dos mil veintitrés), el referido acto reclamado existía, pero durante el transcurso del procedimiento del presente juicio, éste dejó de surtir sus efectos, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo antes expuesto, se puede concluir que la inactividad procesal ha cesado, tomando en consideración que el tribunal responsable emplazó a la parte demandada dentro del procedimiento ordinario laboral de origen; por tanto, el acto reclamado cesó en sus efectos; y, por ende, de conformidad con la fracción V del artículo 65 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la citada ley; por lo que, resulta procedente sobreseer el presente juicio de amparo. No pasa desapercibido que la audiencia constitucional esté señalada para las diez horas con cuarenta y nueve minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, ya que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia, así como las diligencias pendientes por desahogar en el presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Notifíquese personalmente.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a las autoridades responsables Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en Villahermosa, Tabasco y actuario adscrito, para que rindan informe justificado. Por tanto, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional decretada para este día, por lo que se difiere, y; de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, para su celebración se fijan las diez horas con cuarenta y nueve minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; once de octubre de dos mil veintitrés. Admisión. De conformidad con los artículos 6°, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2°, 5°, fracción I, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo promovida por Juan Gerardo González Valles, por propio derecho, contra actos del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en Villahermosa, Tabasco y actuario adscrito. Observación en cuanto a la denominación de la autoridad responsable. Ahora, del análisis integral al escrito de demanda se advierte que el promovente señala como autoridad responsable al Tribunal Laboral Federal de asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad; sin embargo, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como hecho notorio que en diversos juicios de amparo de la estadística de este juzgado, al rendir su informe justificado, la autoridad en mención ha informado que dicho tribunal no tiene el carácter de órgano colegiado, ya que está compuesto de seis jueces de distrito, los cuales son independientes entre sí; aunado a que, el articulo 3 Ter, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, precisa que la expresión "Tribunal", se entenderá hecha al juez laboral. Por esos motivos, a fin de evitar mayores dilaciones, téngase como autoridad responsable al Juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa. En esa tesitura, instrúyase a la Oficial Judicial "A", para que realice la anotación correspondiente, en relación a la denominación correcta de la autoridad de mérito. Aspectos Generales. - Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 2160/2023-IX-2. - Genérese el expediente electrónico, así como el impreso únicamente para agregar los documentos que se exhiban de manera física. - Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 128 de la Ley de Amparo. - Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete. - Se señalan las diez horas con nueve minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimientos a la(s) autoridad(es) responsable(s). - Que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rindan su informe justificado, respecto del acto reclamado. - Mismos que deberán rendir y remitir a este Juzgado de Distrito de manera electrónica, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dentro del término de quince días que será contado a partir de que reciban el oficio relativo a este acuerdo. - Asimismo deberán acompañar de manera digitalizada las copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. - Se hace saber a la responsable, que el informe justificado deberá contener firma electrónica y; solo para el caso de que no se cuente con la misma o bien, exista imposibilidad para remitir el informe y las constancias de manera electrónica, podrán hacerlo físicamente. Apercibimiento a la(s) autoridad(es) responsable(s). En caso de incumplimiento, se hará acreedor a lo siguiente: Multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Requerimiento a todas las partes 1. Comuniquen si la parte quejosa ha promovido algún otro juicio de amparo que se relacione con el acto aquí reclamado, debiendo informar ante qué juzgado de distrito fue promovida y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. 2. Informen oportunamente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualice una causa de improcedencia. En caso de incumplimiento, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) , de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con el artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Así también, téngase por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona expresamente, en razón de la materia y por ser la parte trabajadora. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas que refiere la parte quejosa, consistente en: No. Relación de prueba 1 Presuncional legal y humana Sin perjuicio de su valoración dentro de la audiencia constitucional. Ahora, por cuanto hace a la instrumental pública de actuaciones consistente en el acuerdo de seis de junio del presente año, el cual se encuentra en el expediente laboral de origen, resérvese a proveer lo conducente hasta en tanto obre en autos el mismo. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se expone lo anterior, a efecto de que las partes proporcionen a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización de la consulta del expediente electrónico, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además deberán solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Inexistencia de autoridad Hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial recabará la constancia de recibo correspondiente, lo que asentará en la razón actuarial. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se autoriza a los secretarios y actuarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento.
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