Juan Gerardo Flores López
Expediente 946/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 946/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan Gerardo Flores López
Actuaciones
- Principal
mesa 6*** Ciudad de México, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. -CAUSA ESTADO- Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término .... para interponer el recurso de queja contra el proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, ...., se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. ... -ARCHIVO- ... archívese el presente expediente como totalmente concluido. ...., se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. .... Notifíquese
- Principal
MESA "6" En la Ciudad de México, seis de octubre de dos mil veintidós. -RADICACIÓN- Vista la certificación que antecede y con el oficio 22670/2022, de la estadística de este órgano de control constitucional, al que adjunta escrito de ampliación de demanda promovida por --------------------------, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número 946/2022-6 y fórmese el expediente electrónico e impreso. En ese tenor, del análisis integral del ocurso de ampliación de demanda que se provee1, se advierte que el peticionario de derechos fundamentales se duele de los siguientes actos jurídicos: ? La citación para comparecer a audiencia inicial fijada para las once horas con cincuenta y tres minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintidós ante el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en los autos de la causa penal 122/2022. ? La judicialización de la carpeta de investigación incoada en su contra. Improcedencia del juicio de amparo En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México está obligado a analizar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo y, de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, desechar de plano la demanda. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cabe precisar que la causa manifiesta, se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda o de las constancias que obren en autos. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. Ahora bien, analizada que ha sido la demanda de amparo, este órgano de control constitucional advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desecharla de plano de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas en consideración a que el quejoso se duele de la citación para comparecer a audiencia inicial fijada para las once horas con cincuenta y tres minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintidós emitida por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en los autos de la causa penal 122/2022; se considera, que se actualiza la causal prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la ley de la materia, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.]" De la anterior transcripción se advierte que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos emitidos fuera de juicio, por lo que interpretando a contrario sentido, la improcedencia se actualiza cuando aún y siendo un acto fuera de juicio ello no se traduce en un acto de imposible reparación. Para corroborar lo antes expuesto, es importante asentar que la etapa con la que inicia el nuevo sistema de justicia penal es la denominada de investigación, la cual tiene como finalidad que el Ministerio Público, la policía De la anterior trascripción se tiene que la etapa investigación posee dos fases, a saber: Investigación inicial. En esta fase los investigadores recaban los datos de prueba necesarios para la formulación de la imputación, o si existe una persona detenida, los elementos necesarios para sustentar la legalidad de la detención, en esta etapa aún no se hace del conocimiento del juez la investigación, por eso se le conoce como investigación no judicializada que se sigue por la comisión de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que un sujeto haya participado en su comisión. Investigación Complementaria: Esta fase también es conocida como investigación judicializada, pues a partir de este momento el juez y el imputado conocen de la investigación, con ello, se inician las demás actuaciones procesales tales como la solicitud de la vinculación a proceso, la aplicación de medidas cautelares y el establecimiento de un plazo para culminar o cerrar la investigación. Ahora, el numeral 141 del citado ordenamiento legal establece lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y [énfasis añadido] III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." En ese sentido, de un estudio sistemático de las fracciones I y II del numeral previamente citado, se advierte que la citación de una persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del quejoso, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, esto es así, toda vez que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra. Sin que pase desapercibido a lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, a estar condicionado a que no asista sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal de quejoso. Establecido lo anterior, se advierte que la orden de citación, no incide en la libertad personal del quejoso, pues de acuerdo a la etapa procesal esta tiene por objeto formalizar la investigación que podría seguirse en su contra, y será hasta que se resuelva en audiencia lo que en su caso, pueda generar perjuicio al quejoso, susceptible de ser impugnado en la vía conducente. Por lo antes expuesto, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda que dio origen al presente asunto por actualizarse de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia previstas en las fracciones XVI y XXIII del artículo 61, en relación (la segunda de las mencionadas) con los numerales 107 fracción IV, y 113 todos del ordenamiento legal invocado. Por otra parte, por lo que respecta al acto consistente en: ? La judicialización de la carpeta de investigación incoada en su contra. El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo prevé que es posible sostener la improcedencia cuando resulte de alguna disposición de la Constitución o de la mencionada ley; caso en el que deberán expresarse los fundamentos y motivos conforme a los cuales se sostiene la improcedencia del amparo en los términos precisados. En cambio, conforme a la norma legal transcrita en segundo término, el juicio de amparo procede contra actos, omisiones o resoluciones que provengan de un procedimiento administrativo en forma de juicio que tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Debiéndose entender por tales, aquellos que producen ejecuciones reparables los actos dentro del procedimiento administrativo, sólo cuando afecten materialmente derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado Mexicano sea parte -sin que queden comprendidos en ese supuesto aquellos actos, omisiones o resoluciones que sólo afecten derechos adjetivos o procesales- adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Asimismo, dicha sala precisó que los actos deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Aunado a lo anterior, estableció que, de acuerdo con lo sustentado por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, a saber: I. Se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. II. Los derechos fundamentales materialmente revistan la categoría de sustantivos y no formales o adjetivos (en los que la afectación no es actual, sino depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). En consecuencia, el criterio general que impera es que el juicio de amparo que se promueve contra actos que no tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación debe sobreseerse, pues tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En ese contexto, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que anteriormente, por virtud de criterios jurisprudenciales, se establecía la procedencia excepcional del amparo indirecto contra algunas violaciones procesales que afectaran a la parte quejosa en grado predominante o superior, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva que no lesionara derechos sustantivos. Sin embargo, la actual Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción III, inciso b), precisa cuáles son los actos de imposible reparación, al establecer que por los mismos son aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". En tales condiciones, puede afirmarse que con esa aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos"; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable los criterios de interpretación, en los cuales eran admitidos actos vía amparo indirecto, aun cuando afectaran a las partes "en grado predominante o superior". Concepción que en la actualidad resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Bajo ese tamiz, se pone de relieve que el acto reclamado consistente en la judicialización de la carpeta de investigación incoada en su contra, no se traduce en un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, ya que no impide en forma actual el ejercicio de un derecho ni afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa de forma directa e inminente, pues dicho acto es de carácter intraprocesal. Sin que en modo alguno produzca una afectación de naturaleza sustantiva, esto es, los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo antes expuesto, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo antes invocado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por -------------------------------------------, por actualizarse de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista e en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 107 fracción III, inciso b) (en sentido contrario) IV, y 113 todos del ordenamiento legal invocado. -DOMICILIO DEL QUEJOSO Y AUTORIZADOS - En consecuencia, vista la certificación que antecede, y en aras de una pronta impartición de justicia y a efecto de dar cumplimiento al principio de celeridad procesal contenido en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena tener a la vista las actuaciones del juicio de amparo 336/20226, por lo que respecta al lugar para oír y recibir notificaciones del impetrante. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo ---------------------------. -USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS- Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. -TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES- Conforme a los lineamientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo se publique esta información. Notifíquese.
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